Castilla-La Mancha está en el grupo de cuatro regiones españolas que tienen una financiación por habitante inferior a la media nacional. Todo ello, a pesar de ser una de las doce regiones receptoras de fondos por encima de sus aportaciones fiscales al Estado.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha dado un ultimátum a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, para que presente cuanto antes una propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica: "O cambian ya el sistema de financiación o cambiaremos de ministra".

Aunque, no está en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, el valenciano Ximo Puig ya ha anunciado que el viernes en Salamanca exigirá un cambio en el modelo de financiación. Su Comunidad es una de las más perjudicadas por el actual sistema que se puso en marcha en 2009, cuando en la Moncloa estaba Zapatero y en la Comunidad gobernaba Francisco Camps (PP). De cumplir su anuncio, es una demanda en la que no estará sólo. Los últimos datos sobre la financiación revelan como hasta mayo, Castilla-la Mancha sufre en mayor medida que el conjunto la reducción de la financiación para la prestación de la educación, la sanidad y los servicios sociales básicos.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha valorado el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles, considerando que el Gobierno autonómico se da por satisfecho y "blanquea" con "silencio cómplice" el hecho de que Cataluña vaya a recibir un 38% del montante total de los fondos COVID a repartir entre las comunidades autónomas.

El gobierno central evita abordar implantación del nuevo modelo de financiación que sustituya al vigente desde 2009 y que debería haber sido modificado por uno nuevo en 2014. Para soslayar la negociación, Hacienda está aplicando una política de transferencias de gracia a las Comunidades Autónomas para evitar que las tensiones de tesorería o la necesidad de recortar proyectos terminen por aumentar la presión de las Autonomías sobre el Ejecutivo.

El gobierno de Castilla-La Mancha se ha posicionado sobre la mesa bilateral Gobierno Central- Cataluña y sobre los posibles acuerdos en materia de financiación. La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, ha señalado que “las discusiones que se produzcan donde entiendan, ahora bien, los acuerdos y las decisiones se tienen que tomar de manera colegiada con el conjunto de las comunidades autónomas, no hay ciudadanos de primera y la segunda dependiendo de dónde vivan, no en base de ni a su sexo ni a su color de piel ni a su origen ni a su idioma. Obviamente no puede haber diferencias a la hora de prestar servicios dependiendo de si vives en Madrid en Cataluña o en Castilla-La Mancha”

La rebaja del IVA de la luz adelanta un nuevo conflicto entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno por una cesta de 425 millones de euros, de los que casi 18 corresponderían a Castilla-La Mancha. Ese conflicto tiene su origen en la Ley de Financiación Autonómica en vigor desde 2009 por la que, en el caso de que el gobierno decida rebajar los impuestos que forman parte de la financiación autonómica, deberá valorar esa reducción y compensar a las regiones. Las Comunidades Autónomas reciben el 50% de todo el IVA recaudado, que se distribuye entre ellas en función de unos porcentajes de participación, que en el caso de Castilla-la Mancha suele estar ligeramente por encima del 4%.