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El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, considera que la Ley de Mecenazgo del gobierno que está en tramitación parlamentaria debe ponerse bajo sospecha, a la luz de las informaciones sobre las donaciones de Incarlopsa a la Fundación Impulsa y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en la que se da amparo a los veterinarios a los que el gobierno del presidente García-Page sancionó por levantar actas sobre posible maltrato animal por parte de la compañía cárnica. Una sentencia en la que la justicia se refiere al proceder de la Administración con términos como manifiesta arbitrariedad, complacencia, actuar al dictado de la empresa, claudicación frente a los deseos de esta o vulneración de derechos de los funcionarios.

Anda el equipo de Hacienda del gobierno regional en apagón informativo. Trabajan en eso de preparar lo del déficit para enviar al Ministerio y que este lo envíe a Bruselas, y en lo de los datos de la deuda comercial, la de facturas sin pagar… que el lunes habrá noticia. La última salida fue para arrear a la Universidad. Por callar hasta no responden si nuestra Comunidad irá abandonando el paraguas del Ministerio que, según dicen tan mal les trata, para salir a los mercados a tratar de captar la financiación necesaria para cuadrar las cuentas vía emisión de deuda o de crédito y depender cada vez menos del Fondo de Liquidez Autonómica.

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha presentado el trazo grueso de su programa electoral y de gobierno para Castilla-La Mancha bajo la denominación estrategia 9/19. Un proyecto que contempla nueve medidas orientadas, como ha señalado, “al desarrollo económico y social de la Comunidad”. Las principales líneas están dirigidas a colectivos concretos, como mujeres con pensiones mínimas de viudedad, estudiantes universitarios, autónomos y pensionistas en general. Aunque no ha facilitado la ficha financiera de este programa, los cálculos de las medidas propuestas sobrepasan el coste de 1.000 millones de euros anuales y van desde un complemento regional para igualar la pensión de viudedad al salario mínimo, hasta subvencionar la cuota a todos los autónomos, la matrícula universitaria gratuita o eliminar el copago farmacéutico para pensionistas, la entrada gratuita a museos, el bono social de telefonía e internet o incentivar la visita de residentes a Castilla-La Mancha mediante un programa que ha denominado de “invitación a conocer Castilla-La Mancha”.

Cuando Felipe González llegó a la presidencia del Gobierno, ella contaba con apenas 10 años. Y aunque los ecos de aquel socialismo aglutinador, plural, pragmático y alejado del dogmatismo se han ido apagando con el paso de los años, ella todavía guarda parte de esas esencias. Más de treinta años después, cuando la política es la de bronca y titular, la del “tweet”, “memes” y “likes”, y el socialismo español anda tratando de salir de su encrucijada, en Blanca Fernández se atisba aquel espíritu de los ochenta y de los noventa. No es de las fundamentalistas del poder, aunque forme parte de ese poder y ya se sabe que cualquier poder tiene sus servidumbres.

Coinciden propios y extraños en que es una trabajadora incansable. Tiene la capacidad de descifrar la política y vestirla de calle. De verbo fácil, fluido y directo, a veces punzante, siempre habla de frente. Forma parte del grupo de personajes imprescindibles en un partido. Lo estudia todo, lo analiza todo y se ha ido convirtiendo en una de las memorias históricas de Castilla-La Mancha y de Guadalajara. A Ana Guarinos, presidenta del Grupo Popular de las Cortes Regionales y miembro de la Corporación Provincial de Guadalajara, basta darle el pie con tres preguntas para que te haga un diagnóstico de la realidad, y que resume en un sentimiento: “decepción total y absoluta”, no sólo la suya, se refiere fundamentalmente a la de los castellano-manchegos.

El gobierno ha tratado de retomar la iniciativa política poniendo en marcha la campaña “Queremos igualdad. Por una financiación justa”. Y hablando con unos y otros, a la izquierda y a la derecha, no hay nadie que no esté de acuerdo con pedir justicia e igualdad. Va de suyo. El gobierno se ha topado con la realidad que tan útil le ha sido en su estrategia para criticar a su antecesora. No hay suficiente dinero. Y los ajustes se hacen cuando se elabora el presupuesto (lo que hacía el gobierno anterior) o cuando se ejecuta, es decir se dice que se van a a hacer determinadas políticas pero como no hay fondos suficientes no se hace (lo que hace el gobierno actual). Sin entrar en qué método es más honesto, lo cierto es que en la actualidad el ejecutivo cuenta con 1.000 millones de euros más que su antecesor, que le han servido para tapar algunos agujeros más, pero siguen siendo fondos insuficientes para que se produzca la recuperación social.