A pesar de los comunicados oficiales en los que el ejecutivo trata de trasladar los esfuerzos por el control financiero, los datos anticipados y las proyecciones reflejan la incapacidad del ejecutivo de García-Page de tener bajo control las finanzas públicas, que continúan deteriorándose, con la consiguiente repercusión negativa en los servicios públicos regionales y en los ciudadanos.
El gobierno regional tenía que cumplir tres obligaciones en 2017 para no tener que hacer planes de ajustes y recortes en los servicios públicos. El primero era no sobrepasar el déficit entre ingresos y gastos en un 0,6% del PIB. Los datos anticipados lo sitúan en el 0,72%. El segundo era no tener una deuda pública que sobrepasara el 35% del PIB. Antes de hacer los ajustes, la deuda ha llegado al 36% y las proyecciones una vez aplicados los ajustes la sitúan en el 35,4%. La tercera obligación financiera era no aumentar el gasto en más de un 2,1% durante el año pasado. A finales de noviembre llevaba ya el 1,9% y el fuerte ritmo y el hecho de que diciembre sea tradicionalmente uno de los meses de mayor gasto hizo que el Ministerio reconviniera a la Consejería para que frenara, porque existía un riesgo evidente de incumplimiento. El gobierno de García-Page tiene que presentar ahora un plan de ajustes y de recortes en los programas de gastos de 2018 para corregir las desviaciones de 2017.
Otro requisito adicional, este para poder beneficiarse de los mecanismos extraordinarios de financiación, es el de pagar a los proveedores en menos de 30 días oficiales. El gobierno regional cerró diciembre con un Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP) de 15,46 días y una deuda de facturas sin pagar de 156,27 millones de euros. Esto le permite obtener créditos a través del Estado que no podría conseguir en el mercado. Hasta el punto que de los 14.430 millones que debe, 10.742 millones son al Estado.
A finales de año debía 14.430 millones en créditos, 156 millones a proveedores y 90 a beneficiarios de ayudas y convenios
A finales de enero de 2018, el gobierno del presidente García-Page todavía debía a sus proveedores 81,1 millones de euros de esos 156,27 con los que cerró diciembre y había acumulado nuevas facturas por 131,95 millones. De hecho, el pasado mes de enero ha sido con 17 días el peor mes en PMP de los últimos trece, con excepción de mayo del año pasado (19,95 días).
Cuando el lunes 26 de marzo el consejero de Hacienda daba los datos de incumplimiento del déficit público por parte de la Junta, clm21.es se interesaba por los otros dos factores que determinan o no el cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que en definitiva son los que marcan la salud de las finanzas públicas: la deuda pública y el límite de crecimiento de gasto del gobierno. En ese momento el consejero habló ante los periodistas de que esperaba cumplir y que la deuda se había quedado en 14.200 millones de euros. Sobre la regla de gasto dijo que esperaba haber cumplido, a pesar de que en diciembre el gobierno regional había sido requerido por el ministerio para que corrigiera el ritmo de gasto que tenía a tan sólo unas semanas de acabar el año.
El miércoles 28 de marzo, tan sólo dos días después de la rueda de prensa del consejero, los datos reales volvían a desmentir al gobierno. Castilla-La Mancha cerró 2017 con una deuda financiera de 14.430 millones de euros, el 36% del PIB y 230 millones más alta que lo anticipado por el ejecutivo. El límite que no se podía rebasar en el caso de Castilla-La Mancha era el del 35%.
En esa cuantía de 14.430 millones falta hacer algunos ajustes y descontar las cantidades destinadas a financiación de deuda de años anteriores Con todo, las proyecciones apuntan a que la cifra final habría alcanzado el 35,4% y el gobierno del presidente García-Page habría incumplido el segundo de los criterios. Será en octubre cuando oficialmente se conozca el dato.
Lo mismo sucede con el tercer criterio de obligado cumplimiento, el límite de gasto que no se podía incrementar en más de un 2,1% sobre el de 2016. Ese porcentaje se calcula en función de las previsiones de crecimiento medio del PIB para un periodo y trata de asegurar que el gasto no crece de forma desbocada sin un respaldo de ingresos. A finales de noviembre, el gobierno había alcanzado ya el 1,9%, pero había aumentado el ritmo de gasto en un 5,25% en ese mes lo que hacía temer al Ministerio que de mantenerse ese porcentaje en diciembre, la Junta no cumpliría el objetivo.
En cuanto a la deuda pública, el gobierno consciente de que el dato final no es bueno ha recurrido a tratar de trasladar que “el control de la deuda pública por parte del Ejecutivo regional está siendo una constante a lo largo de toda la legislatura, ya que desde junio de 2015 Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma de régimen común que menos ha incrementado su porcentaje de deuda pública sobre el PIB”.
Las cifras revelan que Castilla-La Mancha fue durante el pasado año la octava región en la que más creció la deuda pública. Esa misma posición la ocupa también si se toma el periodo 2016-2017, los dos años de presupuesto completo del gobierno del presidente García-Page.
Si (
No(
