ECONOMÍA

Las regiones del arco mediterráneo y Castilla-La Mancha presentan un riesgo muy alto de sostenibilidad financiera debido al elevado peso de su deuda pública, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Están en el nivel más peligroso de incumplimiento de los seis que establece la institución y que responde no sólo al total de deuda, también a la evolución de la misma en relación al presupuesto, la capacidad de pago o las condiciones económicas generales, incluyendo la situación del mercado de trabajo.

En los dos primeros meses del año se produjo un fuerte incremento de la disolución de empresas en Castilla-La Mancha, lo que tiró a la baja del saldo neto de sociedades mercantiles.

El Banco de España ha ofrecido un adelanto del volumen de reclamaciones de clientes de banca en 2017. Una cifra récord de 40.173 reclamaciones, según señala el departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del propio organismo, que los expertos achacan al cambio de tendencia judicial hacia una mayor protección del consumidor ante las entidades bancarias en temas hipotecarios.

Los indicadores económicos y laborales del primer trimestre referidos a Castilla-La Mancha que se van conociendo confirman la tendencia a la desaceleración en el crecimiento de la economía regional.

Los índices de producción de las industrias castellano-manchegas (IPI) que publica periódicamente el INE señalan que en febrero se produjo un descenso en el volumen de producción industrial. El IPI de febrero se sitúa en los 95,2 puntos, con una caída de la producción del 5,8% con respecto al mes de enero y dejando a la región con el tercer índice de producción industrial más bajo del país, solo por delante de Baleares y Canarias.

Lo del gobierno regional huele a naufragio y a “¡Sálvese quien pueda!”. Ha sido la semana del principio del fin. A esas alturas dentro de un año las Cortes estarán disueltas y las elecciones regionales convocadas. Falta pues menos de un año y quien más quien menos va tomando posiciones. Ya se ha iniciado la carrera electoral 2019.

En España el precio medio del conjunto de la vivienda nueva y usada se sitúa en 1.532 euros el metro cuadrado y registra un incremento del 2,3% sobre junio de 2017. En Castilla-La Mancha el precio medio del metro cuadrado construido se sitúa en los 912 euros, un 40,5 por ciento menos que la media nacional, lo que la sitúa como la segunda comunidad con menor precio por metro cuadrado, solo por detrás de Extremadura. De hecho, los precios medios más bajos de la vivienda se dan en Badajoz (843 €/m2 ) y Ciudad Real (849 €/m2 ).

Castilla-La Mancha figura en el grupo de once regiones españolas que prevén apurar al máximo el límite de déficit para 2018 establecido en el 0,4% de sus respectivos PIB. En concreto, el gobierno del presidente García-Page estima que se gastará 165,42 millones de euros más de lo que ingrese. El conjunto de las Comunidades no superará el 0,2% de déficit y cerrará con un desfase de 2.595 millones de euros. Según los cálculos oficiales, con el presupuesto presentado por el gobierno regional, el déficit alcanzará el 0,43%, tres centésimas por encima del límite, aunque en el Ministerio de Hacienda se considera irrelevante este hecho siempre y cuando no se produzca un mayor desfase.

Si las familias de nuestra Comunidad tuvieran que hacer frente a la deuda que arrastra e incrementa año tras año el gobierno del presidente García-Page, tendrían que abonar a razón de 7.100 euros por cada uno de los componentes del hogar. El gobierno del presidente García-Page es el segundo más endeudado en relación a la riqueza regional, con un 36% del PIB de la Comunidad, sólo superado por el valenciano (42,5%). Sin embargo, los hogares de Castilla-La Mancha son, junto a los extremeños y canarios, los que menos ingresos netos medios anuales tienen. Nunca antes la deuda pública regional se había aproximado a los 14.500 millones de euros. En los dos primeros años de mandato la carga ha subido en 1.004 millones de euros y se sitúa en 14.430 millones. Todo ello sin contar las facturas que debían a sus proveedores y otros pagos a beneficiarios de subvenciones, otros 246 millones de euros.

En 2017 el gobierno de Castilla-La Mancha dejó sin gastar 682 millones de euros sobre el total del presupuesto definitivo. El dato forma parte del informe elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas en términos homogéneos, para lo cual se desestima algunas partidas como las del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA).

Durante la actual legislatura se ha producido un fuerte incremento de los seguros privados de salud en nuestra Comunidad, a los que los ciudadanos han recurrido ante el deterioro del servicio público. Todo ello coincide con un proceso de aumento por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de los fondos destinados a derivaciones sanitarias en un intento de frenar el deterioro de las listas de espera.

Tiene el gobierno de García-Page la teoría y la práctica de marginar al crítico y al discrepante, ya sea una organización civil, un político rival (incluidos los del propio partido), un activista o un medio de comunicación… Y esa estrategia que antaño podía tener más o menos efectividad ha terminado por abrir brecha contra el propio gobierno y su presidente. Por el contrario, es generoso con el adulador.