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El gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al completo.
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El gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al completo. (Foto: JCCM)

El gobierno maneja la ley de Transparencia a su conveniencia

jueves 20 de septiembre de 2018, 20:56h
Lo de la transparencia es un “bluf”. Al menos aquellos aspectos más comprometidos políticamente para el gobierno. Así ha quedado de manifiesto esta semana con la manipulación de las listas de espera sanitaria (en favor del gobierno, claro). La actuación del gobierno siguió la siguiente secuencia: Primero, el silencio. Segundo, acusar a los que denunciaban la manipulación de “fabricar noticias falsas”. Tercero, cuando las redes sociales eran un hervidero por la crítica de ciudadanos al gobierno con información de casos concretos de los propios afectados y la información se abría paso entre los periodistas, achacaron la manipulación a “un error informático”. Aquí nadie ha dimitido ni nadie ha pedido disculpas.
Este ha sido un episodio que se suma a otros ya registrados. Otra muestra: Esta semana el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y varios Colegios y asociaciones de abogados han denunciado que el gobierno del presidente García-Page no prorroga el convenio para la protección y asistencia jurídica de las mujeres víctimas de violencia de género y de agresiones y abusos sexuales. Tras esta denuncia, una subvención directa -otra más y sin convocatoria- a la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo (AMFORMAD) de 230.958 euros (100.979 para 2018 y 129.979 para 2019) por parte del Instituto de la Mujer para el proyecto “Prevención e intervención integral de agresiones y abusos sexuales en Castilla-La Mancha”. El proceder del gobierno supone que lo que antes costaba 20.000 ahora cuesta 230.000, que lo que antes hacían los profesionales de la abogacía a través de sus órganos colegiales (corporaciones de derecho público) ahora se privatiza a través de una asociación. Pues bien, es una misión casi imposible conocer a través del portal de transparencia qué cantidades ha recibido en subvenciones esta asociación cercana al poder. No es la primera que recibe desde otros departamentos del gobierno. Tal es la transparencia, que es imposible conocer si las subvenciones se solapan.

En este caso el gobierno también se apunta a la desinformación. Según público eldiario.es, la directora del Instituto de la Mujer dice que los Colegios de Abogados no han querido reunirse para conocer los detalles de esta subvención. Lo cierto es que miembros de la Abogacía están esperando a que tanto el gobierno como el Grupo Socialista en las Cortes les den fecha para poder reunirse. Han cerrado encuentros con el Grupo Popular y con Ciudadanos, y están en conversaciones con Podemos para fijar día y hora. El gobierno, en más de lo mismo.

El gobierno sigue sin publicar la gestión económica del mes de diciembre del año pasado. La ley de Transparencia establece que hay que publicar la de todos los meses y no establece distinciones. La de diciembre permite conocer cómo ha gestionado el gobierno. Permite saber qué recortes ha hecho, qué cantidades pormenorizadas se quedaron sin pagar, cómo se gastó más en derivaciones a la sanidad privada (este dato se conoce indirectamente porque aparece en un informe de la Intervención General del Estado), si se hicieron las inversiones anunciadas, si se dieron las ayudas y, las que se dieron, en qué fecha. El gobierno, de publicar esta información, lo hará en el último tramo de 2018, cuando se esté hablando ya del dinero de 2019, en la confianza de que lo de 2017 ya casi ni interesa desde el punto de vista político. Dirá que es transparente. Pero los plazos son a la transparencia lo mismo que a la justicia, una transparencia diferida no es transparencia.

Y es que la gestión es un desastre. Los expertos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dicen en su último informe que ven difícil que Castilla-La Mancha cumpla el objetivo de déficit. Y dicen más: que la situación ha empeorado respecto el informe anterior, el que hicieron en junio y que sacó a pasear el gobierno. Ahora, el gobierno calla y oculta el último informe… Y como la comunicación va por delante de la política, ya han articulado una respuesta para los periodistas: “Lo que importan son las personas y no los límites de gasto”. Es una respuesta simplista y falsa, porque el incumplimiento de los límites establecidos por ley tendrá un impacto negativo en los servicios públicos.

