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Empieza la batalla por el nuevo modelo de financiación para garantizar el “Estado del Bienestar”
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Empieza la batalla por el nuevo modelo de financiación para garantizar el “Estado del Bienestar”

domingo 30 de julio de 2017, 19:05h

Más ingresos y cuanto antes, y más déficit. La postura de las Comunidades gobernadas por el PSOE en el Consejo de Política Fiscal y Financiera anticipa una dura negociación sobre el nuevo modelo de financiación. Desde el punto de vista presupuestario, las elecciones están a la vuelta de la esquina (el gobierno regional debe aprobar en septiembre el presupuesto de 2018), y el nuevo modelo económico español todavía no repercute en las arcas autonómicas en la medida que lo hizo el ladrillo.

En Castilla-La Mancha, continúa la crisis en la recaudación incluso con el aumento de la presión fiscal a ciudadanos y empresas en los impuestos transferidos. La estructura de la renta de los castellano-manchegos hace inviable una reforma del IRPF que permita aumentar sustancialmente la recaudación por el tramo autonómico. La solución está en obtener una porción más grande de la tarta que controla el gobierno central. Esa es la batalla cuyas escaramuzas se iniciaron a propósito del reparto entre administraciones del esfuerzo en el déficit y que ayer se ampliaron al nuevo modelo de financiación a partir del dictamen de la comisión de expertos.

Esos “sabios” de las dos administraciones, central y autonómica, apuntan en su informe una solución que satisfaga a todas las administraciones: dar la posibilidad a las Comunidades Autónomas de poner nuevos impuestos, como los copagos en servicios públicos, el aumento del IVA… La solución pasa no porque la mayor actividad económica genere más fondos, sino porque los ciudadanos paguen más. IRPF, IVA y tributos especiales (tabaco, alcohol, electricidad, hidrocarburos…) son las principales fuentes de financiación del Estado y de las Comunidades. Lo que está en juego es otro reparto de esos fondos y dar la posibilidad a las regiones para que los puedan aumentar para financiarse

La batalla por el reparto del dinero entre las administraciones central y autonómica anticipó ayer su dureza en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que están representadas las Comunidades y el Gobierno de la nación

Más déficit y la urgencia para que se apruebe el nuevo modelo de financiación que permitirá a los gobiernos autonómicos disponer de más ingresos para poder mantener unos presupuestos expansivos (con más gastos) fueron los temas que centraron el debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que algunas regiones ya anticiparon algunas de sus posiciones sobre el nuevo modelo de financiación provocando choques entre ellas por sus intereses contrapuestos.

Durante 2018 el gobierno de Castilla-la Mancha podrá ampliar su déficit de 124,65 millones de euros hasta los 166,2 millones y en 2019 podrá llegar a los 42 millones de euros. A partir de ese año, la Junta deberá ajustar el gasto no financiero a los ingresos y no podrá incurrir en déficit. Esa es la traslación a nuestra Comunidad del acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera gracias al voto de calidad del gobierno de la nación que establece en el 0,4% el límite del déficit para 2018 y en el 0,1% para 2019, una décima más que en el acuerdo anterior. Castilla-la Mancha votó en contra, dentro del bloque de regiones con gobierno socialista (salvo Extremadura que se abstuvo) que defienden un reparto más “equitativo” de los esfuerzos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera entre la Administración General y la Autonómica.

El conocimiento de la cifra de 2018 permite a la Consejería de Hacienda ajustar el proyecto de ley para el año que viene. Precisamente es en 2018 cuando está previsto que entre en vigor el nuevo modelo de financiación autonómica, una vez, la comisión de expertos ha elaborado su dictamen y propuestas.

Pero el debate no está en torno a esos 40 millones de más. El debate se centró en la urgencia de aprobar el nuevo modelo de financiación. La crisis económica hizo caer en picado la recaudación de las Comunidades Autónomas que se vieron obligadas a recortar drásticamente los gastos, lo que afectó a los servicios públicos fundamentales: educación, anidad y sociales. Algunos de los actuales gobiernos llegaron al poder en 2015 criticando esos recortes y prometiendo una recuperación rápida y sustancial de los servicios públicos.

La economía mejora, sobre la base de un nuevo modelo, que se caracteriza por la competitividad mediante la reducción de costes laborales y la búsqueda de nuevos mercados en el exterior. Pero esa mejora no termina de llegar a las arcas autonómicas y los que criticaron con dureza a sus oponentes se dan cuenta que ellos son incapaces de ir más allá. No hay dinero. El caso de Castilla-La Mancha es notorio. 2016 fue el año de la última década en el que el gobierno regional gastó menos dinero. Los múltiples anuncios de lo que se va a hacer, llegado final de año se quedan en buenas intenciones y en una frustración de las expectativas.
Hace falta más dinero. El modelo de financiación de 2009 que debería finalizar en 2014 se mantiene en vigor gracias a una prórroga mientras se llega a un acuerdo que lo sustituya.

Así las cosas, el gobierno regional de Castilla-la Mancha y el de otras regiones expresaron su deseo de que el modelo salga cuanto antes y para ello quieren empezar la negociación ya y que se establezca un calendario. Las fechas barajadas ayer no convencen, porque tras el paréntesis del verano, los documentos empezarían a ser analizados en septiembre por los técnicos de las distintas administraciones para llegar a un modelo que en noviembre pudiera estar en manos de los Gobiernos.

Los expertos han trabajado durante seis meses para hacer un análisis de la situación y las propuestas. Ahora, las prisas llevan a las administraciones a dar una solución en tres meses. Y esa solución luego debería ser aprobada por un Congreso de los Diputados donde ningún partido cuenta con la mayoría suficiente. La comisión de expertos proponía un pacto de nacional sobre el Estado del Bienestar para garantizarlo.

Pero el zapato aprieta de forma diferente a cada uno de los gobiernos nacional y de las distintas regiones y, con unas elecciones autonómicas en puertas, la tarea se presenta complicada.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ruiz Molina, ya ha anticipado una de las trincheras al valorar el informe elaborado por los expertos para la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Ha subrayado que hay un aspecto de este informe sobre el que Castilla-La Mancha está “radicalmente en contra”, que es el principio de ordinalidad.

Tras esa palabra se esconde que cada región recibirá del Estado para financiarse en función de su renta per cápita o de su esfuerzo fiscal. Eso supone que las regiones ricas recibirán más que las más pobres. Ello ha llevado al consejero de Castilla-la Mancha a afirmar que “respetar el principio de ordinalidad significa que en función de la capacidad económica que tengan los ciudadanos de una región tienen derecho a una mejor prestación de los servicios públicos y, desde luego, eso va en contra del principio de solidaridad que dice que todos, con independencia de nuestra capacidad económica, tenemos que tener acceso al mismo nivel de prestación de los servicios, al menos, de los servicios públicos fundamentales, como la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales”.

Está por ver si el gobierno regional hace del nuevo modelo una cuestión de partido o una cuestión institucional. Hasta la fecha se ha movido más en la primera de las sendas e incluso ha provocado la confrontación con el PP con la reforma de la ley de Hacienda y la subida de impuestos transferidos.

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