Las alegrías en el gasto del Gobierno regional durante el ultimo trimestre del pasado año pueden costarle a nuestra Comunidad 75,5 millones de euros de sanción por el incumplimiento del objetivo de déficit de 2015. En la Comisión Europea crece con fuerza la opinión de aplicar a España y Portugal las sanciones previstas en la normativa por el incumplimiento de los límites de endeudamiento fijados para nuestro país.
Nuestro país cerró 2015 con un déficit de 5,1% del PIB, nueve décimas por encima de lo exigido por Bruselas. La mitad de la desviación fue achacable a las Comunidades Autónomas que dispararon su déficit al 1,66% de media cuando el límite estaba establecido en el 0,7. En el caso de Castilla-La Mancha el déficit se disparó al 1,67 % del PIB regional, cuando a finales de septiembre estaba controlado en el 0,72%.
La sanción que baraja Bruselas es la misma que figura en nuestra normativa y equivale al 0,2 % del PIB del tetrritorio incumplidor. En el caso de nuestro país, la penalización a pagar sería de 2.000 millones de euros. El Gobierno central ha desplegado toda su diplomacia en Bruselas y los países de la Unión para tratar de evitar la sanción, algo que según pasa el tiempo parece más improbable. De hecho los comisarios europeos son partidarios de adoptar una medida ejemplar para evitar mas desviaciones de la ortodoxia del equilibrio presupuestario y de la limitación de endeudamiento. El procedimiento se abrirá en el momento en el que la Comisión remita al Consejo su propuesta. Este órgano representativo de todos los países de la Unión tendrá un plazo de 20 días para recomendar a la Comisión que sancione a nuestro país. El Consejo deberá decidir en diez días si sanciona o no.
Conscientes de que la tesis de multar a España y Portugal va tomando fuerza, el Gobierno central trata de convencer a los socios europeos de la negativa repercusión que tendría en las cuentas españolas y en la opinión publica de nuestro país. Además el ejecutivo es consciente del impacto que podría tener en la campaña electoral. Es precisamente este proceso el que hace a nuestro Gobierno tener mas aliados entre el núcleo duro de la Unión.
En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda está decidido a transferir a las administraciones incumplidoras su cuota parte. En el caso de Castilla-La Mancha, la sanción equivaldría al 0,2 % de nuestro PIB, cifrado en 37.715 millones de euros, lo que supondría un pago de 75,43 millones de euros. Cantidad que el ejecutivo debería detraer de presupuesto y que se sumaría a los 25 millones que ya ha tenido que dejar pendiente de ejecución por las exigencias del Ministerio para que nuestra Región reciba fondos del Fondo de Liquidez Autonómica a cambio del plan de ajuste que garantice la absorción este año del déficit registrado en 2015.
Con esa cuantía se podría financiar la contratación de más de 1.500 docentes para la educación pública. El consejero de Hacienda señalaba en el mes de abril su confianza en que Bruselas no cumpliese la normativa y no sancionase a nuestro país.
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