El anuncio del consejero de Hacienda, Ruiz Molina, a los sindicatos era el deseo de ganar tiempo y tener un buen titular que administrar, tan necesario tras conocerse el Viernes de Dolores (día 23) que las políticas presupuestarias han fallado y la Comunidad ha crecido por debajo de la media nacional, de las previsiones del propio gobierno regional y de los principales centros de estudios económicos.
Ahora sólo falta por conocer si los 14.200 millones de deuda (cifra provisional facilitada por el consejero) permiten a la región cumplir con el límite de endeudamiento y si el gobierno ha cumplido con la barrera de gasto, que en diciembre el Ministerio le avisó por carta que debía frenar porque la había sobrepasado.
A pesar de lo que hacía llegar a los sindicatos, Ruiz Molina, el consejero más sólido que tiene el gobierno del presidente García-Page, no las tenía todas consigo porque había computado el ingreso de 51 millones de la liquidación por parte de la Unión Europea del programa Operativo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional 2007-2013, lo que le hacía subir los ingresos de la Junta en 2017 en 0,12 puntos. Era justo la cifra que necesitaba, máxime tras haber señalado que la Universidad había tenido un déficit de 25 millones de euros. Con ella cuadraba el déficit y cumplía. Pero la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) terminaba por echar para atrás las pretensiones de la administración regional y anticipaba que en los datos provisionales dos terceras partes de esos ingresos no computarían y que ya se vería si finalmente el otro tercio tampoco lo hacía.
La IGAE había avisado que el lunes 26 haría públicos los datos de cierre de 2017 sobre el déficit de las diferentes administraciones y dentro de las Comunidades Autónomas, el resultado de las cuentas de cada una de ellas. Los de noviembre ya anticipaban que Castilla-La Mancha, junto a Murcia, eran las dos regiones que presentaban peores registros. Pero la traslación de las proyecciones daba a nuestra Comunidad una pequeña posibilidad de cumplimiento. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había fijado las probabilidades en poco más del 20%. Así las cosas, el gobierno regional en su particular guerra con la Universidad achacó a la UCLM un déficit de 25 millones de euros, lo que terminaba por enterrar esas pequeñas probabilidades, como ya anticipó clm21.es, al sumar un 0,06 más de déficit al registrado por el resto de entes públicos de la Junta.
Era un jarro de agua fría, el consejero presume de haberse esforzado en sanear las cuentas públicas, pero los ajustes del saldo presupuestario (ingresos menos gastos) en términos de contabilidad nacional, fijaban el dato provisional del déficit regional de Castilla-La Mancha en el 0,72% del PIB. Lo que, un año más significaría el incumplimiento de tener unas cuentas saneadas.
Ruiz Molina había convocado a los periodistas a las 13,45 del lunes en el salón de actos de su consejería para informar sobre los resultados de las cuentas públicas regionales de 2017. Tenía un power point preparado con las cifras fijadas de palabra por la IGAE, pero faltaba que oficialmente se confirmasen. Todavía tenía una pequeña esperanza. Esperaba tener los datos oficiales a esa hora, que la IGAE hubiera volcado los resultados en el portal del Ministerio y que fueran más favorables.
A las 12, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había iniciado una comparecencia para dar los datos consolidados de todas las administraciones públicas de 2017, para informar sobre las cuentas no financieras y las necesidades de financiación, que traducido al lenguaje común de los mortales significaba hablar de si las administraciones públicas habían gastado más de lo que habían ingresado y cuánto más.
Los datos que forman parte de la Contabilidad Nacional deberían ser volcados en la página oficial del Ministerio una vez terminada la comparecencia de Montoro. Ruiz Molina esperaba que se hicieran públicos para comprobar que se correspondían con los que tenía preparados en un power point a facilitar a los periodistas. Pero la IGAE tardaba en el volcado, a las 13,15 comienzan las deserciones de algunos periodistas que habían acudido a la convocatoria del consejero y algún otro plantea abandonar la rueda de prensa. A las 13,18 finalmente el consejero comparece acompañado por el interventor general de la Junta. Caras serias, lo que choca en un consejero de fácil sonrisa y semblante optimista. Se encienden las pantallas y se proyecta la ficha. El dato oficial se hace público: Castilla-La Mancha cerró 2017 con el 0,72% de déficit en relación al PIB. En la filmina el PIB es el dado a conocer el viernes por el Instituto Nacional de estadística 40.046 millones. Hasta unos días antes, se había manejado para los cálculos la prorrata del nacional que era de 40.175 millones. En rojo y destacado dos cifras: Los 25 millones de déficit de la Universidad y los 33 millones de ingresos del programa Operativo FEDER 2007-2013 no computados.
El déficit final de la Junta a final de 2017 había sido de 288 millones de euros, 48 millones más de los autorizados. El consejero Ruiz Molina trataba de poner buena cara y destacar la reducción de la lista de espera de dependientes, el incremento de plantilla, el pago de lo que quedaba de la paga extra de 2012 y el primer pago de la recuperación del 1,5% de pérdida de poder adquisitivo adicional.
La IGAE reconoce el impacto de las cuestiones salariales y cuantifica la subida en el “3,4% en la remuneración de asalariados, derivada de la subida del 1% en las retribuciones a los empleados públicos y de la recuperación progresiva del complemento específico íntegro”. Lo que el consejero no llega a decir es que otra de las razones del incremento del gasto tenidas en cuenta por la IGAE es “consecuencia en gran medida del mayor gasto del 22,4% en conciertos de asistencia sanitaria”, es decir por la transferencia de fondos a empresas privadas para atención sanitaria.
A partir de ahí, las explicaciones del consejero para decir que si no hubiese sido por esas dos circunstancias el gobierno hubiera cumplido inicialmente y hubiera alcanzado el 0,57% del déficit en relación al PIB: Son las palabras de un experto profesor universitario acostumbrado a oír excusas de malos estudiantes. “Pero el dato oficial dice que el déficit de la Junta es del 0,72%”. Aunque finalmente en la nota de prensa no se resistió y trasladó que “El gobierno regional cumple el objetivo para 2017, al registrar un déficit del 0,57 por ciento imputable a su gestión”.
Había tratado también de poner también en cuarentena los datos del PIB nacional desagregado por Comunidades que había hecho el Instituto de Estadística el viernes anterior y que decían que nuestra Comunidad había crecido el 2,5% un dato muy malo teniendo en cuenta que las previsiones más moderadas y conservadoras del gobierno eran que lo hiciera en el 3% (había difundido hasta la saciedad que servicios de estudios como CEPRE le daban unas previsiones a principios de 2017 de cerrar el ejercicio con un 3,3% y el BBVA con un 3,4%. Pero finalmente, Ruiz Molina se rindió ante la realidad y dijo “en cualquier caso y hasta que se revisen los datos en diciembre, el PIB ha crecido el 2,5%”.
Un día antes (el jueves 22), el consejero había informado de que el modelo de financiación aprobado por los gobiernos de Zapatero y Barreda en 2009 había generado una pérdida de 8.000 millones de euros a la región. Lo que María Luisa Araujo, la vicepresidenta del gobierno regional de entonces había vendido como un modelo que beneficiaría a Castilla-la Mancha y que traería 500 millones de euros más al año, a ojos de los técnicos de la Consejería, no sólo no ha aportado esa financiación extra sino que ha infradotado a la Comunidad con no menos de 800 millones de euros anuales. El problema es que cuando se hicieron los trabajos preparativos de ese modelo tan nefasto a ojos de Ruiz Molina, su jefe actual, García-Page, era vicepresidente del gobierno de José María Barreda.
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