POLÍTICA

Coinciden propios y extraños en que es una trabajadora incansable. Tiene la capacidad de descifrar la política y vestirla de calle. De verbo fácil, fluido y directo, a veces punzante, siempre habla de frente. Forma parte del grupo de personajes imprescindibles en un partido. Lo estudia todo, lo analiza todo y se ha ido convirtiendo en una de las memorias históricas de Castilla-La Mancha y de Guadalajara. A Ana Guarinos, presidenta del Grupo Popular de las Cortes Regionales y miembro de la Corporación Provincial de Guadalajara, basta darle el pie con tres preguntas para que te haga un diagnóstico de la realidad, y que resume en un sentimiento: “decepción total y absoluta”, no sólo la suya, se refiere fundamentalmente a la de los castellano-manchegos.

El gobierno ha tratado de retomar la iniciativa política poniendo en marcha la campaña “Queremos igualdad. Por una financiación justa”. Y hablando con unos y otros, a la izquierda y a la derecha, no hay nadie que no esté de acuerdo con pedir justicia e igualdad. Va de suyo. El gobierno se ha topado con la realidad que tan útil le ha sido en su estrategia para criticar a su antecesora. No hay suficiente dinero. Y los ajustes se hacen cuando se elabora el presupuesto (lo que hacía el gobierno anterior) o cuando se ejecuta, es decir se dice que se van a a hacer determinadas políticas pero como no hay fondos suficientes no se hace (lo que hace el gobierno actual). Sin entrar en qué método es más honesto, lo cierto es que en la actualidad el ejecutivo cuenta con 1.000 millones de euros más que su antecesor, que le han servido para tapar algunos agujeros más, pero siguen siendo fondos insuficientes para que se produzca la recuperación social.

El gobierno del presidente García-Page se encuentra en medio de la tormenta perfecta: la desaceleración económica regional, la debilidad de las finanzas y el deterioro de los servicios públicos. Como salida política ha puesto en marcha la campaña de comunicación con la que concienciar a los ciudadanos para reclamar al Estado una financiación justa para nuestra comunidad, haciendo ver que el problema de la situación nada tiene que ver con su gestión, sino con un modelo de financiación injusto.

La sanidad, la economía y las finanzas aprietan al gobierno del presidente García-Page, que, como si la cosa no fuera con él se va a Bruselas a hablar de la cuchillería y del agua, sale en el Hola y pierde la iniciativa política. Los que mandan en provincias comienzan a estar preocupados por la deriva del gobierno regional y por esa pérdida de la agenda política, que viene dada por los graves errores del ejecutivo regional, que se dejan sentir ya en los principales segmentos de votantes.

Algunos especialistas médicos no son especialistas. Las listas de espera caen en los meses en los que menos operaciones hay porque se da de baja a los pacientes por el artículo 33, es decir sin operar. No se pagan algunos complementos al personal sanitario. Aumenta el gasto en derivaciones a la sanidad privada. Las obras de urgencias del hospital de Toledo van ya por la quinta o la sexta adjudicataria y siguen sin hacer. Las guardias médicas se pagan por debajo de otras regiones. Se descubre que el gobierno de García-Page se plantea poner por encima de los altos funcionarios a personal de alta dirección nombrado por decreto (a dedo) cargándose la carrera profesional de la función pública y el socialismo oficial lo justifica diciendo que eso ya existe y para ilustrar pone como ejemplo a los directores de algunas gerencias hospitalarias.

Financiación autonómica, reforma de la ley electoral y reposicionamiento de las fuerzas políticas dentro del espectro ideológico son las tres claves que marcarán la agenda política del presente año y que se unirán a las cuestiones que ya están sobre la mesa, como son el deterioro de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, la gestión económico-financiera de la Comunidad que se ha agravado en los últimos años, a pesar de un incremento de los ingresos de la Junta, y la resolución o no del conflicto abierto con la Universidad por su infradotación presupuestaria.

La comparecencia informal del presidente del gobierno ante los periodistas llega tras un torrente de datos e informes que vienen a cuestionar cómo se están haciendo las cosas en Castilla-La Mancha, en lo económico y en lo social. El dato más favorable, el del crecimiento de la riqueza regional (3,5% en 2016), iba acompañado de otro dato, el que en la Unión Europea se considera prioritario para medir el avance de un territorio, el de la renta disponible de las familias, que no es sino la media de lo que dispone, en teoría, cada persona para gastar o ahorrar a lo largo del año. Y ese dato indica que los castellano-manchegos son los cuartos que menos dinero tienen, sólo por detrás de murcianos, andaluces y extremeños. Y eso sin tener en cuenta que ha crecido la riqueza y a la vez han disminuido los habitantes, lo que permite mejorar los resultados estadísticos. La realidad es que, por cada diez euros de los que disponen el conjunto de los españoles, nosotros tenemos sólo ocho.

Andan haciendo balances de año. Ha sido la semana de ello. Viven en el mundo de la política donde la culpa siempre es del otro y los aciertos son propios. El problema es que, a veces, la realidad es muy tozuda y la situación deja poco margen para el juego maniqueo de buenos y malos. Y la realidad es que la crisis económica recortó los ingresos públicos -los de aquí y los de cualquier institución con independencia del color político que la gobernara- Y que aquí la situación se vio agravada porque no se echó el freno al gasto y como no había dinero se dejaron 4.000 millones de euros sin pagar.