política

El gobierno del presidente García-Page se encuentra en medio de la tormenta perfecta: la desaceleración económica regional, la debilidad de las finanzas y el deterioro de los servicios públicos. Como salida política ha puesto en marcha la campaña de comunicación con la que concienciar a los ciudadanos para reclamar al Estado una financiación justa para nuestra comunidad, haciendo ver que el problema de la situación nada tiene que ver con su gestión, sino con un modelo de financiación injusto.

La sanidad, la economía y las finanzas aprietan al gobierno del presidente García-Page, que, como si la cosa no fuera con él se va a Bruselas a hablar de la cuchillería y del agua, sale en el Hola y pierde la iniciativa política. Los que mandan en provincias comienzan a estar preocupados por la deriva del gobierno regional y por esa pérdida de la agenda política, que viene dada por los graves errores del ejecutivo regional, que se dejan sentir ya en los principales segmentos de votantes.

Algunos especialistas médicos no son especialistas. Las listas de espera caen en los meses en los que menos operaciones hay porque se da de baja a los pacientes por el artículo 33, es decir sin operar. No se pagan algunos complementos al personal sanitario. Aumenta el gasto en derivaciones a la sanidad privada. Las obras de urgencias del hospital de Toledo van ya por la quinta o la sexta adjudicataria y siguen sin hacer. Las guardias médicas se pagan por debajo de otras regiones. Se descubre que el gobierno de García-Page se plantea poner por encima de los altos funcionarios a personal de alta dirección nombrado por decreto (a dedo) cargándose la carrera profesional de la función pública y el socialismo oficial lo justifica diciendo que eso ya existe y para ilustrar pone como ejemplo a los directores de algunas gerencias hospitalarias.

Financiación autonómica, reforma de la ley electoral y reposicionamiento de las fuerzas políticas dentro del espectro ideológico son las tres claves que marcarán la agenda política del presente año y que se unirán a las cuestiones que ya están sobre la mesa, como son el deterioro de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, la gestión económico-financiera de la Comunidad que se ha agravado en los últimos años, a pesar de un incremento de los ingresos de la Junta, y la resolución o no del conflicto abierto con la Universidad por su infradotación presupuestaria.

La comparecencia informal del presidente del gobierno ante los periodistas llega tras un torrente de datos e informes que vienen a cuestionar cómo se están haciendo las cosas en Castilla-La Mancha, en lo económico y en lo social. El dato más favorable, el del crecimiento de la riqueza regional (3,5% en 2016), iba acompañado de otro dato, el que en la Unión Europea se considera prioritario para medir el avance de un territorio, el de la renta disponible de las familias, que no es sino la media de lo que dispone, en teoría, cada persona para gastar o ahorrar a lo largo del año. Y ese dato indica que los castellano-manchegos son los cuartos que menos dinero tienen, sólo por detrás de murcianos, andaluces y extremeños. Y eso sin tener en cuenta que ha crecido la riqueza y a la vez han disminuido los habitantes, lo que permite mejorar los resultados estadísticos. La realidad es que, por cada diez euros de los que disponen el conjunto de los españoles, nosotros tenemos sólo ocho.

Andan haciendo balances de año. Ha sido la semana de ello. Viven en el mundo de la política donde la culpa siempre es del otro y los aciertos son propios. El problema es que, a veces, la realidad es muy tozuda y la situación deja poco margen para el juego maniqueo de buenos y malos. Y la realidad es que la crisis económica recortó los ingresos públicos -los de aquí y los de cualquier institución con independencia del color político que la gobernara- Y que aquí la situación se vio agravada porque no se echó el freno al gasto y como no había dinero se dejaron 4.000 millones de euros sin pagar.

El conflicto tiene su origen, por paradójico que parezca, en una gestión prudente por parte de la Universidad. En 2012, en plena crisis, se produce el relevo en la dirección de la UCLM. El nuevo equipo se encuentra con un remanente de 79 millones de euros que iban a ser destinados al proceso de expansión. Con la contracción de la economía, el nuevo equipo decide utilizar los fondos para el sostenimiento, consciente de que el gobierno de entonces no podía hacer frente a la subvención nominativa anual adecuada a las necesidades de la UCLM.

La Universidad mantendrá hasta el último minuto los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el gobierno y evitar que este lleve a cabo la intervención económico-financiera de la institución, según fuentes académicas consultadas por clm21.es. El pleno de las Cortes deberá votar el viernes la redacción definitiva del artículo con el que el Ejecutivo quiere someter a su control la institución académica. Fuentes de la UCLM no descartan que el mismo viernes el rector o miembros de la dirección del claustro acudan al Parlamento en un último intento para tratar de frenar lo que consideran un exceso sin precedentes que conculca el principio de autonomía universitaria.

El gobierno de Castilla-La Mancha ha dado instrucciones a las distintas Consejerías para que paralicen proyectos por importe de 80 millones de euros para tratar de alcanzar el objetivo de déficit a final de año. Ese freno al gasto afecta fundamentalmente de inversiones propias y de ayudas a la inversión de ayuntamientos y empresas. Según fuentes consultadas por clm21.es, además, el ejecutivo habría implementado esta medida con la retención de fondos a instituciones del sector público regional por importe de otros 40 millones de euros a fin de garantizarse que estos organismos cuyo déficit computa dentro del de la Comunidad Autónoma tampoco pueden gastar ese dinero. En total son 120 millones de euros de restricciones de crédito.

Tiene el presidente el síndrome del Palacio. No es un mal médico. Es un mal de la política. Consiste en refugiarse en los despachos desde donde sólo sale a actos institucionales programados, alejados del contacto con el pueblo llano. Las causas están a caballo entre el miedo y la soberbia. Una veces unas, o las otras, o ambas. Es lo que en política también se conoce como el encierro en su torre de cristal, que suele aparecer a partir de la mitad de la mitad de legislatura, alimentado por los pretorianos del presidente.

Tenía Manuel Marín un “saber hacer” de los que hacen falta en la política actual. Educado, ponderado, de discurso firme pero moderado, dialogante, con una gran facultad para escuchar y hablar y con una gran capacidad intelectual. Cuando fue presidente del Congreso de los Diputados nuestra Comunidad Autónoma planteó una reforma de su Estatuto de Autonomía, que debía tramitarse en las Cortes Generales.

De un tiempo a esta parte, se han incrementado las salidas al exterior de los representantes del gobierno de Castilla-La Mancha. Basta ver sus agendas para comprobar que quien no está en Londres, está en Bruselas, en Lisboa o en Estados Unidos, por citar algunos destinos. Dicen en política que esta práctica es un reflejo del síndrome del perdedor, del que sabe que se despide del cargo. Y, a falta de conocer la encuesta que tiene el gobierno, la otra hace que Vicente Tirado, el secretario general de los populares, haya cogido velocidad de crucero y multiplique sus viajes, aunque estos sean tierra adentro, a los pueblos de la región, a ver y dejarse ver, a oír más que a hablar.