El colectivo ha realizado este martes un llamamiento a las organizaciones, colectivos y ciudadanos de Castilla-La Mancha para que se sumen tanto a la huelga como a las movilizaciones que se convoquen en la región con motivo de esta jornada.
La Plataforma considera que el acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho que debe ser garantizado por las administraciones y reclama que estas actúen frente a los efectos de la especulación y la falta de oferta asequible. En este sentido, sostiene que deben impulsarse medidas como el desarrollo de un parque público de vivienda, el alquiler asequible y alternativas habitacionales para las familias afectadas por procesos de desahucio.
Entre sus principales reivindicaciones figura el establecimiento de medidas para frenar la especulación inmobiliaria y reforzar la seguridad de los contratos de alquiler. También reclama que se detengan los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional.
Más vivienda pública y alquiler social
La Plataforma reclama además políticas activas para incrementar la disponibilidad de vivienda pública y vivienda de alquiler social, bajo gestión pública y con precios asequibles.
El colectivo ha defendido asimismo la legalidad de la convocatoria de huelga y el reconocimiento del derecho a la huelga en movilizaciones vinculadas a reivindicaciones políticas, económicas y sociales, más allá de los conflictos estrictamente laborales.
En este contexto, ha reivindicado el papel de los sindicatos de inquilinas, a los que atribuye un papel central en la denuncia y seguimiento de los problemas de acceso a la vivienda. Según la Plataforma, estas organizaciones llevan años acompañando a familias afectadas por desahucios y trasladando la problemática de la vivienda al ámbito de las reivindicaciones de la clase trabajadora.
Críticas a la política de vivienda de la Junta
La Plataforma ha dirigido también sus críticas a la Junta de Castilla-La Mancha. En concreto, considera que el Ejecutivo autonómico no ha desarrollado una política legislativa suficiente para regular el mercado del alquiler y reprocha que hasta ahora no se haya declarado ninguna zona de mercado residencial tensionado en la región.
A su juicio, varios municipios castellanomanchegos ya reunirían los indicadores necesarios para adoptar esta figura, contemplada en la legislación estatal de vivienda.
El colectivo sostiene que la respuesta de la Junta ante la crisis habitacional se ha centrado principalmente en la construcción de vivienda nueva y la reclasificación de suelo, frente a otras actuaciones como la adquisición de viviendas existentes o el recurso al derecho de tanteo y retracto.
En este sentido, cuestiona la Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, al considerar que supone "un nuevo parche" que prioriza la construcción y la reclasificación de terrenos frente a instrumentos que, a su juicio, permitirían actuar de forma más rápida sobre el parque residencial ya existente.
Por último, la Plataforma ha denunciado que la Administración autonómica no garantiza actualmente una alternativa habitacional a las familias vulnerables que son desahuciadas. Según el colectivo, la responsabilidad se encuentra fragmentada entre las distintas consejerías y los ayuntamientos, sin un protocolo de coordinación claro entre ambas administraciones.
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