A pesar de que los ingresos no financieros aumentaron un 7,56% respecto a 2016 (hasta los 6.669 millones de euros), el gobierno sólo hizo crecer el gasto no financiero en un 4,53% (hasta los 6.906 millones de euros). Aún con ese mejor comportamiento de los ingresos y con una moderación en el crecimiento del gasto, el saldo presupuestario final presentaba un déficit de casi 238 millones de euros. Los datos sobre la gestión del gobierno del año pasado están definitivamente formulados en el mes de octubre de 2018.
Estos datos económicos ponen de relieve que los recortes iniciados durante la crisis persisten pese a la recuperación económica y reflejan una debilidad estructural de la financiación de Castilla-La Mancha, que tiene que mantener parte del sistema de protección social mediante la deuda pública. Esa es una de las razones por las que el actual gobierno se muestra incapaz para revertir los recortes que se produjeron durante la crisis económica.
En 2017 los recortes afectaron fundamentalmente a los programas de promoción y protección social, donde se dejó sin gastar el 22% (1,1 euros de cada cinco). En esa función económica se encuadran las ayudas a los colectivos más desfavorecidos, a la dependencia, discapacidad, mayores y los relacionados con el fomento del empleo y la seguridad laboral.
A este programa le siguen los recortes sobre todos aquellos relacionados con la creación de infraestructura económica (carreteras, comunicaciones, agrícolas y de investigación) en los que se los recortes afectaron al 20% y supusieron una reducción de 62 millones de euros sobre el presupuesto previsto. También las partidas para el impulso de los sectores económicos, en donde se dejaron sin gastar 276 millones de euros (21,6%) que estaban destinados al impulso de la agricultura, la industria, el turismo, el comercio y la artesanía y para mejorar la competitividad.
El principal proyecto social del gobierno regional, el Plan de Garantías Ciudadanas, diseñado para abordar las necesidades de emergencia social en materia de vivienda, empleo y rentas, se recortó en un 19%. Algunas de sus partidas no se llegaron a poner en marcha y otras, como las ayudas al alquiler, presentaban sólo una ejecución del 15%, es decir el recorte de esas ayudas afectó al 85% del total de fondo previstos para ayudas al arrendamiento.
Los pagos por la deuda aumentaron un 16,55%
En relación al año pasado, el gasto total (financiero y no financiero) realizado por el gobierno regional creció realmente el 6,46%, con un fuerte impacto sobre el total del coste de la deuda pública. Durante 2017, Castilla-La Mancha pagó un 16,55% más que en 2016 por el coste de su endeudamiento. En total fueron 1.748 millones, 248 más que el año anterior.
La dedicación de más fondos para pagar amortizaciones e intereses de créditos lastró el crecimiento de los programas sociales y económicos. Así, los fondos para sanidad, educación y vivienda crecieron un 3,15% respecto a 2016 y los fondos para impulsar el desarrollo de los sectores productivos de nuestra economía lo hicieron en un 2%.
Un análisis más detallado pone de manifiesto que las inversiones productivas fueron las más afectadas por los recortes y la falta de gestión. Por departamentos, la Consejería que proporcionalmente a su presupuesto realizó mayor porcentaje de recortes fue Economía, Empresas y Empleo, que dejó sin gastar 4,45 de cada 10 euros. En el caso de Agricultura, con un presupuesto de 1.428 millones de euros, dejó sin gestionar 332 (el 22%). En el caso de Bienestar Social, la tijera se llevó por delante 76 millones de euros, el 11,24% de todo el presupuesto de esta Consejería.
El primero de una serie de reportajes sobre los papeles económicos de la Junta
En los próximos días, clm21.es ofrecerá una serie de reportajes sobre los documentos económicos del gobierno, en los que los números reflejarán la realidad de las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno durante el año pasado.
La próxima entrega desvelará cómo el gobierno de la coalición de izquierdas, lejos de recortar los fondos para la sanidad privada, los incrementó más de un 44%, al tiempo que dejaba sin gastar de media uno de cada tres euros que tenía para la contratación de personal de refuerzo en la sanidad pública. Una proporción de recortes que, en el caso de los fondos para la contratación de personal médico de refuerzo, se aproxima a uno de cada dos euros presupuestados.
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