A pesar de que los últimos datos sitúan a nuestra Región a una sola décima del incumplimiento del déficit, el gobierno autonómico ha mostrado en voz alta su satisfacción con la situación financiera de nuestra Comunidad. Por su parte, el Partido Popular, a través de la presidenta de su grupo parlamentario, Ana Guarinos, ha trasladado su convencimiento de que el gobierno que preside García-Page volverá a incumplir el objetivo de déficit, como hizo en 2015. El incumplimiento de los objetivos supondría que Castilla-La Mancha, en el mejor de los casos, debería hacer un plan de ajuste y recortar gasto y, en el peor, podría ser intervenida por el Gobierno Central, con una comisión de expertos, lo que a nivel europeo se conoce como “los hombres de negro”.
Los datos referidos al déficit público del mes de octubre sitúan a Castilla la Mancha como la sexta Comunidad española con mayor déficit. A esa fecha nuestra Región alcanzó una desviación del gasto del 0,60 por ciento del PIB. La media del conjunto de las Comunidades Autónomas se situó en el 0,33 por ciento. Los incumplimientos del objetivo de déficit provocan medidas correctivas automáticas de obligado cumplimiento y pueden acarrear sanciones para nuestra Región.
Los gastos no financieros superaron en 232 millones de euros a los ingresos durante los diez primeros meses del año
Durante los diez primeros meses del año, Castilla-La Mancha realizó gastos que superaron en 232 millones de euros a los ingresos no financieros. A pesar de la preocupación existente en el área económica por la situación, el ejecutivo que preside Emiliano García-Page ha querido trasladar una imagen positiva del deterioro financiero de nuestra Región y para ello ha comparado los datos con los de hace un año, también bajo su mandato. Si bien, esos datos indican que nuestro Gobierno autonómico ha sido incapaz de reducir sus necesidades de financiación en la medida que lo han hecho el conjunto de las Comunidades. Estas han reducido esas necesidades del 1,23 al 0,33, mientras que Castilla-La Mancha lo ha bajado del 1,11 al 0,60, o lo que es lo mismo, mientras que el conjunto de las regiones ha logrado rebajar su déficit en un año en 0,9 puntos, Castilla-La Mancha lo ha hecho en 0,51.
A finales de octubre, la Junta había ingresado 4.906 millones de euros por recursos no financieros y había gastado 5.138 millones, de la que más de la mitad, 2.721 millones, se destinaron a remuneración de personal.
El gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho de la necesidad virtud y valora los datos en positivo, a riesgo de que las palabras de hoy se tornen en dardos en los primeros meses de 2017. Hay que tener en cuenta que el año pasado el gobierno regional incumplió el objetivo de déficit y tuvo que llevar a cabo un plan de ajuste económico-financiero que ha supuesto la congelación de gastos por 25 millones en 2016 y otras medidas adicionales.
El límite anual para 2016 quedó fijado en el 0,7 en el último Consejo de Ministros, tras la revisión del límite establecido previamente, que era del 0,3 por ciento. Además, los datos aventuran que Castilla-La Mancha no cumplirá la segunda regla de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la que fija el endeudamiento público en el 33 por ciento del PIB para finales de 2016. A finales de septiembre estaba en el 35,9 %. En cuanto al tercer objetivo de obligado cumplimiento, la regla de gasto cuyo crecimiento se sitúa en el 1,8 por ciento nuestra Comunidad unos meses aparece como incumplidora y otros como cumplidora.
La media del conjunto de las Comunidades Autónomas se situó en el 0,33 por ciento
Por lo que respecta al déficit y tal como informó el pasado día 21 nuestro medio, las cifras de gasto fijo para diciembre obligan al ejecutivo a recaudar por conceptos no financieros, que son los que computan para el cálculo del déficit, no menos de los 500 millones de euros. Vía Estado, las cifras disponibles y previsibles se quedan en 350 millones de euros por impuestos directos e indirectos y Fondo de Garantía y vía tributos propios en 40. Así las cosas, en fuentes consultadas por clm21.es estiman que el ejecutivo autonómico podría desviarse en el objetivo del déficit hasta alcanzar el 0,9 o incluso llegar y rebasar el 1 por ciento, algo que ya había apuntado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Hay que tener en cuenta, además que, según la serie histórica, las necesidades de financiación o lo que es lo mismo, el déficit, se dispara en los dos últimos meses del año. Así el año pasado, las necesidades de financiación alcanzaron en octubre los 410 millones de euros y a final de año llegaron a los 597 millones.
Si Castilla-La Mancha incumpliera el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, se aplicaría el procedimiento de déficit excesivo que, en primer lugar contempla unas medidas correctivas, seguidas de otras coercitivas de cumplimiento forzoso. Automáticamente y de entrada, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma precisarán de autorización del Estado en tanto persista el citado incumplimiento. Esta autorización será preceptiva hasta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas constate que ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto. Asimismo, la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías a las operaciones de crédito de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluidas las entidades de la Comunidad Autónoma precisará de autorización del Estado.
Además, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central con Castilla-La Mancha precisarían, con carácter previo a su concesión o suscripción, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que podría afectar y reducir otros programas de gasto del año que viene.
La ley contempla que la Comunidad incumplidora debe formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda o de la regla de gasto. Castilla-La Mancha ya elaboró un plan económico-financiero en abril por la desviación del déficit en 2015 y si se rebasa el 0,7 supondría el fracaso de ese plan.
Esta situación puede desembocar en la aplicación de medidas coercitivas. La primera de ellas consistiría en aplicar una restricción de créditos o lo que es lo mismo no gastar en 2017 cantidades previstas por el importe equivalente al exceso de gasto de 2016. Asimismo, si resulta necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuidas a Castilla-La Mancha en relación con los tributos cedidos pasarían a ser ejercidas por el Estado.
La segunda, depositar en el Banco de España el equivalente al 0,2 por ciento del PIB nominal de la Comunidad, aproximadamente cerca de 80 millones de euros. Transcurridos seis meses del depósito sin haber corregido la situación, el depósito se convertiría en sanción.
De no adoptarse alguna de estas las medidas de corrección o en caso de resultar éstas insuficientes el Gobierno central podría intervenir de hecho la gestión económica de Castilla-La Mancha.
La intervención, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, supondría el envío de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podría solicitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión debería presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harían públicas en una semana. Las medidas propuestas serían de obligado cumplimiento para Castilla-La Mancha.
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