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Un magistrado de Londres dicta sentencia sobre el juicio pendiente del Aeropuerto de Ciudad Real
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Un magistrado de Londres dicta sentencia sobre el juicio pendiente del Aeropuerto de Ciudad Real

miércoles 30 de octubre de 2019, 11:03h
La justicia británica ha sido la encargada de mediar en el conflicto entre el actual propietario del polémico aeropuerto de Ciudad Real y el fondo de inversión inglés Roundshield que se ofreció a financiar la operación de compra de la infraestructura. Roundshield reclamó judicialmente a Rafael Gómez Arribas, dueño del aeropuerto de Ciudad Real, el pago de más de medio millón de euros en concepto de los gastos derivados del análisis de riesgos de la fallida operación de financiación.
En concreto, los gastos a los que hace referencia el fondo británico se refieren a 178.610 euros de minuta del despacho de abogados estadounidense Sidley, 330.361 euros adeudados al bufete Uría Menéndez, 17.424 y 37.500 euros a las consultoras inmobiliarias Savills y Aura en concepto de valoración de una propiedad de Ibiza del empresario que debía servir de garantía de la operación de préstamo, así como de la tasación del propio aeropuerto de Ciudad Real. A estos gastos Roundshield añade 33.556 euros que la firma internacional de servicios legales Ogier cobró por ayudar a establecer un holding en Luxemburgo, lugar desde el que se iba a realizar la adquisición, así como el gasto más llamativo: 7.410 euros que el fondo de inversión gastó en una investigación exhaustiva de carácter profesional y personal de Gómez Arribas, y cuyo pago también se le requiere al empresario.

Esta investigación habría dado lugar, según se deja entrever en las declaraciones del pleito, a un detallado informe sobre el propietario del aeropuerto, así como de su familia y las deudas de 16,3 millones del imperio empresarial de de Gómez Arribas mantiene con Hacienda. Quizás esto último habría sido uno de los detonantes para el fin de las negociaciones con Roundshield para la financiación de la compra del aeropuerto, que en un primer momento se comprometió a prestar al empresario 70 millones de euros.

Tras el fracaso del acuerdo, Gómez Arribas consiguió la liquidez necesaria para la operación (concretamente 86,7 millones) de una indemnización pagada en el último momento por el gobierno de Baleares por un fracasado negocio inmobiliario en las islas.

También hay que tener en cuenta que ambas partes, empresario y fondo de inversión, establecieron un acuerdo inicial por el que Gómez Arribas debería compensar a Roundshield por los gastos de análisis de la operación, siempre y cuando estos fueran aprobados por ambas partes. Además, como pago inicial Arribas adelantó 50.000 euros al fondo para cubrir estas minutas.

Finalmente el juez Martin Griffiths, titular de la Corte mercantil de Londres, ha desestimado gran parte de las reclamaciones del fondo de inversión Roundshield, de tal forma que exime a Gómez Arribas del pago de los gastos facturados por Kroll, Savills, Aura y Sidley ya que considera probado que el empresario español no los aprobó tácitamente, como exigía el protocolo que amparaba las negociaciones con Roundshield.

El juez sí obliga a Rafael Gómez Arribas a correr con los gastos del bufete Uría Menéndez y con los de la consultoría legal luxemburguesa, pero matiza que las minutas de ambos están infladas y rebaja a 80.000 euros la factura del despacho de abogados español y a 6.000 euros la de Ogier.
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