Desde el PSOE se dio por sentado que los equipos de la Vicepresidencia y de la Consejería adjudicada a la formación morada deben ser de ese partido y, por tanto, esa vía abre a Podemos el poder ampliar el número de liberados. Sin embargo, desde el gobierno se rechazó la otra exigencia de García Molina, al que se le dijo que podría seguir estando informado y más a menudo de la gestión de los fondos de publicidad y del reparto que hace el ejecutivo. Un reparto que recae en la Dirección general de Promoción Institucional y que está generando un fuerte malestar en los medios periodísticos. Esa dirección general está encuadrada dentro del aparato político del presidente y sometida a la dirección directa del actual vicepresidente.
Las mismas fuentes han señalado que García Molina mostró también interés por tener mayor peso en el ente público de la radio y televisión de Castilla-La Mancha.
Y mientras García-Molina busca el respaldo del aparato nacional para poder obtener el respaldo de las bases a la formación de un gobierno de coalición, su compañero David Llorente está llevando a cabo una fuerte campaña de comunicación en sentido contrario. Llorente mantiene la tesis de que la operación llevaría a Podemos a convertirse en una fuerza subordinada al PSOE, a perder la posibilidad de posicionarse como alternativa de gobierno desde la izquierda y a tener que colaborar con el PSOE en determinadas políticas no sólo que no comparte, sino a las que se opone frontalmente.
Llorente estima que Podemos se vería atada de manos en cuestiones como la comisión parlamentaria que investiga el incendio de Seseña y a la que han llamado a comparecer a todos los expresidentes, incluidos los socialistas José Bono y José María Barreda. Además, para el líder del sector anticapitalista de la formación morada, la contestación social y en la calle que se pueda producir a partir de la entrada en el gobierno también afectaría directamente a Podemos, cuyos cuadros deberían posicionarse en esos momentos bien a favor de la calle bien en contra de los ciudadanos y a favor del gobierno del que forman parte. A fin de cuentas, los gobiernos actúan como órganos colegiados y las decisiones son vinculantes para todos sus miembros.
En el PSOE, la plataforma sanchista “Militantes en pie” quiso dejar claro que las cosas han cambiado y que se acabó el ordeno y mando que venía funcionando hasta la fecha en la organización regional. Para ello reclamó que, de acuerdo a los nuevos estatutos, la decisión del gobierno de coalición fuera también sometida a los militantes socialistas. El mensaje, que anticipó clm21.es el pasado viernes, era apoyado desde Ferraz y provocó un fuerte malestar entre los dirigentes regionales.
Por si fuera poco, tras los tiras y afloja, el apoyo de Ferraz fue más explícito. En la tarde-noche del lunes el secretario de organización, José Luis Ábalos, exigió por escrito que se consultase el acuerdo a la militancia conforme a lo dispuesto en los nuevos estatutos del partido aprobados en el último congreso.
Desde Santa María la Blanca (sede del PSOE de Castilla-la Mancha) se buscaron vericuetos legales para desoír la orden nacional y trasladaron a Madrid que la nueva regulación normativa no se había desarrollado reglamentariamente y no podía llevarse a cabo.
Esta mañana a las diez, los secretarios nacional, José Luis Ábalos, y regional, Jesús Fernández Vaquero, mantenían una reunión en Ferraz para limar asperezas. A la reunión asistían también miembros de los cuadros técnicos del partido. En un principio la propuesta sobre la mesa era que se llevasen a cabo sesiones informativas en todas las agrupaciones locales del Partido Socialista para dar cuenta de la proposición realizada a Podemos y del alcance de la misma.
Sea como fuere, el sector sanchista se apuntaba el primer triunfo: “García-Page -dicen- no puede hacer lo que le da la gana, tiene que tener en cuenta a los militantes”.
Si (
No(
