En Castilla-La Mancha, el problema presenta una dimensión especialmente relevante. La deuda de la comunidad autónoma se ha situado en el 28,1% del PIB, una de las ratios más elevadas de España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Murcia y al mismo nivel que Cataluña. La cifra multiplica por más de dos el umbral del 13% utilizado como referencia en la Ley de Estabilidad.
Una deuda elevada en una comunidad con menor financiación relativa
El dato de endeudamiento adquiere una lectura adicional cuando se pone en relación con el sistema de financiación autonómica. Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades que reciben menos recursos por habitante ajustado dentro del sistema de régimen común.
Un análisis de FEDEA sobre los criterios de equidad de la financiación autonómica sitúa a Castilla-La Mancha un 22% por debajo de la media en financiación normativa por habitante ajustado en la aplicación de la propuesta de reforma analizada por el organismo. La comunidad también presenta una capacidad fiscal por habitante ajustado inferior a la media, del 24% según ese ejercicio.
Esta situación no permite atribuir directamente el endeudamiento autonómico a la infrafinanciación, pero sí pone de manifiesto una de las restricciones estructurales de las cuentas regionales: una comunidad con menor capacidad fiscal y menores recursos relativos debe financiar servicios públicos similares a los del resto de territorios y, al mismo tiempo, afrontar un stock de deuda elevado.
El propio análisis de FEDEA identifica a Castilla-La Mancha entre las comunidades con una mayor carga de deuda en relación con su PIB. En su revisión de las finanzas autonómicas hasta 2025 señala que la deuda de Castilla-La Mancha se ha multiplicado por más de nueve en términos de PIB desde 2003, situándola junto a Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana entre las autonomías con mayor endeudamiento relativo.
El déficit de financiación y la deuda forman parte del mismo problema fiscal
La conexión entre ambas variables debe entenderse a través de las necesidades de financiación de las comunidades. Cuando los ingresos disponibles no permiten cubrir el gasto asociado a las competencias transferidas, la diferencia puede traducirse en déficit y, posteriormente, en mayor deuda.
FEDEA señala que las comunidades tienen que financiar cada año tanto sus vencimientos de deuda como los déficits en los que incurran y determinadas obligaciones procedentes del propio sistema de financiación.
En el caso de Castilla-La Mancha, esta presión se produce además sobre una estructura financiera que presenta una financiación relativa inferior a la media. El estudio de FEDEA sobre la liquidación del sistema de financiación de 2024 vuelve a situar el debate en la diferencia entre los recursos que reciben las comunidades y las necesidades asociadas a sus competencias.
Por tanto, la elevada deuda de Castilla-La Mancha no puede explicarse únicamente por la infrafinanciación, ya que intervienen también la evolución del gasto, los déficits acumulados, los costes financieros y las decisiones presupuestarias de cada ejercicio. Pero la financiación autonómica constituye un elemento relevante para entender por qué una comunidad con una capacidad fiscal inferior a la media mantiene una deuda relativa tan elevada.
Castilla-La Mancha se aleja del objetivo del 13%
Los datos del Banco de España dibujan así una brecha considerable entre las comunidades autónomas. Cinco se mantienen por debajo del 13% del PIB —Navarra, Canarias, País Vasco, Madrid y Asturias—, mientras Castilla-La Mancha alcanza el 28,1%.
La diferencia es especialmente significativa porque el 13% no es un simple promedio estadístico, sino el valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Castilla-La Mancha se encuentra, por tanto, 15,1 puntos por encima de ese nivel.
El contraste entre deuda y financiación introduce una cuestión de fondo para la reforma del modelo autonómico: la suficiencia de recursos para prestar los servicios públicos y la capacidad de reducir el endeudamiento están estrechamente relacionadas. Una mejora de la financiación recurrente podría aliviar las necesidades de financiación de las comunidades, aunque por sí sola no determinaría la evolución futura de su deuda.
Si (
No(
