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Ruiz Molina: “Debemos ir a una reestructuración de la deuda y hablar de quitas”
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Ruiz Molina: “Debemos ir a una reestructuración de la deuda y hablar de quitas”

  • "Parte del endeudamiento autonómico responde a un mal funcionamiento del modelo de financiación”
  • Ante la congelación de los ingresos en 2019 : “Las entregas a cuenta que financian a las Comunidades tienen que estar al margen de los presupuestos generales del Estado”

martes 12 de marzo de 2019, 19:35h
Es difícil condensar tres años y medio de números, de trabajo y de problemas en una entrevista con el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. Financiación, déficit, deuda, presupuestos… Son temas amplios y áridos, tras los que se esconden el funcionamiento diario de la sanidad, la educación, la dependencia, las líneas de subvenciones y ayudas… Al final el hilo conductor nos lleva a respuestas amplias pero clarificadoras: “Castilla-La Mancha necesita al menos 1.000 millones de euros adicionales al año para tener el mismo nivel de prestación de servicios que en otros territorios”. “Debemos ir a una reestructuración de la deuda con el Estado (11.000 millones), alargando los plazos de amortización, reduciendo los intereses y haciendo una quita”. “Aquellas decisiones que tome el gobierno del Estado sea del signo que sea que afecte al gasto de las Comunidades Autónomas, debe ser discutido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. “Las entregas a cuenta que financian a las Comunidades tienen que estar al margen de los presupuestos generales del Estado”.

“Tenemos que garantizar que nuestros ciudadanos tienen un nivel de servicios similar a los del resto de territorios”

Son algunos de los titulares que deja la charla, que se inicia por el nuevo modelo de financiación, o lo que es lo mismo, de la principal vía que nutre de ingresos a la Comunidad: “seguimos reclamando la urgencia de que se aborde un nuevo modelo. El otro parecía que era el adecuado. Pero no estaba preparado ni pensado para una situación de crisis como la que hemos atravesado. Desde Castilla-La Mancha seguimos insistiendo en la necesidad de que, con independencia de las mayorías o las minorías que haya, debe abordarse se aborde el nuevo modelo de financiación autonómica. No es cuestión de partidos, es cuestión de territorios. Por un lado estamos reduciendo el déficit y, por tanto tenemos menos capacidad de gasto. Por otro lado, no tenemos los ingresos que necesitaríamos de acuerdo con el coste que en Castilla-La Mancha supone la prestación de los servicios públicos, al menos los fundamentales, dadas las características sociogeográficas que hace que resulten más caros que en otros territorios”.

La deuda

Y ya metidos en harina, concreta las líneas básicas del nuevo modelo: “Por un lado debemos ver el pasado, cómo se ha comportado el modelo durante los últimos años, porque hay una parte de la deuda acumulada por las Comunidades Autónomas que es consecuencia del mal funcionamiento del modelo. Hay otra parte que es consecuencia de las decisiones que cada gobierno autonómico ha adoptado. En cualquier caso hay que abordar ese problema. En el caso de Castilla-La Mancha mediante una reestructuración de la deuda, que puede suponer no necesariamente una condonación, pero sí que podríamos hablar de un alargamiento de los plazos de amortización o bien de una reducción aún mayor de los tipos de interés. Y también por una quita parcial”.

¿Quita por el modelo y reestructuración de la otra parte?. La pregunta trata de delimitar aún más: “Por supuesto. Lo que pasa es que hablar de quita pone a mucha gente de mal humor. Pero ya he dicho que hay que hacer una reestructuración de la deuda, y añado ese tercer factor, el de la quita a la renegociación de las condiciones actuales que tenemos con el estado. Teniendo en cuenta además que de los 14.700 millones de deuda que tenemos, más del 70% es con el Estado. Como es al Estado al que debemos el dinero, estaríamos en condiciones de afrontar de alguna manera un problema que se ha generado por un mal funcionamiento del modelo”.

