Castilla-la Mancha sí llegó a acuerdos de reformas estructurales en la Comunidad Autónoma en su Plan de Ajuste que tuvo que presentar ante el Ministerio por el incumplimiento del objetivo del déficit de 2015.
Esas reformas estructurales, en principio no comportan recortes de servicios, pero sí obligan a la Comunidad Autónoma a agilizar y dinamizar todas aquellas cuestiones relacionadas con la creación de empresas, liberalización comercial, modernización agraria, impulso al sector agroalimentario y la elaboración de un plan estratégico sobre políticas activas de empleo. También que se puedan llevar a cabo determinadas actividades ahora prohibidas en la red Natura 2000 y la limitación de las remuneraciones a los directivos de empresas públicas.
El plan si contempla el compromiso de Castilla-La Mancha de no aprobar una cartera complementaria de servicios sanitarios y permite el acceso al Ministerio de Hacienda a toda la información del Gobierno Regional, que el Gobierno central considere necesaria. Además, el Gobierno Regional, como ya anticipamos hace semanas, se comprometió a reducir 25 millones de euros en subvenciones e inversiones, en la medida que no se llevase a cabo el ajuste fiscal derivado del incumplimiento del déficit de 2015
Durante estos días ha existido una polémica política entre el gobierno y la oposición en torno a si existió un documento de compromiso de reformas estructurales y el alcance de su contenido. clm21.es ha accedido al documento, que se presenta como anexo
Los compromisos de la Comunidad Autónoma para poder acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica que le permiten financiarse sin tener que acudir a los mercados de deuda, contemplan 30 reformas estructurales a llevar a cabo por el gobierno de Castilla-la Mancha y 11 obligaciones adicionales.
Esos compromisos adquiridos por el Gobierno regional son consecuencia del incumplimiento del déficit por Castilla-La Mancha en 2015. Ello obligó al gobierno regional a presentar una serie de propuestas para garantizarse la financiación a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que le permite recibir fondos a crédito desde el gobierno central sin necesidad de acudir a los mercados, donde tendría muy difícil obtener financiación y lo haría en condiciones menos ventajosas, además de que para cualquier emisión de deuda necesitaría de la aprobación del Gobierno Central
Las reformas estructurales y los compromisos adicionales figuran en un documento del Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas, fechado en mayo de este año.
Además en el documento se contempla medidas de condicionalidad fiscal que llevan aparejado que la Comunidad dejará de gastar 25 millones de euros durante este año en subvenciones e inversiones en la medida que no se produzca la corrección de la desviación del objetivo fiscal del pasado año, como ya informó clm21.es, y una corrección en las políticas de ingresos y gastos. También se recoge avanzar en el proceso de reordenación del sector público autonómico, la reducción del periodo medio de pago a proveedores
Las medidas de reformas estructurales afectan a tres departamentos: Economía y Empleo, Agricultura y Fomento. La mayor parte de las mismas están orientadas a la reducción de las trabas y cargas administrativas a la creación y gestión empresarial y comercial, la elaboración de un plan estratégico de políticas activas de empleo y la flexibilización de horarios comerciales. En el sector agrario se recogen el impulso a la formación profesional, la incorporación de jóvenes a las explotaciones agrarias, jubilación anticipada, modernización de las explotaciones, aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales. También la redacción de los planes de gestión de los espacios incluidos en la red Natura 2000, que vendrán a facilitar actividades que ahora no están permitidas. Por último en agricultura, se contempla medidas de reforma para ayudar a la creación de agrupaciones de pñroductores agroalimentarios y la modificación de la ley de calidad agroalimentaria.
Las reformas estructurales en fomento afectan a la reducción de cargas administrativas y agilización de trámites en las ventas de viviendas protegidas, la adopción del precio como criterio principal en la adjudicación de líneas de transporte de viajeros, la reordenación de la explotación de las líneas de forma conjunta con el transporte escolar.
La carga social viene fundamentalmente en los compromisos adicionales a estas reformas estructurales. Una radica en estar adherida al acuerdo marco y sistemas de adquisición centralizada del Ministerio de Sanidad. Otra en seguir el marco de sostenibilidad del sistema de salud y la tercera, el no acordar una cartera complementarias de servicios sanitarios sin aprobación previa del Ministerio de Hacienda. Castilla-La Mancha tiene el compromiso de cumplir estos tres requisitos.
El resto de los compromisos se refieren fundamentalmente a la relación entre la Comunidad y el Ministerio de Hacienda y tienen como misión facilitar al Ministerio el control de determinada información económico-financiera de la Región. Así, en el texto se señala literalmente que “La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se compromete a permitir el acceso y remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, así como cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores”.
Y otro de los compromisos es “limitar los salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección de las empresas de su sector público, reducir el número de consejeros de los Consejos de Administración de las mismas y regular las clausulas indemnizatorias de acuerdo con la reforma laboral en proceso, todo ello de forma análoga a lo establecido en el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades para la Administración general del estado”
Desde mayo ha existido un debate político entre el Gobierno y el Partido Popular en torno a la existencia o no del plan de ajuste y si este suponía recortes. Clm21.es, recogió el 6 de abril las declaraciones del portavoz del ejecutivo Nacho Hernando en las que negaba que el ejecutivo tuviese previsto elaborar ese plan de ajuste, a pesar de que había sido reclamado por el Ministerio de Hacienda, Por otro lado, el consejero de Hacienda, Ruíz Molina, si confirmó meses atrás el acuerdo de no disponibilidad de 25 millones de euros.
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