Hasta finales de julio el gasto del gobierno regional había crecido un 7,61% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los ingresos sólo lo habían hecho en un 4,85%. En el conjunto autonómico la relación es inversa: los ingresos crecen (5,27%) a mayor ritmo que los gastos (2,70%).
El desfase final se cubrirá con cargo a deuda pública, lo que hipoteca los ejercicios futuros y supone un factor de riesgo, como vienen advirtiendo todos los analistas económicos. La deuda financiera alcanza ya los 14.729 millones de euros, el 36,1% del PIB. El alza iniciada del precio del dinero supondrá un mayor coste de esa deuda (pago de intereses) que deberá ser sufragado con cargo a una mayor recaudación. Al mismo tiempo la desaceleración económica amenaza con impactar en las cuentas públicas y en la capacidad de ingreso de las administraciones, lo que, a medio plazo, puede traducirse en que los gobiernos tengan que llevar a cabo recortes del gasto en servicios públicos para poder atender sus compromisos de pago de su deuda, que son considerados créditos preferentes.
El gobierno regional tiene previsto acudir a más deuda para poder pagar los vencimientos de créditos y el déficit de este año y el exceso del 2017
Este año las Comunidades autónomas tienen previsto pagar en gastos financieros (fundamentalmente intereses) 4.422 millones de euros. A eso hay que sumar que harán frente a una amortización de capital por 27.485 millones de euros. A pesar de esa amortización algunas regiones (entre ellas Castilla-La Mancha) necesitarán nuevos créditos para hacer frente a esos vencimientos y cubrir sus déficits. En total el sector autonómico prevé suscribir créditos por 32.554 millones de euros, lo que supondrá un aumento de la deuda viva de casi 5.100 millones de euros.
En el caso de Castilla-La Mancha, durante 2018 el gobierno contempla amortizar 1.606 millones de su deuda pero prevé suscribir créditos por 1.916 millones. Los gastos financieros de estas operaciones y del pago de intereses a los que tendrá que hacer frente el gobierno del presidente García Page este año son de 218 millones de euros. A finales de julio ya había pagado 143 millones y tenía comprometidos otros 65 millones. El año pasado los costes financieros le metieron un bocado a los servicios públicos en nuestra región de 231 millones de euros.
Algunas de las regiones españolas se están anticipando a un escenario más adverso de la economía mediante el saneamiento de sus finanzas y la aplicación de una gestión presupuestaria más prudente conteniendo el déficit y por tanto su endeudamiento. Incluso algunas, como canarias tienen previsto reducir su pasivo financiero.
A finales de julio, el conjunto del sector autonómico presentaba una gestión de sus ingresos previstos del 56,42%. En el caso de Castilla-La Mancha, donde la economía presenta mayor ritmo de desaceleración, ese porcentaje se quedaba en el 52,85% de las previsiones del gobierno del presidente García-Page. El ritmo de la ejecución de los respectivos gastos es similar, del 51,68% en el conjunto autonómico y del 51,52% de Castilla-la Mancha. Estos porcentajes son los que se traducen en el superávit del conjunto regional de 2.899 millones y del déficit de Castilla-La Mancha de 185 millones.
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