El pasado 28 de junio, clm21.es anticipó que la antigua CCM Corporación, la joya de la corona de la antigua Caja Castilla-La Mancha, estaba en quiebra. Ahora se ha sabido que su disolución definitiva será debatida en próximo día 17 de octubre. Esa es la fecha que ha elegido el Fondo de Garantía de Depósitos para decidir si directamente se procede a la desaparición o se insta concurso de acreedores.
El Fondo de Garantía de Depósitos había creado una filial, Inversiones Corporativas, para hacerse cargo de las participadas por CCM. En junio, clm21. Anticipó que esa filial tenía un patrimonio negativo.
El Fondo de Garantía de Depósitos da por insalvable su filial “el balance de IC –reconoce-presenta recursos propios netos negativos, sin perspectiva razonable de que la sociedad pueda restituir su situación patrimonial mediante la actividad ordinaria”. O lo que es lo mismo, la sociedad carece de capital, reservas y activos.
A finales de año, el Banco CCM deberá saldar el esquema de protección de activos creado para él tras la intervención de la caja y dotado con 2.475 millones
El Fondo de Garantía fue la entidad encargada de gestionar la CCM tras su intervención por el Banco de España, su conversión en banco y su integración en Liberbank. Además de la fecha de disolución de la Corporación, la otra cita importante en torno a la antigua CCM se producirá a finales de año, cuando vence el esquema de protección de activos creado tras la intervención, por el que el Fondo de Garantía de Depósitos asumió durante el plazo de cinco años, ampliable a siete, las pérdidas derivadas de una cartera de activos predeterminada de un importe de 7.975 millones de euros, con unas provisiones constituidas de 1.496 millones una vez absorbidas las provisiones constituidas sobre esos activos, y con un importe máximo de 2.475 millones.
Liberbank, matriz del Banco CCM, solicitó en abril de 2014 la prórroga prevista, cuando tenía un excedente de 600 millones de euros de ese fondo de protección. Hace unos días, Liberbank puso a la venta una cartera de hipotecas en mora por importe de 700 millones de euros a fin de deshacerse de estos activos malos antes del vencimiento del esquema de protección.
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