política

La casualidad ha querido que las declaraciones del secretario del PP, Vicente Tirado, a Castilla-la Mancha Media en las que criticaba con dureza que existan miembros en el Gobierno de García-Page “que estén a favor del derecho a decidir en Cataluña” hayan coincidido con la actuación de la guardia civil en varias consejerías de la Generalitat para evitar que finalmente se celebre la consulta el 1 de octubre tal y como ha dictaminado el Constitucional.

Semana horribilis y semana de feria. Las listas de espera sanitarias todavía no han salido de la cocina. El gobierno se retrasa más de la cuenta en hacerlas públicas. Mala semana de datos económicos. En unos casos, el gobierno regional calla y en otros trata de responsabilizar a otros. Se ha cumplido un año desde la dimisión del máximo responsable de medio ambiente del Gobierno con una investigación abierta por el incendio de la planta de tratamientos de residuos de Chiloeches. Se cierra la recogida de avales para las primarias. Ambos bandos anticipan su satisfacción. Los oficialistas de García-Page transmiten mayor convicción cuando lo comunican.

Podemos Castilla-La Mancha prepara un plan para implantar su estructura en las poblaciones de más de 10.000 habitantes en Castilla-La Mancha, aprovechando la posición que le da estar dentro del Gobierno regional. La formación morada quiere hacer depender su futuro de si misma. Contemplaba la posibilidad de que una vez aprobado el proyecto de ley de presupuestos para 2018, a finales de año, y salgan adelante las medidas legislativas que el gobierno regional tiene previsto remitir a las Cortes en los próximos meses se entre en tiempo de descuento y García-Page pueda romper la coalición cesando a los dos miembros de Podemos. Las relaciones son de conveniencia, ni tan siquiera educadas y protocolarias. Basta ver el video del pleno en la que se aprobó el presupuesto de 2017. García-Page se abraza a unos y a otros y rehúye el apretón de manos con su vicepresidente segundo, García Molina, secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha.

El portavoz del grupo Popular en las Cortes de Castilla-la Mancha ha denunciado hoy que Emiliano García-Page tiene en su gobierno un vicepresidente que recientemente se mostró a favor del referéndum de Cataluña. Cañizares se refería al secretario general de Podemos, José García Molina, que fue nombrado vicepresidente por un decreto firmado por García-Page

José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca de Henares, y Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades, rivalizan oficialmente por la secretaría regional del PSOE de Castilla-la Mancha, cuya votación de primarias tendrá lugar el próximo día 30. Blanco y García-Page han sido los dos únicos militantes socialistas que han presentado su candidatura.

La renuncia a los privilegios anunciada por la nueva vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, María Díaz (Podemos) se circunscribe al coche oficial y al seguro de vida que tienen suscrito tanto los diputados como el personal de la Cámara. Según el sistema retributivo y de organización del Parlamento, la vicepresidencia primera sólo tiene como derechos diferentes a los del resto de los diputados, el poder disponer de un vehículo oficial, así como contar con un conductor y un asistente cuyas nóminas corren a cargo del Parlamento. La vicepresidenta no ha renunciado al asistente que le corresponde en función de su puesto y ha solicitado que el puesto de conductor sea reconvertido en otro asistente, según fuentes parlamentarias.

Destacados miembros del Partido Socialista de Castilla-La Mancha creen que, a día de hoy, el actual secretario regional, Emiliano García-Page, revalidará su cargo en el proceso de primarias que se celebrará el próximo día 30 y que su hasta ahora único oponente, José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca de Henares, no alcanzará el 35 por ciento de los votos.

Las prisas que el gobierno ha transmitido para aprobar el proyecto de ley de presupuestos han terminado por generar un fuerte conflicto parlamentario que, según ha anunciado el grupo Popular puede terminar de nuevo ante el tribunal Constitucional.

El gobierno de Castilla-la Mancha se mantiene en la holganza legislativa. Durante este año sólo ha remitido a las Cortes una única ley de las 28 que figuran en el Plan Anual Normativo 2017 (puede consultarse en el portal de transparencia). Y esa única ley era obligada, porque se trata de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades para este año. El ejecutivo ha acompañado ese único proyecto con una ley ómnibus o cajón de sastre con la que pretende modificar aspectos puntuales y concretos de 20 normas vigentes.

No ha gustado en el PSOE nacional las declaraciones de García-Page en las que deslizaba un posicionamiento crítico contra un gobierno de coalición a nivel nacional semejante al que ha conformado el en Castilla-La Mancha. García-Page se escuda en que a nivel nacional sería necesario contar con los nacionalistas. Y eso mejor ni tocarlo. Como ha dicho, para formar gobierno hay que sumar más votos en las urnas.

El alumno aventajado suspende. Si se comparasen las encuestas -la de ahora- con las de antes -las de hace 13 años- presidente contra presidente, Bono ganaría por K.O. a su compañero y discípulo Emiliano García-Page. Pero eso, al fin y al cabo, son encuestas. Lo grave es que, si se compara la gestión, el pupilo no dura ni un asalto.

Emiliano García-Page, quien en su momento no era partidario de que Pedro Sánchez pactará con Podemos a nivel nacional, ha presidido hoy la toma de posesión de los nuevos cargos del Ejecutivo regional, acto en el que ha querido remarcar que “el modelo que hoy se inicia en la región” con la entrada en el Gobierno de dos miembros de Podemos, “tampoco tiene por qué ser exportable a otras comunidades ni al conjunto del país”.

La caída de la inversión productiva por la Junta de Comunidades en los últimos trece años supera los 18,5 puntos. En este periodo que está marcado por los últimos presupuestos de los gobiernos de José Bono y de García-Page los recortes en la inversión superan los 1.000 millones de euros. Los servicios sociales han visto recortadas las inversiones en más de 445 millones.