El gobierno central, consciente de la dimensión que va tomado la revuelta autonómica, pretende acallarla y ha ofrecido a las comunidades que puedan tener más déficit, es decir que puedan gastar más. Pero ese gasto lo deberían cubrir las propias regiones mediante créditos que finalmente tendrían que pagar ellas mismas y, los gobiernos autonómicos lo que plantean es ingresar un dinero que les corresponde. La solución planteada por el Ministerio elevaría la deuda de las Comunidades, además de que tendría un coste en intereses para las arcas autonómicas.
El jueves pasado, el gobierno andaluz fue el último en tomar la decisión de llevar a los tribunales al gobierno central por el impago de 537 millones. En el caso de Andalucía el malestar con el gobierno central se agrava porque la ministra de Hacienda, andaluza también, ha bloqueado la salida de la Comunidad Autónoma a los mercados para poder financiarse a crédito, lo que la obliga a permanecer bajo el paraguas del Estado y sometida a cierto control del Ministerio. La Comunidad ha solicitado la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por un importe de 5.317,15 millones de euros, que le permita recibir esos fondos del gobierno central.
En Castilla-La Mancha las voces críticas con Pedro Sánchez llegan incluso desde su partido coaligado, Podemos, que “ve deseable que los 142 millones de los fondos que retiene el Ministerio, lleguen a la Comunidad. También el jueves pasado, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, señaló que no descartaban ninguna acción tras el anuncio de un recurso por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
En el caso de Cataluña, la deuda según su gobierno es de 433 millones de euros y la Generalitat ya anunció el pasado 21 de agosto recurso que terminó imponiendo en los tribunales. Es junto a Madrid, a la que el gobierno de Pedro Sánchez adeuda 377 millones, las únicas regiones que ya han emprendió formalmente la vía jurídica. Ambas lo hicieron el pasado año, antes de que expirase el ejercicio. El detalle tiene su importancia porque el gobierno central dejó pasar 2019 sin librar los fondos y ahora dice que ya no puede librarlos porque corresponden al año pasado.
El presidente de Galicia, Núñez Feijóo, ha calificado la apropiación de los 200 millones que le corresponden a su Comunidad por parte del gobierno de Pedro Sánchez de “hurto institucional” y el pasado miércoles anunció que “agotará todas las posibilidades en el ámbito judicial" para "defender a Galicia" y llevará a los tribunales al Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez con el fin de que pague la deuda”.
En el caso de Extremadura la deuda está próxima a los 86 millones de euros y, en su día, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal apuntó a que la cuantía suponía cuatro décimas del PIB de la Comunidad, lo que la convertía en la más perjudicada por la medida. El gobierno de Rodríguez Ibarra ha incluido los 86 millones en el presupuesto para 2020, en la confianza de que finalmente el gobierno central transferirá los fondos.
En La Rioja, donde la deuda es de 18 millones, los líderes del PP consideran que esa retención de fondos es un ataque del gobierno central a la Comunidad, cuyo gobierno que lidera la socialista Concha Andreu mantiene silencio sobre el particular. También en Cantabria, donde la retención es de 42 millones, el PP denuncia “el incumplimiento de Pedro Sánchez” con esa Comunidad.
En Asturias, la Junta del Principado, a la que el gobierno de Pedro Sánchez debe 75 millones, se suma a las regiones que han anunciado recurso. En la cuestión han entrado los agentes sociales que piden la liberación del dinero y que se llegue a una solución “preferiblemente pactada”. El gobierno ha reclamado el dinero por carta y ha dicho que si no hay solución amistosa, acudirá a la vía administrativa o judicial.
En términos parecidos se expresa el Ejecutivo valenciano, cuyo consejero de Hacienda, Vicente Soler, ha exigido al gobierno central que busque una fórmula para liberar los 250 millones que adeuda por este concepto”.
En Baleares, los partidos del gobierno regional, en el que se incluye el PSOE de las islas, aprobaron una propuesta parlamentaria en la que se abre la vía a acudir a los tribunales para reclamar los fondos si fracasan las otras vías. En este caso la deuda es de 78 millones de euros.
En Aragón, el socialista Javier Lambán también ha anunciado la vía judicial si el gobierno de Pedro Sánchez no paga a la Diputación general de Aragón los 80 millones que adeuda a la Comunidad.
En Murcia, al igual que Andalucía, ambas gobernadas por el Partido Popular, el Ministerio mantiene una confrontación directa. Si en Andalucía era impedir que la Comunidad salga a los mercado para cubrir sus necesidades de financiación, en Murcia la última del Ministerio ha sido bloquear un préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 320 millones para inversiones en el Mar Menor y dinamizar la economía de la zona. La deuda con Murcia es de 85 millones de euros por IVA, además la Comunidad reclama otros 19 millones adicionales por la diferencia en las entregas a cuenta del ejercicio pasado.
Los diferentes gobiernos autonómicos mantienen la vigilancia sobre las negociaciones bilaterales del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Cataluña. Temen que se llegue a un acuerdo con esta Comunidad para apaciguar a los independentistas. Según las opiniones recabadas, “no creemos que el gobierno vaya a pagar abiertamente el IVA a Cataluña y no a las demás. Estamos pendientes. Es más posible que se produzca una operación encubierta de que el Estado financie algunas inversiones o haga transferencias de fondos con cargo a otras partidas. Saben que si se lo dan a Cataluña, nos lo tiene que dar a todas”.
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