Acogimiento de refugiados del “Aquarius”, una cuestión de humanidad en la que el gobierno de García-Page aplicó cálculos electorales

Y es bueno y digno de elogio que haya municipios y alcaldes -con los que se puede estar o no en las antípodas políticas- que abran las puertas de su ciudad, como han sido Valencia y Barcelona. Y es de aplaudir que el lehendakari Iñigo Urkullu se apresurara a ofrecer acoger a una décima parte de los inmigrantes. A rebufo de la iniciativa del presidente vasco, se produjeron otras que, a juzgar por hechos pasados y no tan pasados, tienen más que ver con el cálculo, la imagen y la estrategia, que con la sincera humanidad.

Quiso la casualidad que el mismo día que el gobierno de España anunciaba por sorpresa su decisión de los inmigrantes rechazados por Italia y Malta, clm21.es publicara una información titulada “Cuatro conflictos de servicios sociales entre CLM y el Ministerio con trasfondo económico, sobre la mesa de la nueva ministra”. En la información se daba cuenta de que: “La tercera fuente de conflicto es la financiación del sistema de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). El aumento de la inmigración ilegal desde África ha supuesto que en Castilla-La Mancha durante 2017 se tuvieran acogidos a un centenar de menores extranjeros no acompañados, el doble que en 2016, por lo que desde Bienestar Social se reclama al Ministerio “una respuesta coherente y coordinada”. Y así lo hizo ver en su día la consejera.

Así las cosas y tras la salida de varios presidentes autonómicos ofreciendo hospitalidad, a última hora del miércoles, el gobierno regional hacía público un comunicado en el que decía “El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece al Gobierno de España su colaboración en la acogida de las más de 600 personas que se encuentran a bordo del barco ‘Aquarius’, que está previsto que lleguen a España a finales de semana tras haber sido rechazadas por el Gobierno de Italia”.

Es de esperar que tras el ofrecimiento humanitario no se reclame dinero para atenderlos con eufemismos como “respuesta coherente y coordinada”. No sería nada humanitario.

La Ley de Mecenazgo hace aguas

En la región, el gobierno del presidente García-Page ha sufrido su primer revés legislativo desde que está en coalición. Ha sido con la Ley de Mecenazgo, que no recibió el apoyo mayoritario en la comisión parlamentaria que debía elaborar el dictamen. El caso Incarlopsa destapado por clm21.es y las donaciones a la Fundación Impulsa, que se encarga de la promoción del gobierno y su presidente, han terminado por tumbar el proyecto de ley en la comisión parlamentaria.

No se trataba de una ley para promocionar la cultura, como ha tratado de vender el gobierno. Era otra cosa. Hay demasiadas fundaciones dependiendo del gobierno. El gobierno no precisa de fundaciones para actuar, al menos para hacerlo de forma transparente y sujeto el máximo control. Puede haber mecenazgo sin necesidad de fundaciones públicas.

Y con el escándalo Incarlopsa, el Ejecutivo de García-Page debería abstenerse de que su fundación reciba fondos de empresas que son contratistas del gobierno regional y/o que tienen abiertos expedientes sancionadores por parte de la administración autonómica.

La fundación Impulsa canaliza buena parte del tráfico publicitario del gobierno del presidente García-Page. Entre 2016 y 2017 recibió 2.285.000 euros de 17 empresas. Algunas de las empresas participan con fundaciones de otros sectores y tienen un compromiso decidido con la cultura y con la Comunidad Autónoma y su proceder no denota un interés interesado.

Entre las sociedades donantes figuran Liberbank, que entregó a la causa de Impulsa 430.000 euros. A finales de marzo de este año la Junta tenía 167,5 millones depositados en entidades financieras como cuentas de tesorería. La mayor parte de ese dinero estaba sólo en dos entidades: Caixabank, donde el saldo final era de 64,4 millones y Liberbank, con 60,96 millones de euros. La Caixa también donó 150.000 euros a la fundación Impulsa

Una de las constructoras del hospital de Toledo, OHL donó a Impulsa 125.000 euros. Iberdrola, con numerosos expedientes abiertos por la administración regional por electrocución de aves y especies protegidas en sus torres de alta tensión, donó 200.000 euros. La empresa que tiene el contrato centralizado de toda la telefonía de la Junta, también está entre los donantes

En el caso de Incarlopsa la donación llegó a los 400.000 euros. La empresa pudo recibir del gobierno regional ayudas del FOCAL tras modificar el gobierno del presidente García-Page las limitaciones que impedían a las grandes empresas recibir ayudas de estos fondos que en su origen estaban destinados a fomentar la comercialización agroalimentaria de pymes y cooperativas. En la convocatoria anterior, Incarlopsa no recibió subvenciones del Gobierno del PP, recurrió a los tribunales y perdió. En una nueva convocatoria con las bases modificadas por el gobierno de García-Page, Incarlopsa y su filial Secalsa recibieron 4.752.672,43 euros, lo que equivale al 9,5% del presupuesto de 50 millones establecido para todas las empresas. No es la única gran empresa agroalimentaria de la región que figura entre los donantes, ni la única que se ha beneficiado de fuertes subvenciones del FOCAL.

Puestos a recaudar fondos para un fin, busque el gobierno atender a los refugiados y canalice fondos a través de otra de sus fundaciones, la sociosanitaria, y deje la “promoción institucional” en último plano de las tareas urgentes.

Y hablando de fondos, prepare el gobierno la cartera para devolver a los contribuyentes el dinero cobrado de más en virtud de una norma fiscal declarada contraria a la Constitución, a la que tanto se ama y se defiende. Esta semana el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo 9 de la Ley en Materia de Tributos Cedidos de Castilla-La Mancha que exigía que para poder ser beneficiario de las bonificaciones en el impuesto de donaciones el sujeto pasivo debía tener su residencia en Castilla-La Mancha. El TC considera que la norma castellano-manchega vulnera los artículos 14 y 31.1 de la Carta Magna.

La ley autonómica de 2009 concedía bonificaciones de hasta el 95% a los beneficiarios de las donaciones con grados de parentesco 1 y 2 con el donante (cónyuge, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos). Pero sólo en el caso de que residiesen en Castilla-La Mancha. Ahora el TC ha declarado nulo el precepto. Está por ver cuánto ha ingresado la Junta de Comunidades por esta norma ilegal y si va a devolver a los contribuyentes el dinero cobrado con esta norma inconstitucional.

Y hablando de dinero, alguien en el gobierno debería explicar para qué se viaja a Bruselas bajo la excusa de conseguir fondos para la Región, si luego los fondos –los que ya había asignados y los nuevos- se dejan sin gastar. De igual modo deberían explicar por qué tanto criticar al gobierno de España porque “castiga a Castilla-La Mancha”, cuando los fondos que envía el ejecutivo central a la Junta para proyectos de inversión también se quedan sin gastar.