El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido y renovado la externalización de la asistencia sanitaria del servicio público de salud mediante la firma de treinta y dos convenios con empresas privadas, fundamentalmente con el Grupo Quirón Salud, resultante de la fusión de Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC) y Quirón.
Algunos de estos convenios son nuevos; otros, prórrogas de los que firmó el gabinete de María Dolores Cospedal y en otros casos suponen la inclusión de cláusulas adicionales a los ya existentes. Estos acuerdos se firmaron entre noviembre de 2015 y finales de marzo de 2016, antes de que se aprobaran los presupuestos por las Cortes de Castilla-La Mancha.
El proceso de privatización de la asistencia sanitaria con el actual gobierno se inició el nueve de noviembre del pasado año, fecha en la que el ejecutivo socialista castellano-manchego estableció nuevos acuerdos con Ibérica de Diagnóstico y Cirugía para la asistencia de pacientes en los hospitales de IDC en Albacete, Ciudad Real, Talavera y Toledo (Tres Culturas) y la clínica de Alcázar de San Juan.
El ejecutivo va a destinar 123 millones de euros este año al pago a servicios por empresas privadas de atención de pacientes del servicio público de salud
El grupo Quirón pertenece a un entramado societario complejo muy elaborado en el que participan fondos de inversión y alguno cuyos directivos tiene vinculaciones con grupos de comunicación. Tiene 70 centros repartidos por toda España: 40 hospitales generales, 26 centros de multiespecialidad, 5 hospitales de día, 5 clínicas de reproducción asistida, 2 oftalmológicos y 6 residencias de la tercera edad. Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor concentración de centros de esta sociedad. En concreto, en nuestro territorio hay catorce establecimientos del grupo. El artífice del grupo es el empresario asturiano, Víctor Madera, al que en alguna ocasión se le ha definido como “el ministro de sanidad en la sombra”. Este holding de empresas es el líder del mercado privado de la asistencia sanitaria en España, por delante de Vithas (que opera fundamentalmente en levante), Asisa (cuyos hospitales se agrupan en la marca Grupo Hospitalario HLA) y HM hospitales (con presencia fundamentalmente en Madrid). Sanitas es el séptimo en el ránking.
El pacto de investidura entre el PSOE y Podemos contemplaba una “auditoría de los sistemas sanitarios y revisión de los procesos privatizadores emprendidos a nivel autonómico, encaminada a revertirlos”. El plazo establecido por las dos formaciones de izquierdas era, precisamente, noviembre de 2015. El acuerdo establecía que tras esta “foto fija, el ejecutivo de la Junta de Comunidades constituirá con carácter de urgencia la Comisión Gubernamental encargada de hacer una primera evaluación interna en términos de contabilidad analítica de los sobrecostes generados por los procesos de externalización”. Asimismo, el pacto establecía la paralización de los planes de privatización de la Administración Pública y “creación de un plan de recuperación de servicios externalizados”.
Lejos de ello, el Gobierno ha mantenido y renovado los acuerdos para derivación de pacientes del sistema público a las clínicas privadas que llevó a cabo el gobierno anterior para tratar de reducir las listas de espera y que fue fuertemente criticado por PSOE y Podemos.
El principal beneficiario de los acuerdos de derivación de pacientes es el Grupo Quirón Salud, resultante de la fusión entre Ibérica de Diagnóstico y Cirugía y Quirón
A lo largo de 2016, el Gobierno ha firmado prórrogas de algunos de los acuerdos a los que llegó el gobierno anterior, ejecuciones derivadas de esos acuerdos, cláusulas adicionales y nuevos convenios con centros asistenciales privados. En total, durante el primer trimestre de 2016, el ejecutivo ha firmado otros 27 acuerdos y convenios de singular vinculación entre el SESCAM y centros privados, en su mayoría pertenecientes a Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, integrada en el Grupo Quirón Salud.
A pesar del plan de recuperación de servicios externalizados que figura en el acuerdo de investidura, el gobierno mantuvo para 2016 el mismo presupuesto para “la atención sanitaria con medios ajenos” de pacientes del servicio público de salud, que asciende a 123 millones.
Este dinero está destinado fundamentalmente, además de al transporte, a la realización de pruebas diagnósticas y a intervenciones quirúrgicas. Tal y como informaba clm21.es, a pesar de este programa privatizador, las listas de espera quirúrgica se han incrementado en el último año.
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