El Consejo de Política Fiscal, clave para la financiación autonómica de 2019

Con esa necesidad llega al nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que propondrá de nuevo a las Comunidades que acepten la nueva senda que les permitiría tener un déficit en 2019 del 0,3% del PIB en lugar del 0,1% aprobado inicialmente. Eso supondría que las regiones españolas podrían gastar 2.500 millones de euros más (86 millones en el caso de Castilla-La Mancha). Esa cuantía no estaría financiada por el Estado. Correría a cuenta de las Comunidades, que deberían aumentar su deuda pública en esa cuantía.

El asunto es si esos 2.500 millones vía déficit se van a añadir al gasto previsto por las Comunidades o van a servir para compensar un recorte de financiación del gobierno central a las Comunidades por valor de 2.800 millones de las entregas a cuenta del IVA que les corresponde a las autonomías.

Esa es una de las cuestiones que se verá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si el gobierno central recorta 2.800 millones de la financiación a las Comunidades y les compensa aumentando la senda de déficit, el gobierno de Pedro Sánchez puede ahorrarse una subida de impuestos de dudosa efectividad. De hecho, el incremento del gravamen del gas-oil y la lucha contra el diésel, además de las críticas políticas y de determinados sectores, ya empiezan a tener consecuencias prácticas: la planta de Volkswagen en Navarra ya ha anunciado la paralización durante una semana el próximo mes, con lo que ello implica en recorte de plantillas y de producción y comercialización en el mercado nacional, así como en exportaciones al exterior.

Además, la subida del gasóleo se quiere hacer recaer sólo en los particulares y evitar el impacto en el transporte profesional y en la agricultura. Las exclusiones se hacen para evitar el impacto directo en los precios. No obstante, la repercusión en los bolsillos de los ciudadanos tendrá sus consecuencias en el dinero disponible y en el consumo, que hoy por hoy es una de las variables que contribuye al crecimiento de la economía. Por no decir que si el principio en el que se basa la subida del impuesto es meramente ecológico y no recaudatorio o económico, no se explican las excepciones.

El impuesto a la banca también tiene sus flancos débiles y así se lo ha trasladado el sector al gobierno. Lo mismo ocurre con el impuesto de sociedades para que el tipo mínimo efectivo sea del 15%. Algunas grandes compañías ya han señalado que esa medida afectará a sus planes de inversión, que deberán ser ajustados a la baja, con lo que eso conlleva en materia de creación de empleo y competitividad y, en consecuencia, en el crecimiento.

Queda la otra gran medida fiscal: el impuesto a las tecnológicas que, en principio, es el que menos puntos de resistencia tiene.

Así las cosas y con necesidad de aumentar los ingresos para incrementar el gasto, la relajación de la senda de déficit y el rebañar fondos a otras administraciones se presenta como la solución más rápida y efectiva, a pesar de la contestación que pueda surgir de las Comunidades. Y eso es lo que se va a tantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que más regiones gobernadas por el PP llegan unidas contra un mayor endeudamiento y reclamando que se les dé el dinero que les corresponde por la financiación a través del IVA. Las regiones del PSOE cierran filas en torno al gobierno central a sabiendas de que en el peor de los casos (si el Ministerio les recorta la financiación de un mes de IVA) se quedarán casi como estaban y en el mejor, (que finalmente no se produzca ese recorte de la financiación vía IVA) dispondrán de 2.500 millones adicionales.