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El gobierno regional confía en que sea el Ministerio de Hacienda el que financie el incremento del gasto de la Junta de Comunidades el año que viene en 278,1 millones de euros. El gabinete de García-Page tiene previsto gastar un 3,1 por ciento más que en 2017, sin embargo, en el capítulo de ingresos tiene previsto reducir las aportaciones de la propia Comunidad Autónoma, tanto a través de los impuestos propios como de tasas e ingresos patrimoniales.

En agosto se suscribieron en Castilla-La Mancha 1.554 hipotecas, un 4,5% menos que en el mes de julio, convirtiéndose en una de las 5 Comunidades, junto a La Rioja, Aragón, Baleares y Cataluña, que vieron un descenso en el número de firmas hipotecarias, según publica el Instituto Nacional de Estadística.

Lo del gobierno, más que de sonrisas y lágrimas es de alegrías y enojos. Y el enojo de esta semana lo ha vuelto a provocar el vicepresidente segundo, José García Molina, que convocó a los periodistas para hablar de presupuestos en la sede de la Vicepresidencia a la misma hora en la que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, todavía presentaba los presupuestos en la sede de la Presidencia. Y claro, a la rueda de prensa de Ruiz Molina convocaron los servicios de prensa del gobierno. A lo de José García Molina, los servicios de prensa de Podemos.

La desaparición de 12.700 personas del mercado de trabajo regional y la creación de 25.500 puestos de trabajo han provocado una fuerte caída del paro durante el tercer trimestre en nuestra Comunidad. Según la Encuesta de Población Activa, a finales de septiembre en Castilla-La Mancha había 181.000 desempleados.

En septiembre se matricularon en Castilla-La Mancha 2.511 vehículos (quitando motocicletas), según desvela la estadística del Impuesto de Matriculación de Vehículos Automóviles, publicada por el Ministerio de Hacienda.

Los precios industriales en Castilla-La Mancha se incrementaron en el mes de septiembre y aunque el aumento fue discreto y la región se mantiene por debajo de la media nacional, permiten volver a rozar los valores positivos que cayeron en picado con los malos resultados del sector en abril.

Descontadas las nóminas de los empleados públicos, uno de cada tres euros del gasto corriente de la administración regional durante los dos primeros cuatrimestres del año se destinó al pago de productos farmacéuticos y de material sanitario fungible. En concreto la factura se disparó hasta los 629,18 millones de euros, de los que 333,48 se destinaron a las farmacias, 162,09 a medicamentos en los hospitales y 133,6 a compra de material no inventariable (de laboratorio, de radiología, pequeño utillaje). La tasa anual de crecimiento se situó en el 2,1 por ciento.

El gobierno de Castilla-La Mancha no cree que la inestabilidad de Cataluña vaya a repercutir en el marco presupuestario de nuestra Comunidad. Por ello no lo ha modificado y ha presentado el presupuesto regional para 2018 siguiendo ese marco elaborado en agosto, antes de que se desestabilizara la situación política y económica de Cataluña. El proyecto de presupuestos, aprobado hoy por el ejecutivo de García-Page, contempla un gasto de 9.219,1 millones de euros, de los que 7.609,7 se destinarán a gastos en servicios y el resto a gastos financieros. El titular de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, estima que el proyecto permitirá cumplir al gobierno regional por primera vez en la legislatura con el objetivo de déficit (0,4% del PIB), además de cumplir con el límite de endeudamiento del 35,3% del PIB y el 2,4% de la regla del gasto.

La deuda no financiera de la Junta a finales de agosto era de 269,19 millones de euros. De ese dinero, el gobierno debía 140,66 millones de euros a sus proveedores y el resto a entidades y empresas beneficiarias de subvenciones y convenios. El Periodo Medio de Pago de la Junta a sus proveedores se situó en 37,81 días naturales (7,81 oficiales).

Según informa la Asociación Agraria Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real, “en torno a 15.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha no han percibido el anticipo del 70% de la Política Agraria Común (PAC)”