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La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa // Borja Puig de la Bellacasa)

El gobierno central trata de sofocar la revuelta de todas las Comunidades con una reunión, pero sin abonar el dinero que les adeuda

miércoles 05 de febrero de 2020, 21:02h
El gobierno central mantiene su estrategia de tratar apaciguar a las Comunidades Autónomas, doblarles el brazo y sofocar el incendio que crece y que ha surgido tras el estallido de todas ellas por la retención por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de 2.539 millones de euros que les tenía que haber entregado el año pasado dentro del sistema de financiación autonómica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado para el viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera al que no reunía desde hace año y medio. Y ha anunciado la convocatoria tras la cascada de anuncios de recursos judiciales por parte de las Comunidades Autónomas para cobrar esos fondos. En la agenda del día, la ministra ha incluido la nueva senda de déficit de las diferentes administraciones. Días atrás ya trascendió que la propuesta del Ministerio para calmar las aguas pasaba por no hacer la entrega de ese dinero a Comunidades. A cambio les permitiría aumentar el déficit, es decir el gasto, que sería financiado por créditos cuyas amortizaciones e intereses correrían a cargo de los gobiernos autonómicos.
Precisamente, la retención de esos fondos ha permitido al gobierno central minimizar su déficit del año pasado, aunque este se disparó y en noviembre casi triplicaba el límite para todo el año. Pero en paralelo, esa retención de los fondos de las Comunidades ha causado un agujero en las cuentas de todas ellas y ha llevado al sector autonómico del superávit al déficit excesivo. En su día, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal había advertido que si no se libraban estos fondos se produciría un impacto en las cuentas autonómicas, si bien daba por sentado que la situación se corregiría en 2020 cuando se procediese a su devolución.

Pero el gobierno central no está por la labor de entregar ese dinero a las Comunidades, como ha dejado claro en varias ocasiones, señalando que se tenía que haber producido en 2019, ejercicio que ya está cerrado. Lo cierto es que dos Comunidades, Madrid y Barcelona, reclamaron judicialmente estos fondos el año pasado. Las otras confiaron en que el Ministerio les haría entrega del dinero y, al ver que no ha sido así, la mayoría ya han anunciado recursos en los tribunales.

El dinero que reclaman las Comunidades es por la liquidación de la financiación de 2017, en concreto por el IVA de ese año, que se tenía que haber producido en 2019. El mecanismo de financiación de las Comunidades se divide en dos: entregas a cuenta del año en curso que se calculan en función de las previsiones de ingresos del Estado. La segunda parte es que, una vez conocido los fondos recaudados realmente, se halla la diferencia con lo entregado a cuenta y el Ministerio y las Comunidades liquidan la diferencia (que puede ser a favor del Ministerio o de las Regiones). Esta liquidación se hace sobre dos ejercicios anteriores, es decir, en 2019 correspondía la liquidación de 2017. Normalmente el cálculo se realiza a mediados del ejercicio, es decir en junio de 2019.

El dinero que reciben las Comunidades responde también a dos grandes bloques: el fiscal y el fondos de suficiencia que garantice los servicios públicos que prestan (sanidad, educación y servicios sociales fundamentalmente). En el apartado fiscal, a grandes rasgos, las regiones reciben el tramo autonómico del IRPF (50% aminorado o aumentado en función de la normativa de cada Comunidad), el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales.

En 2017 el Ministerio de Hacienda implantó el Suministro de Información Inmediata del IVA (conocido por las iniciales SII). Es un sistema que nació para la lucha contra el fraude fiscal y para mejorar los datos contables y ganar en agilidad y eficiencia. En principio afecta a 68.000 empresas que facturan más de 6 millones de euros anuales y que representan el 80% de la facturación de todas las empresas en España y que están obligadas a autoliquidar el IVA o IGIC (el equivalente al IVA en Canarias) mensualmente.

Las empresas pasaron de liquidar el día 20 al día 30 de cada mes. Esta modificación provocó que el IVA que tenían que haber pagado las empresas en diciembre de 2017, lo desembolsaran en enero de 2018. Ese cambio supuso que en 2017 las mensualidades de IVA fueran 11 y no doce. Ese año las Comunidades no tuvieron problema en las entregas a cuenta por IVA que habían sido aprobadas con anterioridad y que contemplaban 12 meses. El problema quedaba planteado para 2019 cuando se efectuara la liquidación de la financiación autonómica

Y es en 2019 cuando las Comunidades reclaman lo que les habría correspondido por la liquidación de esa mensualidad de IVA. El Ministerio ya era consciente de la situación que le iban a plantear Comunidades e incluyó en sus presupuestos para 2019 que la liquidación del IVA de diciembre se adelantara al día 20, lo que permitiría que en 2019 se dieran 13 pagos por IVA, lo que permitiría compensar los 11 de 2017 y normalizar la situación para los años siguientes. Pero los presupuestos no salieron adelante en su tramitación parlamentaria.

El Ministerio se ampara en que sin ese cambio no se puede producir la entrega del dinero a las Comunidades. Las regiones replican que el dinero lo han pagado los ciudadanos de sus Comunidades y que el 50% es para la Autonomía, según fija el modelo de financiación

En esencia y más allá de los resquicios que busca el gobierno central, los fondos corresponden a las Comunidades. Ese dinero ha permitido al gobierno Sánchez rebajar su déficit de 14.500 millones de euros a 12.000 millones de euros (últimos datos oficiales de la contabilidad nacional a 30 de noviembre de 2019). El límite de déficit establecido para el gobierno central para el ejercicio 2019 estaba en 3.750 millones de euros.

Según los criterios de estabilidad en vigor, las Comunidades Autónomas no pueden incurrir en déficit en 2020. El gobierno central aspira a cambiar esa situación y dar posibilidad a las regiones de que siga incurriendo en déficit, algo que debe negociar con la Unión Europea, que ha reclamado al gobierno español ajustes estructurales en su gasto. O lo que es lo mismo, menor déficit. Y sería a través de esa vía como trataría de calmar a las Comunidades.
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