gastos hipotecarios

Una sentencia colectiva del magistrado Manuel Ruiz de Lara determina la abusividad de la cláusula de imposición al consumidor de todos los gastos de formalización de hipoteca, y establece la restitución a los hipotecados del impuesto de actos jurídicos documentados, además de los gastos de registro y de reclamación judicial y la mitad de los gastos notariales, de gestoría y tasación. La sentencia tiene su origen en una demanda colectiva interpuesta por ADICAE contra Caja Rural de Granada

El Banco de España ha ofrecido un adelanto del volumen de reclamaciones de clientes de banca en 2017. Una cifra récord de 40.173 reclamaciones, según señala el departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del propio organismo, que los expertos achacan al cambio de tendencia judicial hacia una mayor protección del consumidor ante las entidades bancarias en temas hipotecarios.

El Tribunal Supremo determinó ayer que el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) aparejados a la firma de una hipoteca deberá correr por cuenta del cliente y que no corresponde a las entidades bancarias asumir la cuantía. Así lo expresa en el fallo de la sentencia relativa a dos recursos de casación contra sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo (Asturias). Se trata del primer varapalo contra los usuarios, tras un año marcado por dictámenes favorables a los compradores y que han supuesto cuantiosas pérdidas para las entidades.

Las reclamaciones por las cláusulas suelo “poco transparentes” no son el único problema judicial al que se enfrentan las entidades bancaras en relación a sus políticas abusivas durante décadas en la concesión de hipotecas. Desde junio, los juzgados habilitados para la tramitación de las reclamaciones por cláusulas suelo se encargan también de las reclamaciones por gastos hipotecarios.