Lo de los impuestos

Aunque la decisión no es de aquí, sino de allí, de La Moncloa a aquí se aplaude la subida de impuestos porque va contra “los ricos”. Tan simplista como eso.

Y en esto va y sale el consejero de Hacienda de Andalucía y ex rector de la Universidad de Sevilla. Lo hace en una entrevista en el diario elEconomista : "Es un error tildar a los profesionales de 'ricos' y demonizar a los empresarios". Y advierte: “Yo puedo comprender el discurso de la progresividad de los impuestos, pero impartir justicia social a través de los impuestos me parece una visión demasiado antigua, que no corresponde a estos momentos del siglo XXI. No puedo decirle a la gente que sea emprendedora, profesional, que monte un negocio, que estudie un negocio... para después decirles que si cobran 60.000 euros son ricos y deben pagar más impuestos. Además tiene muy poco impacto recaudatorio. Sin embargo, nos quedamos todos muy contentos impartiendo este tipo de justicia. Lo que genera igualdad no son los impuestos, es que la gente acceda a la educación, que tenga una sanidad, que tenga dependencia, pensiones públicas...”. Lo dicho, la frase es del consejero socialista de Andalucía.

Y es que se está articulando un discurso que a medio plazo derivará en un impacto negativo para la economía y por tanto para los ciudadanos. Lo de subir los impuestos en una economía globalizada no se puede reducir al discurso populista rico-pobre. Hay otras derivadas en juego: la competitividad de los productos españoles y por tanto de la producción y, por tanto, del empleo. La posible fuga de altos directivos a otros países con una menor fiscalidad, la elusión fiscal de las grandes compañías y el cambio de los domicilios fiscales, frenar la inversión de capitales… Y esa subida se anuncia en momentos de desaceleración económica, que marca un camino hacia cambio de ciclo… El gobierno confía en que el gasto público sea un factor positivo.

El tratar de igualar por debajo en lugar de por arriba termina arruinando los países donde prospera esa forma de entender la economía. Lo del impuesto al gas-oil ya se ha cobrado parón de plantas de fabricación. Ahora se anuncia gravar los pisos vacíos, sin determinar qué se entiende por pisos vacíos… Claro que es más fácil subir los impuestos a los pisos vacíos que hacer más vivienda pública. Con más vivienda pública se da solución a los ciudadanos que necesitan casa y se enfrían los ánimos de los especuladores… ya se ha comprobado el resultado de la política de vivienda en ciudades como Madrid o Barcelona, en las que el precio se ha disparado.

Es más sencillo y honesto decir quiero mejorar la sanidad, la educación y no tengo dinero, necesito recaudar más y estoy buscando fórmulas para hacerlo. Claro que hay que tener la capacidad de hacerlo sin penalizar a la economía, porque si la economía se frena, caen los ingresos que se vienen obteniendo por las vías actuales y en vez de recaudar más, las medidas provocan el efecto contrario y afectan directamente a las economías familiares.

Y mientras, el recibo de la luz no deja de subir. Y el gobierno como si no fuera con él. Saca una campaña publicitaria del bono social y ya está. Y es que cuanto más sube la luz más recauda el gobierno. En concreto más del 50% del recibo de la luz es para el Estado a través del IVA del Impuesto Especial sobre la Electricidad las compensaciones, las primas y las coberturas de déficits. La luz, un bien básico, se ha convertido en una fuente de recaudación. El gobierno ha suspendido temporalmente (que no eliminado) el impuesto sobre generación de la electricidad. El 7% con el que ese impuesto grava la luz y que pagamos todos sirve al Estado para recaudar 1.500 millones de euros anuales, más de lo que se contempla recaudar con un impuesto a la banca.
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