Ruiz Molina aclara que la deuda es una espada de Damocles para cualquier Comunidad que acumula una deuda en el entorno o superior al 35% de su PIB, ante un hipotético escenario de subida de los tipos de interés: “Desde la perspectiva del pasado hay que ver el impacto que ha tenido el modelo en las finanzas de las Comunidades”.

El riesgo futuro

En otro momento de la conversación se muestra algo menos preocupado en el caso de que se produzca una crisis general que afecte a la deuda pública, en la medida de que es algo que superaría a Castilla-La Mancha. “Será un problema que supere el ámbito de las Comunidades Autónomas, porque la deuda del Estado representa casi el cien por cien del PIB. Si se produjera un incremento desorbitado de los tipos de interés, sería un problema de ámbito nacional al que tendremos que hacer frente. España tiene voz y voto en el Banco Central Europeo y podrá determinar en qué momento es necesario continuar con ese apoyo a las políticas de liquidez que tiene el BCE y en qué momentos hay que cortar con ellas”.

Los requisitos del nuevo modelo de financiación

Desde la perspectiva presente, el titular de Hacienda defiende que el nuevo modelo debe aplicar principios básicos: “La suficiencia de recursos, que las Comunidades Autónomas cuenten con los recursos suficientes para financiar las competencias que tienen asumidas. Desde ese punto de vista estamos reclamando que la distribución de los recursos se haga en el 100 por cien con nivelación plena, es decir con el número de habitantes ajustado (ese ajuste se lleva a cabo en función de varias variables como envejecimiento, dispersión…). Porque se tiene que garantizar que las Comunidades puedan prestar con los recursos que obtienen el mismo nivel de de servicios públicos para los ciudadanos. Tenemos que garantizar que nuestros ciudadanos tienen un nivel de servicios similar a los del resto de territorios”.

Sobre el nuevo modelo de financiación: “No es una cosa de partidos, es una cosa de territorios”

Finalmente y como tercer requisito, el consejero se refiere al reparto de la tarta, a un nuevo porcentaje de distribución del dinero que ingresa el estado entre todas las Administraciones Públicas: “Lo primero que hay que plantearse es cuál es el nivel de recursos que necesitan los diferentes niveles de administración pública. Y una vez determinadas las cuantías de esos recursos, ver cómo se distribuye entre las regiones lo que le corresponde a las Comunidades Autónomas de la tarta total”. Es algo en el que existe consenso entre las regiones españolas de régimen común que andan tras recortar parte del dinero que se queda la administración general del Estado. Las cifras la última vez que se dieron hace más de un año superaban los 17.000 millones de euros anuales, “cantidad que para empezar a negociar el estado debería poner para distribuir entre las Comunidades”.


La cifra la puso encima de la mesa la actual ministra de cuando era consejera de Hacienda de Andalucía: “Lo bueno que tiene esta ministra es que ha sido cocinera antes que fraile; se sabe la problemática que tienen las Comunidades Autónomas y por lo tanto hay una especial sensibilidad. Le ha tocado a ella sufrir el modelo de financiación por parte de un ministro que desconocía de cerca la problemática de las Comunidades”.

Sobre el dinero de todos, decidimos todos

“Las decisiones del gobierno central que afectan al gasto de las Comunidades deben discutirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”

Y cuando se habla del reparto y se introduce la problemática de Cataluña, Ruiz Molina se remite a otro principio de actuación: “No se pueden distribuir los recursos en función de la capacidad económica que tenga una Comunidad Autónoma, porque eso iría en contra del principio de solidaridad y del principio de convergencia. Defiendo que cuando hablamos de financiación autonómica, cuando hablamos de los recursos de todos los españoles, debemos ser todos los españoles los que estemos en la reunión en la que se discuta. Lo que estoy en total desacuerdo es que la distribución de los recursos se haga de manera bilateral, tiene que ser de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que para eso está”. Y puntualiza que “con Cataluña lo que ha pasado es que se ha tenido que intentar cumplir el estatuto de Autonomía, en la medida que la inversión pública del Estado debería estar relacionada con el porcentaje del PIB. Algo en lo que estoy totalmente en desacuerdo”.

