POLÍTICA

Castilla-La Mancha figura en el grupo de once regiones españolas que prevén apurar al máximo el límite de déficit para 2018 establecido en el 0,4% de sus respectivos PIB. En concreto, el gobierno del presidente García-Page estima que se gastará 165,42 millones de euros más de lo que ingrese. El conjunto de las Comunidades no superará el 0,2% de déficit y cerrará con un desfase de 2.595 millones de euros. Según los cálculos oficiales, con el presupuesto presentado por el gobierno regional, el déficit alcanzará el 0,43%, tres centésimas por encima del límite, aunque en el Ministerio de Hacienda se considera irrelevante este hecho siempre y cuando no se produzca un mayor desfase.

Tiene el gobierno de García-Page la teoría y la práctica de marginar al crítico y al discrepante, ya sea una organización civil, un político rival (incluidos los del propio partido), un activista o un medio de comunicación… Y esa estrategia que antaño podía tener más o menos efectividad ha terminado por abrir brecha contra el propio gobierno y su presidente. Por el contrario, es generoso con el adulador.

Ha sido la semana de las personas con discapacidad psíquica. Y ha sido la semana del presidente García-Page y el “falso rumor”, que es como él ha calificado una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a propósito de la persecución que hizo el gobierno a los veterinarios que denunciaron maltrato animal en la empresa Incarlopsa.

En lo que se puede interpretar un ejercicio de sinceridad política sin precedentes o un error descomunal, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda del gobierno del presidente García-Page, ha mantenido hoy que “durante el periodo 2009-2015 la Comunidad Autónoma estuvo infradotada en más de 8.000 millones de euros” lo que incidió en la prestación de los servicios públicos. Su afirmación se sustenta en el estudio elaborado por su departamento denominado “Cuantificación de la insuficiencia de recursos de Castilla-La Mancha para conseguir alcanzar la media de gasto del conjunto de Comunidades Autónomas”.

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, considera que la Ley de Mecenazgo del gobierno que está en tramitación parlamentaria debe ponerse bajo sospecha, a la luz de las informaciones sobre las donaciones de Incarlopsa a la Fundación Impulsa y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en la que se da amparo a los veterinarios a los que el gobierno del presidente García-Page sancionó por levantar actas sobre posible maltrato animal por parte de la compañía cárnica. Una sentencia en la que la justicia se refiere al proceder de la Administración con términos como manifiesta arbitrariedad, complacencia, actuar al dictado de la empresa, claudicación frente a los deseos de esta o vulneración de derechos de los funcionarios.

Anda el equipo de Hacienda del gobierno regional en apagón informativo. Trabajan en eso de preparar lo del déficit para enviar al Ministerio y que este lo envíe a Bruselas, y en lo de los datos de la deuda comercial, la de facturas sin pagar… que el lunes habrá noticia. La última salida fue para arrear a la Universidad. Por callar hasta no responden si nuestra Comunidad irá abandonando el paraguas del Ministerio que, según dicen tan mal les trata, para salir a los mercados a tratar de captar la financiación necesaria para cuadrar las cuentas vía emisión de deuda o de crédito y depender cada vez menos del Fondo de Liquidez Autonómica.

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha presentado el trazo grueso de su programa electoral y de gobierno para Castilla-La Mancha bajo la denominación estrategia 9/19. Un proyecto que contempla nueve medidas orientadas, como ha señalado, “al desarrollo económico y social de la Comunidad”. Las principales líneas están dirigidas a colectivos concretos, como mujeres con pensiones mínimas de viudedad, estudiantes universitarios, autónomos y pensionistas en general. Aunque no ha facilitado la ficha financiera de este programa, los cálculos de las medidas propuestas sobrepasan el coste de 1.000 millones de euros anuales y van desde un complemento regional para igualar la pensión de viudedad al salario mínimo, hasta subvencionar la cuota a todos los autónomos, la matrícula universitaria gratuita o eliminar el copago farmacéutico para pensionistas, la entrada gratuita a museos, el bono social de telefonía e internet o incentivar la visita de residentes a Castilla-La Mancha mediante un programa que ha denominado de “invitación a conocer Castilla-La Mancha”.

Cuando Felipe González llegó a la presidencia del Gobierno, ella contaba con apenas 10 años. Y aunque los ecos de aquel socialismo aglutinador, plural, pragmático y alejado del dogmatismo se han ido apagando con el paso de los años, ella todavía guarda parte de esas esencias. Más de treinta años después, cuando la política es la de bronca y titular, la del “tweet”, “memes” y “likes”, y el socialismo español anda tratando de salir de su encrucijada, en Blanca Fernández se atisba aquel espíritu de los ochenta y de los noventa. No es de las fundamentalistas del poder, aunque forme parte de ese poder y ya se sabe que cualquier poder tiene sus servidumbres.