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Nuevos datos sobre la guerra soterrada por la financiación entre CLM y el gobierno de Pedro Sánchez
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(Foto: JCCM)

Nuevos datos sobre la guerra soterrada por la financiación entre CLM y el gobierno de Pedro Sánchez

  • El Ministerio, que retiene 130 millones de CLM, requirió a la Comunidad para que llevase a cabo ajustes en el gasto para corregir su déficit, estimado en 136 millones para fin de año
  • La retención de fondos del gobierno Sánchez asfixia a CLM y mantiene sus cuentas supervisada por los “hombres de negro” del Ministerio

lunes 27 de enero de 2020, 21:17h
Nuevos datos e informes que se acaban de conocer ponen de relieve la batalla soterrada entre el gobierno autonómico y el gobierno central en torno a la financiación de Castilla-La Mancha, durante 2019. Hace unos días esa confrontación pasaba a primer plano informativo con el anuncio del presidente García-Page de una acción judicial contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por retener los fondos de IVA del ejercicio 2017 pendiente de liquidar. Ahora se ha sabido que el estrangulamiento de las finanzas autonómicas (no sólo la de Castilla-La Mancha) contribuyó a que el Ministerio requiriera a varios gobiernos regionales a adelantar el cierre en la tramitación de expedientes, es decir a no poder llevar a cabo compromisos de gasto (nuevas contrataciones). En el caso de Castilla-La Mancha, una de las Comunidades supervisadas por el Ministerio, ese cierre se dio a partir del 14 de octubre, dos meses y medio antes de terminar el ejercicio. Además Castilla-La Mancha tuvo que aplicar medidas de ahorro en algunas partidas de compra de bienes y servicios, en la que se incluyen las de suministros sanitarios y tuvo que contener el ritmo en la ejecución de inversiones en hospitales, centros educativos y nueva tecnología.

La situación estuvo provocada, entre otras causas, por la retención de 7.200 millones (356 de ellos a Castilla-La Mancha) .Ese estrangulamiento que el gobierno central aplicó a la financiación de las Comunidades Autónomas el año pasado provocó que la mayoría de ellas tuvieran que acudir a otras medidas de contención del gasto además de la de adelanto del cierre de tramitación de expedientes para evitar un descontrol del déficit del sector autonómico. Así queda de manifiesto en el Informe de Seguimiento de los Planes Económicos y Financieros relativos al tercer trimestre del año pasado, que se acaba de conocer.

La retención de fondos por Pedro Sánchez golpea a los servicios sociales castellano-manchegos

Las Comunidades que incumplen los objetivos fiscales (déficit, regla de gasto o deuda) deben presentar un Plan Económico y Financiero (PEF) para los ejercicios siguientes. Aunque Castilla-La Mancha sí cumplió en 2018, no lo había hecho en 2017, por lo que debió presentar su PEF para 2019. Revisado el comportamiento del primer y del segundo trimestre, el Ministerio advirtió riesgos de incumplimiento por parte de Castilla-La Mancha en el crecimiento del gasto computable (regla de gasto) y del déficit, por lo que requirió al Ejecutivo castellano-manchego a incluir medidas que garantizasen la vuelta a la senda fiscal, bajo el riesgo de aplicaciones de medidas coercitivas, entre ellas la constitución en el Banco de España de un depósito por valor de 90 millones de euros, equivalentes al 0,2% del PIB regional.

Hasta octubre el gobierno central no anunció el libramiento de la actualización de la financiación anual (4.700 millones de euros). Pero al mismo tiempo se negó a transferir el IVA pendiente de pagar del ejercicio de 2017, que se tendría que haber liquidado en 2019 (2.500 millones de euros). Esta última medida y ese retraso en la aplicación de la primera provocaron un gran agujero en las arcas autonómicas. En el caso de Castilla-La Mancha la cantidad que todavía adeuda el gobierno central por concepto de IVA es de 130 millones de euros.
Según las estimaciones de la propia Comunidad, el déficit final de 2019 estaría en 136 millones de euros (sobrepasándose el límite de 45 millones). Según el Ministerio “probablemente se elevará esa desviación estimada por la Comunidad”. A juicio del Ministerio, la Comunidad también incumpliría la regla de gasto. Ambas desviaciones mantendría a Castilla-La Mancha bajo la supervisión financiera del gobierno de Pedro Sánchez, que podría apretar a conveniencia.

