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El peligroso cóctel que amenaza el sostenimiento de las finanzas de las Comunidades Autónomas
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El peligroso cóctel que amenaza el sostenimiento de las finanzas de las Comunidades Autónomas

Por CLM21
martes 09 de noviembre de 2021, 21:16h
La infrafinanciación del actual sistema, la inflación, el regreso a la disciplina fiscal europea y el crecimiento económico por debajo de las previsiones forman un peligroso cóctel que amenaza la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas, especialmente de aquellas más endeudadas (Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Baleares y Extremadura) o con mayores déficits de financiación (Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía o Canarias). El escenario es el que ha urgido a las regiones a reclamar ya un nuevo modelo de financiación que sustituya al que se aprobó en 2009 y que está prorrogado desde su vencimiento en 2014. Castilla-La Mancha sufre ya con fuerza la presión. Su presupuesto para 2022 se contrae al crecer por debajo de la inflación, todo ello a pesar de aumentar el gasto a costa de disparar el déficit y la deuda, que ya es elevada entre otras cuestiones por la infrafinanciación de 1.250 millones de euros anuales que padece la región.
Primer problema: ¿Qué puede pasar si la inflación se mantiene en niveles altos? En el sector privado es evidente, la pérdida de poder adquisitivo y la ralentización del crecimiento económico. En el sector público, el encarecimiento de determinados gastos, como son las pensiones o las nóminas de los funcionarios. También la subida de los tipos de interés, que arrastraría un encarecimiento de la factura de intereses que se dejarían sentir en el sector privado en familias y empresas en las hipotecas y créditos y en el sector público en la deuda, lo que mermaría los presupuestos.

Así las cosas y con el nubarrón sin despejar, los ministros de finanzas de los países de la Zona Euro han optado por no abordar tampoco el regreso a la disciplina fiscal, la vuelta a las normas que obligan a los Estados a mantener una deuda por debajo del 60% del PIB y un déficit inferior al 3%.

La pandemia ha provocado que España y buena parte de sus Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, hayan aumentado sus niveles de deuda. Nuestra Comunidad ha pasado de los 14.950 millones de euros de endeudamiento de finales de 2019 a los 15.650 de finales de junio de 2021. Además, en ese periodo el PIB regional se ha reducido por el impacto de la crisis, lo que ha provocado que en términos de PIB nuestra deuda haya pasado en ese periodo de suponer el 34,9% del PIB regional al 39,2%. Las previsiones antes de la pandemia es que ya en 2020 la deuda de las Comunidades se moviera en torno al 22% de su PIB y se llegara a un déficit cero. La AIReF ya había indicado que ese objetivo de deuda era inalcanzable para Castilla-La Mancha, cuya sostenibilidad de sus finanzas públicas estaba en riesgo alto.

Además, para combatir la crisis tanto desde el punto de vista de los servicios públicos, como de refuerzo del tejido productivo y del empleo, la Comunidad Autónoma ha desarrollado unos presupuestos fuertemente expansivos en 2021. Han sido los más expansivos del sector autonómico (crecimiento de gastos del 21,3%). Para 2022, los valores absolutos se mantienen y el crecimiento en términos porcentuales será del 1,4%, (2,1% en el caso del gasto no financiero), lo que supone un ligero ajuste o recorte a la baja por el efecto de la inflación, que ya se dejará sentir el año que viene.

Y es que el crecimiento de la inflación supera a lo esperado. Parte de ese crecimiento -el que se debe al encarecimiento de la energía- es considerado transitorio. Las autoridades europeas que controlan las finanzas y las que controlan la política monetaria consideran que hay que esperar a ver cómo evoluciona en los próximos meses para entonces tomar decisiones. Eso es lo que traslada la reunión de los ministros de finanzas de los países de la zona euro y la de los dirigentes del Banco Central Europeo.

Así las cosas, las medidas antiinflacionistas y la vuelta a la senda de disciplina fiscal de rebaja de deuda y de reducción del déficit amenazan como una espada de Damocles a las finanzas de Castilla-La Mancha, en un escenario en el que cada vez se hace más necesario un nuevo modelo de financiación que dote a las regiones de recursos necesarios.

El déficit estructural de las finanzas regionales, según estimación del propio gobierno varía entre una horquilla de 900 y 1.250 millones de euros anuales. El gobierno regional ha establecido para el año que viene un déficit en sus cuentas del 1,1% del PIB regional, cinco décimas por encima de la recomendación para el sector autonómico. El impacto de esas cinco décimas se acerca a los 200 millones de euros. La cifra equivale prácticamente a lo que crece el gasto no financiero (204,2 millones). Dicho de otra manera, sin ese aumento de déficit no habría un aumento nominal del gasto. A eso habría que añadirle además el impacto de la inflación que se estima en una media del 2,5%, lo que en términos constantes supondría una reducción del gasto regional en 2022.

Todo esto sin que se haya decidido a la disciplina fiscal. ¿Qué ocurriría si se reactivara el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que contempla esa disciplina fiscal?

En el debate, se da por plausible que ese regreso se produzca en el horizonte 2023, aunque haya que redefinir las reglas. Si se impone el rigor y ese rigor se traslada a las Comunidades Autónomas, el presupuesto de gasto de Castilla-La Mancha sufriría una fuerte contracción, lo que afectaría a los servicios públicos.

En ese escenario, nuestra Comunidad tendría un déficit estructural de hasta 1.250 millones de euros anuales. Ajustar el déficit supondría otros 200 millones de euros menos en gasto por cada medio punto de objetivo. Si además crece la inflación a una media como la estimada para 2021, el recorte afectaría a otros 250 millones de euros. A ello habría que sumar el impacto de la reducción de la deuda pública que pasaría no sólo por no aumentar el saldo neto, sino por rebajar su peso, lo que supondría destinar más dinero a amortizaciones en detrimento del gasto no financiero. Cada punto del PIB de amortización de deuda supondría 400 millones de euros

Ese escenario es el que empuja hacia un nuevo modelo de financiación que con insistencia viene reclamando el presidente García-Page y otros líderes autonómicos. La situación financiera de algunas Comunidades (Valencia, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares o Extremadura, fundamentalmente) lo convierten en urgente. El Ministerio de Hacienda, que lo ha ido aplazando, sigue dando largas y pone sobre la mesa algunas propuestas parciales y sin concreción, como la de incluir la deuda en el nuevo modelo. El problema es que la infrafinanciación actual, la inflación, el regreso a la disciplina fiscal europea y el crecimiento económico por debajo de las previsiones forman un peligroso cóctel financiero para el sector autonómico.
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