La forma y el fondo del proceder del gobierno Sánchez con los independentistas han dividido al PSOE. Además del desacuerdo sobre el fondo y la forma, consideran que cuando menos ha sido inoportuno. Los barones socialistas tienen elecciones el 26 de mayo y son conscientes de que gobernar con el apoyo de los independentistas a nivel nacional a base de concesiones les resta apoyos en sus respectivas regiones. De ahí que quieran distanciarse de su secretario general y presidente de España, Pedro Sánchez, aunque no con la misma virulencia que les llevó a impulsar un golpe de mano hace dos años para destituirle al frente del partido.
La primera voz disonante la ponía Nacho Hernando, el portavoz del gobierno del castellano-manchego de Emiliano García-Page. Durante su exposición de los acuerdos del Consejo de Gobierno aprovechaba para referirse a la reunión bilateral: “No podemos estar mercadeando de forma bilateral. Cualquier español debe tener los mismos derechos y el acceso a los servicios públicos viva donde viva. Y eso se garantiza teniendo la misma disponibilidad de recursos. No puede haber 17 proyectos, puede haber distintos grupos de trabajo, pero el proyecto es único”.
Ya en el turno de preguntas, y a una formulada por clm21.es sobre si la Comunidad va a presentar una protesta formal en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano en el que se adoptan los acuerdos sobre financiación a las Comunidades Autónomas), Hernando ha sido más explícito, ha subido el listón y ha dicho que la cuestión se la planteará García-Page a Pedro Sánchez en la reunión que mantendrán en La Moncloa el próximo día 15: “Le vamos a transmitir que en la medida que aquí vaya a haber reuniones bilaterales no va a haber un proyecto común de España. Se puede atajar lo urgente, pero también hay que atajar lo necesario”.
Poco después, el presidente García-Page anunciaba que "hoy mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha va a pedir la reunión de la comisión bilateral con el Gobierno de España para empezar a gestionar los muchos cientos de millones de euros que en dependencia, sanidad y financiación reclama la Comunidad Autónoma en relación con el Estado. Lo queremos hacer ahora con este Gobierno porque hay sensibilidad y porque, de la misma manera que se atiende a Cataluña, se tiene que atender al resto de las Comunidades Autónomas. Lo hacemos porque en esta tierra no jugamos a ser más, pero no consentimos ser menos". Las declaraciones evidenciaban el malestar por la reunión de ayer, rompen con la línea mantenida hasta la fecha de negociación conjunta en el seno del Consejo de Política Fiscal, que es el órgano institucional de coordinación, y plantean un escenario de política autonómica de 17 comisiones bilaterales.
El movimiento del gobierno central ha dejado en una situación delicada a los gobiernos autonómicos presididos por dirigentes del PSOE, que en julio se posicionaron contra la posibilidad de que los temas sobre financiación se negociaran bilateralmente (en una clara alusión a la situación catalana) y que reivindicaron que cualquier acuerdo en esta materia se produjera en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que están representados tanto el gobierno central como todos los gobiernos autonómicos. La tercera línea en común era urgir un nuevo modelo de financiación para las regiones de régimen común.
Ayer se produjo la reunión bilateral gobierno central y Cataluña y, desoyendo esta postura, se adoptó un triple acuerdo con Cataluña sobre su financiación: cubrir la deuda pendiente de 759 millones de euros en inversiones en infraestructuras en Cataluña, transferir 700 millones a la Generalitat por infradotación de los Mossos d’Escuadra y convertir en deuda a medio plazo 2.763 millones de euros que tiene la Generalitat con vencimiento a menos de un año. La dotación se incluirá en los presupuestos de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. El Gobierno central era consciente del malestar que podía generar el acuerdo entre los barones y la ministra de Hacienda, en su comparecencia ante los medios, trató trasladar que el compromiso no respondía a un trato diferenciado con Cataluña.
A la reunión de ayer Cataluña llegaba con una reivindicación de 7.600 millones de euros por infrafinanciación y con el deseo de abordar el futuro de la deuda de más de 54.000 millones que mantiene con el Estado. En el caso de Castilla-La Mancha, el gobierno regional ha cifrado la deuda por infrafinanciación en más de 8.000 millones de euros y su deuda con el Estado supera los 10.000 millones de euros
Aunque el vicepresidente catalán y dirigente de Esquerra Republicana, Pere Aragonés, negara que el acuerdo supusiese el apoyo de los grupos independentistas a los presupuestos de Pedro Sánchez, el hecho es que el compromiso alcanzado en la reunión bilateral es incluir esos pagos en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que una votación de rechazo por parte de los independentistas a los presupuestos supondría de facto que Cataluña perdiese esos fondos.
Por otra parte, Pere Aragonés se mantuvo en la postura de que Cataluña seguirá sin asistir a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de negociar los acuerdos sobre financiación de forma bilateral con el gobierno central.
Una postura que choca frontalmente con las palabras del consejero de Hacienda de Castilla-La mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien defendía la posición de los gobierno regionales del PSOE: “El Consejo de Política Fiscal y Financiera(CPFF) es precisamente el lugar donde se tiene que discutir todo aquello que afecta a esa financiación. Quienes pretenden retirarse del CPFF es porque consideran que deben tener derecho a más recursos de los que tenemos que tener los demás”.
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