El gobierno refuerza la tesorería de las Autonomías, pero no amplía su financiación ordinaria para hacer frente al Covid-19

El propio ministro Ábalos, en la comparecencia de la autoridad delegada, reconoció las gravedad de las dificultades de liquidez de las Comunidades, mientras que los presidentes autonómicos dejaban ver tras la reunión telemática con el presidente Sánchez, que no se trataban de fondos extraordinarios. La medida calma las tensiones actuales, pero las difiere en el tiempo. La medida llega después de que los indicadores del Periodo Medio de Pago a Proveedores se hubieran disparado y hubiera situado a las regiones españolas como incumplidoras de los plazos de pago establecidos en la legislación antimorosidad de las administraciones públicas. Una normativa que se produjo tras el crack de 2008, en el cual los impagos de las administraciones provocaron un efecto dominó en el sector privado, fundamentalmente en pymes y autónomos, lo que se tradujo en una fuerte destrucción de tejido productivo y de empleo.

El escenario previsto para los próximos meses, con la pandemia sin erradicar y con la actividad económica sin recuperar, es que se mantenga el mayor gasto sanitario de las Comunidades al tiempo que ven reducir los ingresos por tributos propios, lo que, de no tomarse medidas directas terminará trasladando las tensiones en los pagos a los cierres del año.

Es un escenario que no difiere mucho del vivido, no más allá de la intensidad de las diferentes variables. Los gobiernos autonómicos, responsables de la atención sanitaria de los ciudadanos, han tenido que aumentar sus gastos por el impacto del coronavirus, entre otras partidas las destinadas a reforzar sus plantillas sanitarias, de servicios sociales y de sus oficinas de empleo para hacer frente de forma ágil a la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo. También las destinadas a la compra de material sanitario, a medidas de protección social… Ese aumento del gasto ha coincidido con una caída de los ingresos propios, con un exceso de déficit el año anterior, cuyas obligaciones reconocidas se han ido liquidando en el primer trimestre del año…

Esa situación ha sido la que ha generado los problemas de tesorería que se quieren evitar con las medidas de liquidez, que proviene de tres vías: el adelanto del aumento de la financiación por las entregas a cuenta de 2020, (2.867 millones de euros) el adelanto de la liquidación de 2018 que las Comunidades debería recibir a partir de julio (5.500 millones) y la posibilidad de recibir créditos por otros 5.500 millones por el desfase del déficit de 2019.

En ese escenario de dificultad financiera en el que se mueven las regiones españolas, el gobierno central ha pedido a las Comunidades Autónomas que refuercen el sistema de Atención Primaria de sus sistemas de salud de cara al proceso de desescalada del proceso de confinamiento, lo que va a requerir de unos fondos de los que no disponen las regiones españoles.

El impacto exacto de la pandemia en las cuentas públicas de toda España se desconoce oficialmente. El gobierno central ha demorado la publicación de informes de pago a proveedores, (periodo medio y el total de la deuda comercial acumulada), el del gasto farmacéutico de todas y cada una de las administraciones autonómicas, también el grado de ejecución de los presupuestos de algunas de las administraciones públicas y se está a la espera de que el próximo 30 se conozcan los datos del comportamiento de la recaudación tributaria en marzo. Datos todos ellos que permitirían una primera aproximación a la situación financiera tanto desde el punto de vista del gasto como de los ingresos.

Todos coinciden en que garantizar el adecuado funcionamiento de la sanidad española requiere fondos, fortalecerla –como se ha anunciado que se pretende hacer- requiere transferir más dinero a las Comunidades Autónomas, que son las responsables de la atención sanitaria a los ciudadanos. Pero hasta la fecha las actuaciones del gobierno central se fundamentan principalmente en facilitar tesorería a las Comunidades, no en darles fondos extraordinarios, algo que vienen reclamando todas los gobiernos autonómicos.