La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera improbable que Castilla-La Mancha cumpla los objetivos del déficit público del 0,7 este año y del 0,5 el que viene. La estimación de este organismo español, ajeno a los gobiernos y administraciones públicas, se produce tras analizar los Planes Económicos y Financieros de nuestra Comunidad.
Castilla- La Mancha tuvo que presentar esos planes por los incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestario de 2015 (el déficit llegó al 1,67 % cuando el límite era del 0,7) y de la regla del gasto por la cual éste no puede aumentar por encima de lo que crezca el PIB. Castilla-La Mancha también incumple el objetivo común de endeudamiento, lo que motivó en su día un escenario particular para nuestra Comunidad. Los incumplimientos pueden llegar a acarrear multas del Estado por valor de 75 millones de euros y hasta la intervención de la Comunidad Autónoma por el Ministerio de Hacienda.
La desviación será de dos décimas cada año
La AIReF contempla que la desviación de Castilla-La Mancha cada año será de 2 décimas. Así sitúa el déficit previsible de nuestra región en el 0,9 en 2016 y en el 0,7 en 2017. La autoridad fiscal independiente tiene como objetivo garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera de las administraciones públicas.
La AIRef ha advertido que falta por conocer la repercusión que el reparto de los 703 millones de euros recaudado de más por el Estado en 2014 sobre las previsiones iniciales. Y ha señalado que esa distribución entre las comunidades autónomas puede suavizar en algo estas previsiones.
Existe un Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea que obliga a nuestro país al cumplimiento de las medidas de sostenibilidad financiera (déficit y endeudamiento). Como consecuencia del mismo, nuestro país tiene una normativa (ley de estabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria) que obliga al conjunto de las administraciones públicas a llegar en 2019 al déficit máximo de 1,6 y a rebajar la deuda pública al 96 % del PIB.
Las obligaciones se reparten en cuatro grandes bloques institucionales: Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social. Las Comunidades Autónomas tienen que llegar al déficit cero en 2019. En cuanto al endeudamiento, el límite para el conjunto de las Comunidades Autónomas es el 22,5 %. Sin embargo, la elevada deuda de nuestra región obligó a revisar al alza el límite para Castilla-La Mancha, que quedó fijado en el 30,6 en 2018 (31,9 en 2017 y 33 en 2016). Por último el límite estimado de la regla de gasto para las regiones españolas es de 2,2% para 2017 y 2,6% para 2018.
La UE ha abierto un expediente sancionador a España que, de confirmarse, obligará a España y a CLM a realizar drásticos recortes
Precisamente los incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria por nuestro país han motivado hoy mismo que la Comisión Europea abra expediente sancionador. El Gobierno en funciones porfía al buen hacer del ministro De Guindos cerrar con éxito este proceso. De lo contrario, España tendría que pagar algo más de 2.000 millones de euros, de los que hasta 75 podrían ser repercutidos sobre Castilla-La Mancha al haber incumplido nuestra Comunidad el objetivo del déficit. Además, Bruselas plantea también la congelación de los fondos estructurales para el próximo año. Ambas medidas supondrían un mazazo para las cuentas públicas regionales y obligarían a llevar a cabo drásticos recortes en los próximos años
El 12 de julio se reúnen los ministros de economía y finanzas de los países de la Unión (Ecofin) para estudiar la recomendación de sancionar a España que ha adoptado la Comisión. Luego el ejecutivo europeo tendrá un plazo días para determinar si hay sanción y el alcance de la misma.
Fuentes consultadas por clm21.es consideran que todo puede quedar en un apercibimiento y descartan en todo caso el bloqueo de los fondos estructurales, porque supondría un varapalo a la economía española, y, particularmente a los programas de reinserción laboral y fomento del empleo financiados a través del Fondo Social Europeo.
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