Castilla-La Mancha refinanció el año pasado 1.652 millones de su deuda

Además, Castilla-La Mancha cargó al Fondo de Liquidez Autonómica una anualidad de las liquidaciones negativas de los dos primeros años de la Gran Recesión, 2008 y 2009. A esa partida de 51,3 millones de euros hay que sumar las destinadas a financiar el déficit público, incluyendo en este apartado tanto los intereses asociados a los vencimientos de deuda (1 millón) como la cancelación de deudas pendientes de pago a proveedores (42,3 millones).

Por todos los conceptos, la Comunidad recibió del Fondo de Liquidez Autonómica 1.746,8 millones de euros.

El Gobierno Central destinó 26.228,43 millones de euros para que las Comunidades pudiera financiarse mediante deuda centralizada. Ese dinero se distribuyó a través de dos mecanismos, el Fondo de Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidez Autonómica. Castilla-La Mancha se acogió al segundo, junto a Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia. Nuestra Comunidad fue la cuarta de las trece regiones acogidas a uno de los dos sistemas que más fondos recibió. El listado lo encabeza Cataluña con casi 8.000 millones de euros, un 30,8% del total del dinero.

En estos casos, según la normativa aplicable, las disposiciones de fondos de este compartimento para atender las necesidades de financiación del déficit público, distinta de intereses, así como con el destinado a la financiación de las devoluciones de las liquidaciones negativas del ejercicio 2008 y 2009, siempre y cuando las mismas hayan sido objeto de retención, se desembolsaron directamente en favor de los proveedores o Entidades Locales en las condiciones previstas en el Programa para la aplicación del FLA.

En el caso de Castilla-La Mancha se abonaron 5.307 facturas a proveedores por valor de 42,3 millones de euros, de los que 21,7 millones era de años anteriores y 20,6 a 2019. De toda la cuantía 31,3 millones fueron para atender facturas de contratos de obras, concesiones, servicios y alquileres. Otros 3,1 millones fueron para cargos de concesiones de servicios sanitarios y 7,9 de concesionarios de servicios sociales.

Por finalidad del gasto, el 87,15% se destinó a los servicios fundamentales (sanidad, educación y sociales), destacando el ámbito sanitario con un 63,25%, seguido por el de servicios sociales con un 20,93%.