La retención de fondos de las autonomías permite al gobierno central reducir su déficit en 2 décimas

La guerra financiera se mantiene y amenaza con generar un grave conflicto porque en la mayoría de los gobiernos autonómicos de régimen común sospechan que el gobierno nacional tiene la intención de no transferir esos 2.500 millones a las Comunidades, lo que les impediría corregir la desviación de 2019 y las obligaría a llevar a cabo en 2020 un ajuste muy duro en los servicios públicos, que fundamentalmente son los pilares del Estado del Bienestar, para tapar el boquete hecho el año pasado, entre otras causas, por el comportamiento del gobierno central.

Además, los 2.500 millones de euros han permitido al gobierno central rebajar su propio déficit. Con un límite establecido en el 0,3% del PIB, a finales de octubre lo sobrepasaba y alcanzaba el 0,58 (7.253 millones de euros). Si reintegrase a las Comunidades los 2.500 millones que les adeuda por IVA, el déficit del gobierno central crecería dos décimas y se dispararía al 0,78%, más del doble de lo permitido. Con esta operación de retención de fondos, el gobierno central puede presentarse como cumplidor de las reglas fiscales y trasladar el incumplimiento a las Comunidades a las que adeuda ese dinero.

El incumplimiento de los objetivos de déficit provoca además la supervisión de las cuentas autonómicas por parte del Ministerio de Hacienda, a cuya vigilancia quedan sometidas las administraciones incumplidoras y que comúnmente se conoce como la presencia de “los hombres de negro”.

El gobierno regional tuvo que reducir el ritmo de las inversiones educativas y sanitarias

En el caso de Castilla-La Mancha, el Ministerio requirió en agosto al gobierno regional a que adoptase medidas de control bajo y estrechó el seguimiento a la contabilidad autonómica. Así el Ministerio introdujo el seguimiento sobre la partida para sustituciones de personal que según la comunidad derivaba de la recuperación de la jornada de 35 horas en aquellos servicios en los que hay que cubrir 24 horas y que están incluidos en el área social, y a parte de los servicios sanitarios cubiertos por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Hay que tener en cuenta, además, que el gobierno central dictó un decreto por el que las Comunidades debían agilizar en 2019 los plazos de sustitución de personal en la enseñanza pública. El decreto generaba esas obligaciones en las Comunidades Autónomas sin que el gobierno central aumentara la financiación para cubrir su decisión. De hecho cuando se produjo el seguimiento sobre esta partida se comprobó que el incremento correspondiente a los gastos de personal se ha vio condicionado, “en primer término, por el mayor gasto que suponen las medidas y, en segundo lugar, por la contratación de los profesores interinos y las sustituciones vacacionales, según explicaciones aportadas por la comunidad”.

Contando con los compromisos de financiación por parte del gobierno central, el Ejecutivo regional aceleró en 2019 el proceso de nuevas inversiones en enseñanza, equipamiento tecnológico y para la reforma de los hospitales. Hasta el punto que a 30 de septiembre esas inversiones registraban ya un incremento de 70,25 millones de euros, un 108,09% interanual. El estrangulamiento por parte del Ministerio y los requerimientos de Hacienda llevaron al gobierno regional a advertir de que se produciría una contención de estos gastos ya en marcha en el último trimestre del ejercicio.

También tuvo que aplicar medidas de ahorro en las partidas de suministros sanitarios

También se contempló el ahorro en la partida de suministros sanitarios. De hecho, a finales de noviembre, el incremento en el gasto de productos farmacéuticos y sanitarios había crecido en Castilla-La Mancha un 4% interanual, por debajo de lo que lo había hecho el conjunto del sector autonómico (4,3%) o del Estado, que gestiona MUFACE, MUGEJU, Instituciones Penitenciarias y la Sanidad de Ceuta y Melilla (6,3%).

En total la factura de medicamentos en nuestra Comunidad era de 951 millones de euros. Y la mayor diferencia en la contención respecto al Estado se dejaba notar en las dos partidas incluidas en la compra de bienes corrientes y servicios, la que afecta a la farmacia hospitalaria una diferencia con el conjunto de España de 1,2 puntos por debajo y la de otros productos sanitarios (diferencia de tres décimas por debajo). Las recetas, que se abonan con cargo a otro capítulo, y que representan la partida más voluminosa del gasto en medicamentos y material sanitario (más del 50%), crecía a un ritmo del 2,6%, una décima menos que en el conjunto del país.

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