El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha valorado el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles, considerando que el Gobierno autonómico se da por satisfecho y "blanquea" con "silencio cómplice" el hecho de que Cataluña vaya a recibir un 38% del montante total de los fondos COVID a repartir entre las comunidades autónomas.

El gobierno central evita abordar implantación del nuevo modelo de financiación que sustituya al vigente desde 2009 y que debería haber sido modificado por uno nuevo en 2014. Para soslayar la negociación, Hacienda está aplicando una política de transferencias de gracia a las Comunidades Autónomas para evitar que las tensiones de tesorería o la necesidad de recortar proyectos terminen por aumentar la presión de las Autonomías sobre el Ejecutivo.

El gobierno de Castilla-La Mancha se ha posicionado sobre la mesa bilateral Gobierno Central- Cataluña y sobre los posibles acuerdos en materia de financiación. La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, ha señalado que “las discusiones que se produzcan donde entiendan, ahora bien, los acuerdos y las decisiones se tienen que tomar de manera colegiada con el conjunto de las comunidades autónomas, no hay ciudadanos de primera y la segunda dependiendo de dónde vivan, no en base de ni a su sexo ni a su color de piel ni a su origen ni a su idioma. Obviamente no puede haber diferencias a la hora de prestar servicios dependiendo de si vives en Madrid en Cataluña o en Castilla-La Mancha”

La rebaja del IVA de la luz adelanta un nuevo conflicto entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno por una cesta de 425 millones de euros, de los que casi 18 corresponderían a Castilla-La Mancha. Ese conflicto tiene su origen en la Ley de Financiación Autonómica en vigor desde 2009 por la que, en el caso de que el gobierno decida rebajar los impuestos que forman parte de la financiación autonómica, deberá valorar esa reducción y compensar a las regiones. Las Comunidades Autónomas reciben el 50% de todo el IVA recaudado, que se distribuye entre ellas en función de unos porcentajes de participación, que en el caso de Castilla-la Mancha suele estar ligeramente por encima del 4%.

A finales de enero de 2020, el presidente García-Page avisaba al Ministerio. “O nos ingresa la última mensualidad de IVA de 2019 o recurriremos a los tribunales”. En total eran 136 millones de euros. El gobierno central había disparado su déficit en su primer año de mandato tras la moción de censura contra Rajoy y las cuentas que tenía que presentar a Bruselas no eran buenas. Por ello arañó a las Comunidades ese dinero que en el mejor de los casos no baja de 2.539 millones de euros, aunque algunos elevan la cantidad hasta los 4.750 millones. Las regiones más afectadas eran Andalucía (537millones) y Cataluña (433 millones). Para ello se valió del cambio normativo aplicado en 2017 a las liquidaciones de IVA. Buena parte de las regiones españolas llevaron el caso a los tribunales. Y hoy se ha conocido que Castilla y León ha ganado su pleito y el gobierno central deberá entregar los 182 millones reclamados, tras el pronunciamiento del tribunal Supremo

Según las estimaciones realizadas por el instituto nacional de Estadística sobre los índices de consumo, Castilla-La Mancha viene perdiendo peso en el contexto nacional, lo que merma su financiación. El modelo nacional establece que las regiones españolas de régimen común obtendrán el 50% del IVA recaudado por el Estado. El reparto de ese dinero se lleva a cabo a partir de indicadores ponderados. La mayor partida que recibe Castilla-La Mancha para su financiación anual procede del IVA.