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Fachada de la Consejería de Hacienda.
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Fachada de la Consejería de Hacienda. (Foto: JCCM)

El gobierno regional recurre a datos falsos en sus comunicados oficiales para tratar de esconder el retraso en el pago a proveedores

miércoles 01 de agosto de 2018, 11:37h
El gobierno regional ha hecho público un rocambolesco comunicado sobre el periodo medio de pago a proveedores, en el que no se determina cuál ha sido ese plazo medio en el que ha abonado sus facturas en los últimos meses (el comunicado se ofrece íntegramente al final de esta información). La causa de esta peculiar información reside en que en los últimos meses el gobierno del presidente García-Page ha incumplido sistemáticamente el plazo legal de 30 días y ha incurrido en morosidad y paga a más días que la media de Comunidades Autónomas. El comunicado, que también recoge datos que no son ciertos, es un claro ejemplo de lo que se conoce como noticia falsa (fake news), que se propaga de forma rápida en la medida que los medios de comunicación lo reproducen y corre por las redes sociales.
Para negar esta evidencia de haber incurrido en morosidad, el gobierno recurre al antiguo sistema de cálculo, que tuvo que ser modificado mediante decreto del gobierno de España porque era contrario a las directivas europeas y a la propia ley española en las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Según la normativa vigente, el gobierno de Castilla-La Mancha (el sector administrativo de la Comunidad) pagó sus facturas en el mes de abril a una media de 46,68 días. En mayo lo hizo a 36,77 días y en junio a 33,82 días. La ley contra la morosidad establece un plazo máximo para las administraciones públicas de 30 días. Superado ese periodo, los proveedores del sector público pueden pedir que se le abonen los intereses de demora correspondiente. Si al dato del sector administrativo se le añade el del sector empresarial y fundacional y de otros organismos (como la Universidad) se determinan el periodo medio global de la Comunidad y en este caso el plazo fue de 50,18 días en abril, 31,09 en mayo y 28,25 en junio.

La ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (2/2012 de 27 de abril), introdujo el concepto de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de acuerdo con una metodología a concretar. Esa metodología se estableció en un decreto de julio de 2014 y con ella el periodo se empezaba a contar a partir de los 30 días de registro de la factura o de la presentación de la certificación de obra. Este sistema hacía que las administraciones ganasen 30 días y pudieran diferir el pago 60 días, lo que contravenía la ley española contra la morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) y la normativa europea, en concreto la directiva 2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El sistema provocó la denuncia de algunos proveedores y algunos fallos judiciales, lo que obligó al gobierno de España a corregir el sistema de cálculo mediante un decreto el pasado mes de diciembre. Ese decreto empezó a aplicarse en las cuentas del mes de abril.

Y con el nuevo sistema, el adaptado a la legalidad, el gobierno regional del presidente García-Page incumple el plazo de 30 días marcado en la ley y debería pagar intereses a sus proveedores. El comunicado del gobierno se centra en el sistema anterior, desechado por ilegal, para presentarse como buen pagador, todo lo contrario a la realidad.

La evolución de este proceso normativo está reflejada en los documentos de la Intervención General del Estado y puede consultarse en la página 3 del documento “Informe del artículo 6.1 del real decreto 635/2014, de 25 de julio, modificado por el real decreto 1040/2017 de 22 de diciembre por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas…”, que puede consultarse en la dirección de la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda.
La nota íntegra del gobierno de Castilla-La Mancha, que ha sido reproducida por la mayoría de los medios de comunicación dice literalmente:

“El periodo medio de pago a proveedores en Castilla-La Mancha, sin la nueva metodología de cálculo que ha aprobado el Ministerio de Hacienda, queda en nueve días en el mes de junio, según datos de la Intervención General de la Junta de Comunidades. Es el mejor dato en lo que se lleva de 2018.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto por el que se modificó la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, cambio que entró en vigor a partir de los datos del mes de abril.

Así, de acuerdo con esa metodología, el pago medio a proveedores en junio es de 22 días, también por debajo del límite máximo legal de 30 días, según los datos publicados por la Intervención General de la Junta en el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha.

Una tendencia que también se mantiene en los datos publicados hoy por el Ministerio de Hacienda referentes al periodo medio de pago a proveedores en Castilla-La Mancha de los pasados meses de abril y mayo, que ya se computan con la nueva metodología, aunque el Ministerio también ha dado a conocer la cifra que le correspondería a ambos meses con la anterior metodología, para que se pueda comparar con ejercicios anteriores.

Así, en los meses de abril y mayo, el periodo medio de pago a proveedores con la anterior metodología es de 24 y 22 días, respectivamente, en línea con los datos que se han venido registrando durante la presente legislatura.

El Gobierno regional abonó tanto en 2016 como en 2017 las facturas a sus proveedores en la mitad de días que la media nacional. Así, durante el año pasado, Castilla-La Mancha registró un periodo medio de pago a proveedores de 12 días, mientras que en la media de las comunidades autónomas esta cifra ascendía hasta los 23 días.

Durante el año pasado, además, el Ejecutivo castellano-manchego consiguió el mejor dato de pago a proveedores desde que hay registro, que fue de seis días en septiembre, mes en el que Castilla-La Mancha se situó como la comunidad autónoma de régimen común que más rápido abonó las facturas a sus proveedores.

Respecto al primer trimestre de este año, el periodo medio de pago de Castilla-La Mancha fue de 17 días en enero, 15 en febrero y 23 en marzo, con la metodología que se ha utilizado hasta el mes de abril”.

Este texto está precedido de un antetítulo: “El mejor dato en lo que se lleva de 2018”, y de un título: “El periodo medio de pago a proveedores, sin la nueva metodología de cálculo, queda en nueve días en el mes de junio en Castilla-La Mancha”.

Además lleva dos sumarios o entresacados (textos destacados). El primero dice que “Con la nueva metodología, aprobada por el Gobierno de España en diciembre de 2017 y que entró en vigor el pasado mes de abril, el periodo medio de pago a proveedores en junio es de 22 días”. El segundo: “El periodo medio de pago a proveedores en Castilla-La Mancha, con el anterior indicador, se mantiene en los meses de abril y mayo en línea con los datos que se han venido registrando durante la presente legislatura”.

Esta nota oficial puede consultarse en la página oficial del Gobierno.

Lo cierto es que en junio, con la nueva metodología (la legal) el periodo medio de pago de la Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha fue de 28,25 días (gobierno y todos los entes empresariales y fundacionales y otros organismos) y el del gobierno regional fue de 33,82 días (los datos puede consultarse en el portal de transparencia de Castilla-La Mancha, en la página de la Intervención General.
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