Excluidos estos fondos y otros asimilados, el presupuesto de gastos de Castilla-La Mancha para el año pasado se elevó a 8.329 millones de euros. El gobierno del presidente García-Page se gastó solamente 7.647 millones. La mayoría de los recortes se aplicaron a los fondos no financieros, que son los destinados a cubrir los servicios públicos.
En concreto, de los 6.772 millones de euros del presupuesto no financiero, el gobierno regional se gastó tan sólo 6.126, lo que supone que dejó sin gastar 646 millones de euros, lo que representa el 9,55% del presupuesto para servicios públicos. En su conjunto, las Comunidades autónomas españolas presentaron un nivel de ejecución de estas partidas del 93,5% y dejaron sin gestionar sólo el 6,5% de sus créditos definitivos. Si se toman como referencia los créditos iniciales, las regiones españolas gestionaron el 98,98% de sus presupuestos. En el caso de Castilla-La Mancha el porcentaje se redujo al 93,52%.
Los datos revelan que la inejecucion afectó fundamentalmente a las inversiones directas y a las ayudas a empresas, ayuntamientos y organizaciones para financiar inversiones productivas. Es lo que se conoce como gastos de capital. El gobierno del presidente García-Page sólo reconoció obligaciones de pago por el 51,37% y dejó sin gastar 262 millones de euros.
El otro gran capítulo que se vio afectado por la inejecución presupuestaria fue el de las subvenciones corrientes, de las que el gobierno regional dejó sin conceder 270 millones de euros, el 15,56%.
En su conjunto, los gobiernos autonómicos se acercaron a una gestión del 69% de sus gastos de capital, casi 18 puntos más que nuestra Comunidad. En cuanto a las ayudas y subvenciones corrientes, las regiones españolas en su conjunto concedieron el 93,35% de lo consignado y su nivel de inejecución quedó reducido a un 6,65%, casi 9 puntos menos que Castilla-La Mancha.
La baja ejecución del gobierno regional tiene una de sus causas principales en los bajos niveles de ingresos, hasta el punto de que sólo se llegaron a fijar como definitivos 6.147 millones de euros en operaciones no financieras, a los que habría que sumar otros 240 millones de déficit autorizado. En total los gastos no financieros anunciados por el gobierno (6.772 millones) sólo estaban respaldados por 6.387 millones de euros en ingresos. Sin embargo, el gobierno dejó sin recaudar 308 millones de euros, en su mayoría procedentes de transferencias corrientes y de capital. Los gastos reconocidos representaron el 95% de los contemplados, tanto inicialmente como de forma definitiva. En el resto de las Comunidades Autónomas los porcentajes rozaron el 100%, el 99,79% sobre previsiones iniciales y el 98,11% sobre definitivas.
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