El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que va a convocar a la dirección de los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos en los próximos días "para poder discutir ampliamente sobre las coordenadas de financiación y nuestras reivindicaciones".

El Senado, con los votos del PSOE, entre otros, ha rechazado este miércoles una iniciativa del PP que pedía al Gobierno convocar de manera inmediata el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma "urgente" del modelo de financiación autonómica.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado que el territorio sea tenido en cuenta de forma estructural en el sistema de financiación junto con la población ajustada que ya recoge la propuesta del Ejecutivo central y que se genere un fondo adicional para implementar medidas que permitan revertir el proceso de despoblación.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sostenido este miércoles que la propuesta que realizó el Gobierno para iniciar la negociación de la reforma del modelo de financiación autonómica "no permite hacer ningún ránking entre comunidades autónomas", y ha emplazado a esperar a que este nuevo sistema esté completado para decir si alguna región sale beneficiada o perjudicada.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha reivindicado que el modelo de financiación autonómica responda al “principio sagrado de la Constitución” que establece que la ciudadanía tiene el mismo derecho a recibir servicios públicos de calidad tanto si vive en el ámbito urbano como si lo hace en el rural. En este sentido, ha recordado que, frente al bloque de autonomías que reclaman un modelo de financiación que atienda al número de población, hay otro, en el que se encuentra Castilla-La Mancha, que lo que pide es que se atienda a las características de la población y al coste real del servicio. “El Estado debe responder con financiación a lo que le costaría garantizar un servicio si las competencias no estuvieran transferidas”, ha afirmado.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha considerado que tras la cumbre de Santiago donde ocho presidentes autonómicos de las regiones más despobladas acordaron un punto de partida como reivindicación para una mejor financiación autonómica hay "avances" de cara a formular el nuevo sistema de financiación; al tiempo que ha reclamado a todas las partes que intenten buscar un "punto intermedio" entre todas las pretensiones.

Según el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la revisión que está haciendo el Ministerio de Hacienda sobre el principal parámetro que determina el dinero que reciben las Comunidades Autónomas, el de población ajustada, elevaría en 3,14 puntos las necesidades de gasto reconocidas a nuestra Comunidad Autónoma y, por tanto, supondría un aumento del Fondo de Garantía de los Servicios para Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ve “un avance positivo” en el primer documento sobre el sistema de financiación remitido a las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España, puesto que, “por primera vez, se contempla de manera clara y efectiva la despoblación como uno de los factores a tener en cuenta”.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha avanzado este viernes que no está previsto que el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en la isla de La Palma aborde la reforma del modelo de financiación autonómica y el Fondo Covid, como han pedido varias comunidades autónomas, y ha limitado a la cooperación en materia de Protección Civil, los fondos europeos y la reforma del Reglamento como los tres asuntos que se tratarán.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mostrado la satisfacción del Gobierno regional por el acuerdo suscrito con otros siete ejecutivos autonómicos en la cumbre de Santiago de Compostela, asegurando que el pacto va a permitir en el corto plazo conformar el marco "más adecuado" para sumar fuerzas entre estas ocho autonomías de cara a poder negociar el nuevo modelo de financiación con el Estado.