La Comunidad Autónoma destinará durante 2017 668,68 millones de euros a políticas relacionadas con la Consejería de Bienestar Social. La consejera explica esta tarde en las Cortes sus proyectos para 2017, en medio de la contestación por parte de Podemos y del Partido Popular.
Este departamento con 2.858 trabajadores, 6 altos cargos y 4 asesores gestiona ocho programas básicos de atención a la dependencia, a las personas con discapacidad, a los mayores, de apoyo a las familias, de atención al menor, las pensiones y prestaciones asistenciales, los programas sociales básicos y la cooperación al desarrollo.
Las tres partidas más importantes del gasto la representan las nóminas (118 millones), las compras de bienes corrientes (249 millones) y las subvenciones corrientes (293,767 millones). Las inversiones ascienden a 5,37 millones de euros.
De las ayudas, 77 millones se canalizan a través de los ayuntamientos (54 millones para el programa de protección social y otros 16 millones para protección de los mayores) y 209 a través de familias e instituciones sin fin de lucro.
De estos 209 millones, las ayudas a la dependencia suponen 118 millones de euros. Las del plan de discapacidad, 41,5 millones. La de los planes de acogimiento familiar y protección de menores suponen 13,8 millones. La de atención a la infancia, 5 millones. La cooperación al desarrollo, 2 millones de euros. Las rentas de garantía ascienden a 26 millones.
Por lo que respecta a los 249 de gastos de compra de bienes y servicios, la mayor parte están destinados a los funcionamientos de residencias concertadas con empresas privadas de diferentes especialidades. El gobierno destina 203 millones a prestación de servicios con medios ajenos.
A finales de noviembre de 2016, este departamento tenía sin ejecutar la tercera parte del programa de atención a la dependencia. Ese retraso afectaba fundamentalmente a las ayudas económicas de atención a los dependientes. Tampoco había comprometido ni pagado la mitad de las ayudas a las familias numerosas. Ambos temas son fuente de crítica por parte de los partidos de la oposición.
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