Según los datos de la contabilidad regional, elaborados por la Intervención General del Estado, a partir de la información facilitada por los departamentos de Hacienda de las Comunidades Autónomas, Castilla-La Mancha es una de las cinco regiones españolas que presentan déficit. Los más elevados son los de Baleares (-0,62% del PIB), Comunidad Valenciana (-0,61%), Murcia (-0,35%). Cataluña (-0,15%) registra el mismo nivel de desequilibrio que Castilla-La Mancha. Aunque no existe un objetivo de obligado cumplimiento al haber suspendido la Unión Europea las reglas fiscales, la recomendación para el sector autonómico es no rebasar el 0,6% de déficit.
A pesar de los resultados adversos de estas cinco Comunidades, el sector Autonómico finalizó el primer cuarto del año con un superávit de 220 millones de euros (0,02% del PIB), mientras que hace un año se anotaba un déficit de 3.416 millones de euros (-0,28%). A la cabeza del saneamiento de sus cuentas, Navarra con un superávit del 0,89%, Asturias (0,58%) y La Rioja y País Vasco, ambos con un 0,41%.
La mejora de la situación financiera interanual de Castilla-La Mancha se debe fundamentalmente al fuerte incremento de los ingresos (16,5%), mientras que los gastos han aumentado a un ritmo del 1,3%. Durante los tres primeros meses del año, el gobierno de la Comunidad ingresó 1.817 millones de euros, 258 millones de euros más, con un impacto equivalente del PIB 3,94%, 27 centésimas por encima de hace un año. Por su parte, los gastos aumentaron tan sólo en 24 millones de euros hasta los 1.884 millones de euros.
En el apartado de ingresos, la recaudación por los impuestos sobre la producción y las importaciones han aumentado un 139%, hasta los 98 millones de euros. Este aumento se debe, fundamentalmente, a los mayores ingresos por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Los ingresos por impuestos sobre la renta se han situado en 372 millones de euros, un 7,8% más que hace un año. Los de patrimonio llegan a los 18 millones de euros, un 125% más que a finales de marzo de 2021, cuando se llegó a los 8 millones.
Las transferencias entre administraciones públicas le han supuesto a nuestra Comunidad una recaudación trimestral de 1.216 millones de euros, 192 más (18,8%) que en el mismo periodo de 2021. Entre las causas del aumento figura el pago por el Estado de 145,1 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017, que el gobierno central debía pagar en 2019 y que retuvo hasta que sentencias judiciales a reclamaciones de otras Comunidades le han llevado a hacer efectivas las cantidades adeudadas por este concepto.
En el apartado de gastos, entre los que aumentan figuran la retribución de los empleados públicos que suponen 989 de los 1,884 de gasto total de la Junta. Esta partida crece un 3,8%. También marcan subidas los consumos intermedios de la Junta, 3,4% hasta los 368 millones y las transferencias sociales, 4,3% hasta los 289 millones totales.
En el grupo de las partidas que decrecen sobresalen la del gasto en intereses por la deuda de la Comunidad que se queda en 21 millones de euros, un 25% por debajo a la del año pasado; un ahorro logrado tras el proceso de renegociación de su pasivo por parte de la Junta. También destaca la reducción de la inversión un 5,8%, desde los 121 millones a los 114.
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