En este momento Ruiz Molina introduce en la conversación otro cuarto principio que debe seguir el modelo de financiación, el de la convergencia: “Algo que defendemos, el modelo de financiación no sólo debe servir para financiar las competencias asumidas, sino también como un instrumento de convergencia, en el sentido de que a través del modelo de financiación que negociemos debemos lograr reducir las diferencias de riqueza entre las diferentes regiones”.

La falta de presupuesto

Cuando se le hace notar que este año en el mejor de los casos no tendremos presupuesto hasta septiembre u octubre apela a la prudencia: “A la vista está que no se daban las condiciones de aprobar un presupuesto sin tener certeza de saber cuáles iban a ser los Presupuestos Generales del Estado, aconsejé al presidente que fuéramos prudentes y no aprobásemos un presupuesto cuyos estados de ingresos no estaba garantizado. Ya tuvimos la mala experiencia en el ejercicio anterior de que después de tener aprobado nuestro presupuesto en función de la información que nos había trasladado el Ministerio de Hacienda, nos hicieran rebajas en unas entregas a cuenta que ya estaban metidas en nuestro presupuesto. En cualquier caso, yo estoy en condiciones de presentar el presupuesto pasado mañana si fuera necesario porque lo tengo elaborado. Lo que no tengo elaborado es el ajuste final que debo realizar para que el presupuesto de ingresos refleje lo que le corresponde a la Comunidad Autónoma”.

Unos deciden y otros pagan

Con un presupuesto autonómico prorrogado, con más gastos y con los ingresos congelados al no haberse aumentado las entregas a cuenta por parte del Estado, porque también carece de presupuestos, que es donde se incluyen esas entregas, las Comunidades han visto en las últimas semanas y meses cómo el gobierno central toma decisiones que repercuten en las Comunidades aumentando su gasto: “Es verdad y hemos reclamado que aquellas decisiones que tome el gobierno del Estado sea del signo que sea que afecte al gasto de las Comunidades Autónomas, debe ser discutido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y me estoy refiriendo tanto al copago sanitario como pudiera ser la derogación del decreto por el que se establecían los ratios o el acuerdo que se alcanzó con los representantes de los trabajadores, en el que no se tuvo en cuenta para nada la opinión favorable o desfavorable de las Comunidades Autónomas. Se han adoptado acuerdos en la Administración del Estado, lo hizo Montoro, sabiendo que estaban incrementando el gasto de las Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que estaban congelando las entregas a cuenta y al mismo tiempo que nos obligan a realizar un esfuerzo en la reducción del déficit. Por lo tanto tenemos en la práctica los ingresos congelados, necesidad de reducción del déficit y mayor gasto. En ese sentido considero que esos acuerdos que son muy positivos para los empleados públicos deberían haberse negociado también en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en tanto en cuanto afectan a las finanzas de las administraciones públicas. Ha sido el mismo partido el que se ha negado además a que dispongamos de una mayor capacidad de gasto al negarse a tramitar el techo de gasto del Estado en el que la propia Comisión Europea consideraba que era factible en el nuevo escenario de déficit que contemplaba dos décimas más para las Comunidades, lo que hubiera supuesto un desahogo para el presupuesto de 2019”.

Y cuando se le señalan las dificultades jurídicas que hay a nivel nacional para que sin presupuesto aprobado, se incrementen las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, es decir, que por el desacuerdo a nivel nacional se vean afectadas las regiones que son las que tienen competencias en la prestación de los principales servicios públicos, afirma con rotundidad que “las entregas a cuenta que financian a las Comunidades tienen que estar al margen de los presupuestos generales del Estado”.

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