Uno de los expertos sobre financiación autonómica abre la puerta a que las regiones se financien a través de impuestos regionales

Con este fin, el investigador especialista en finanzas autonómicas cree que sería necesaria una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta y de la normativa sobre tributos cedidos que, “entre otras cosas, regule con claridad las escalas de referencia para el cálculo de la recaudación normativa y establezca mecanismos explícitos para su revisión”.

A su juicio, este marco haría posible incrementar los recursos autonómicos, si fuera necesario, de una forma responsable y solidaria, evitando los problemas de incentivos que se derivarían de nuevas inyecciones sin contrapartida de recursos estatales.

Hasta la fecha, las regiones se financiaban con unas entregas a cuenta sobre la recaudación estimada del 50% del IVA, del 58% de los impuestos especiales y del 50% del IRPF. Sobre este porcentaje de la renta, cada Comunidad puede establecer variaciones en los tramos, tipo y deducciones. La segunda gran partida de recursos de las regiones proviene del Fondo de garantía de los servicios públicos, que se distribuye en función del criterio de población ajustada. La tercera vía es la de los tributos cedidos, que engloba Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Precisamente la autonomía de decisión sobre estos tributos cedidos y sobre el 50% de IRPF cedido es la que provoca el debate entre las autonomías que una vez recibieron las competencias subieron esos tributos y Madrid, que en muchos casos los redujo.

La propuesta de Ángel de la Fuente llega en pleno de ese debate sobre la armonización fiscal que defienden los partidos del gobierno de coalición y sus socios de Esquerra Republicana a los que, en la última semana, se ha sumado también el PNV con la vista puesta en Madrid, Comunidad que sigue con su política de reducción de los impuestos sobre los que tiene competencias normativas. También coincide con el debate abierto por algunas regiones sobre la necesidad de que en 2022 continúe el fondo especial del Estado para paliar los costes del Covid que se topa con el rechazo frontal del gobierno, lo que ya se deja sentir en las Comunidades, que han empezado a despedir o no renovar buena parte de los contratos de refuerzo de personal sanitario por la falta de presupuesto.

Para De la Fuente, es necesario ir adoptando medidas mientras llega la reforma global del sistema, que caducó en 2014 y que el autor del informe considera que no estará vigente hasta la próxima legislatura, es decir, una década después del plazo establecido: “Es imposible -señala De la Fuente- que la reforma se complete a tiempo para incorporarla a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, ya en tramitación en el Congreso, y muy improbable que entre en los de 2023, si llega a haberlos, con lo que nos iremos seguramente a la próxima legislatura, al menos para la puesta en marcha del nuevo modelo si no para su diseño”.

Ángel de la Fuente argumenta que, “mientras llega la ansiada reforma global, sería deseable aprovechar el tiempo para ir avanzando en ciertos trabajos preparatorios de carácter técnico y, sobre todo, para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que podrían implementarse sin necesidad de un gran acuerdo general, quizás mediante un pacto entre los dos mayores partidos. Estos retoques deberían comenzar a abordar los principales problemas del modelo actual, introduciendo modificaciones en su funcionamiento y resultados que faciliten y dejen bien encarada la fase final de la reforma”.

Y uno de esos retoques sería el de avanzar en el endurecimiento al máximo de la restricción presupuestaria de las Comunidades, respetando su autonomía de gasto, a la vez que se las dota de la mayor capacidad posible para modular sus ingresos, individual o colectivamente, a través de impuestos autonómicos claramente perceptibles como tales por los ciudadanos. Esto es, si las Comunidades en su conjunto, o alguna de ellas en particular, necesitan más recursos para prestar servicios que consideran necesarios, tienen que poder obtenerlos, pero asumiendo los costes políticos de subir impuestos en la cuantía necesaria y no mediante transferencias del Estado sin contrapartida alguna. Esta es la única manera de asegurar que los gobiernos autonómicos toman en consideración también los costes, y no sólo los beneficios, de sus decisiones de gasto, internalizando así el interés general de los ciudadanos.

Ya la comisión de expertos en la que había representantes designados por cada una de las Comunidades Autónomas y por el gobierno central apuntaron una medida que se adaptase en su conjunto por todas las Comunidades, como era la posibilidad de subir el IVA para financiar los gastos autonómicos.

De la Fuente señala que, con siete años de retraso, parece que el Gobierno quiere iniciar el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) poniendo encima de la mesa una propuesta de revisión de la metodología de cálculo de la población ajustada.