CLM

Lunes 26. Unos días antes había anticipado a los sindicatos que la Junta esperaba cumplir el déficit al menos en los cálculos provisionales que se hacen en marzo, que estaría en el límite, pero cumpliría. Aunque, de igual modo, estaba seguro de que en la revisión de finales de septiembre, en la que se establecen los datos definitivos, la Junta sobrepasaría esa barrera del 0,6% del PIB (240 millones de euros) y que finalmente, y por tercer año consecutivo, el presidente García-Page incumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En la última reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca, se aprobó una resolución por unanimidad en la que se valoraba la sentencia que había emitido el Alto Tribunal regional (TSJ-CLM) en relación al caso de dos veterinarios, funcionarios de la Junta, a los que se les abrió expediente disciplinario y se les aplicaron sanciones cautelares para “complacer” a una empresa cárnica, tal y como textualmente afirma la sentencia, que anula el expediente y la resolución de la Consejería de Sanidad emitida en su momento.

La facturación del principal sector de la economía regional, el de servicios cayó en el primer mes del año un 12,1%, una gran diferencia con respecto a la tendencia mensual nacional, que se mantuvo estable y sin variaciones. Ese dato deja la variación anual regional en un 8,2% y la nacional en el 7,4%. El dato forma parte del Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ha sido la semana de las personas con discapacidad psíquica. Y ha sido la semana del presidente García-Page y el “falso rumor”, que es como él ha calificado una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a propósito de la persecución que hizo el gobierno a los veterinarios que denunciaron maltrato animal en la empresa Incarlopsa.

En lo que se puede interpretar un ejercicio de sinceridad política sin precedentes o un error descomunal, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda del gobierno del presidente García-Page, ha mantenido hoy que “durante el periodo 2009-2015 la Comunidad Autónoma estuvo infradotada en más de 8.000 millones de euros” lo que incidió en la prestación de los servicios públicos. Su afirmación se sustenta en el estudio elaborado por su departamento denominado “Cuantificación de la insuficiencia de recursos de Castilla-La Mancha para conseguir alcanzar la media de gasto del conjunto de Comunidades Autónomas”.

Un día después de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunciara el proyecto de ley de “Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha”, los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señalan que, de las 84.966 solicitudes de dependencia que ha recibido la Consejería de Bienestar Social hasta el 28 de febrero, en el último mes se resolvieron un total de 244 solicitudes, de las cuales más del 45% (110 solicitudes) fueron rechazadas.

El gigante juguetero norteamericano ultima el cierre de las 375 tiendas que todavía mantiene en Estados Unidos, tras anunciar en septiembre del año pasado la delicada situación financiera de la compañía, con una deuda de 4.187 millones de euros (5.000 millones de dólares) y solicitar el pasado 15 de marzo la suspensión de pagos, tal y como requiere la ley de quiebras del país. La desaparición de la matriz norteamericana afectará directamente al resto de establecimientos que el grupo posee en el extranjero, entre los que se cuenta la filial Toys ‘R’ Us Iberia, encargada del negocio en España y Portugal.

Dicen que en los negocios hay mucho de gestión y un poco de suerte. Y en el caso de Incarlopsa uno de esos momentos de suerte le vino dado por el hecho de que el gobierno del presidente García-Page modificara en 2015 los criterios establecidos en la orden de 2009 para acceder a las ayudas de la línea (FOCAL), levantando las restricciones a grandes empresas. El 31 de diciembre de 2016, el gobierno del presidente García-Page concedió a Industrias Cárnicas Loriente Piqueras una subvención de 3.478.658,68 euros y a Secaderos de Almaguer Sociedad Anónima una de 1.274.013,75. Eso las convertía en la segunda y la cuarta compañía más bonificadas de la convocatoria.

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, considera que la Ley de Mecenazgo del gobierno que está en tramitación parlamentaria debe ponerse bajo sospecha, a la luz de las informaciones sobre las donaciones de Incarlopsa a la Fundación Impulsa y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en la que se da amparo a los veterinarios a los que el gobierno del presidente García-Page sancionó por levantar actas sobre posible maltrato animal por parte de la compañía cárnica. Una sentencia en la que la justicia se refiere al proceder de la Administración con términos como manifiesta arbitrariedad, complacencia, actuar al dictado de la empresa, claudicación frente a los deseos de esta o vulneración de derechos de los funcionarios.