Los incumplimientos de los objetivos de sostenibilidad financiera por parte del gobierno regional durante el presente año limitan la financiación de sus planes previstos para 2017, incluso antes de que se hayan presentado los presupuestos. El descontrol de la deuda pública durante este año lleva aparejado la limitación para obtener fondos extraordinarios por esta vía para el año que viene según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
A finales del tercer trimestre, el gobierno regional rebasaba en más de 1.000 millones el límite permitido de endeudamiento financiero a nuestra Comunidad Autónoma para 2016. Los datos se han dado a conocer por el Banco de España. La deuda de Castilla-La Mancha a finales del tercer trimestre era 13.846 millones de euros, siete millones más que la cifra oficial facilitada por el gobierno autonómico. Esa cuantía representa, según reconoce el gobierno el 35,9 por ciento del PIB de nuestra Comunidad. El año pasado, nuestra Comunidad ya incumplió el límite de endeudamiento que era del 32,4 por ciento y se situó en el 35,7.
El exceso de gasto y el déficit en la recaudación de los impuestos propios, tras la reforma tributaria llevada a cabo por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, se ha traducido en un aumento de la deuda financiera en 420 millones respecto a principio de año.
La cifra facilitada por el Banco de España supone que el gobierno que preside García-Page incumple el objetivo de sostenibilidad financiera, que sitúa el límite de endeudamiento para Castilla-La Mancha para 2016 en el 33 por ciento del PIB. Este incumplimiento conlleva automáticamente que durante el año que viene el ejecutivo no podrá llevar a cabo operaciones de endeudamiento neto y que sólo podrá tener créditos por el mismo importe que vaya amortizando, según establece el artículo 13.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esa medida hace peligrar muchos de los planes y medidas anunciados por el gobierno para la mejora de los servicios públicos básicos. Para hacernos una idea, durante los nueve primeros meses del año, el endeudamiento neto de Castilla-La Mancha ha crecido en 420 millones de euros y, a pesar de ello, el gobierno ha tenido problemas por el exceso de gasto en determinadas partidas. Ha tenido que acudir al crédito para poder pagar las recetas a las farmacias, ha restringido las contrataciones de personal sanitario y se ha topado con las primeras protestas e sanidad y educación.
Además, Castilla-La Mancha deberá rebajar el límite de su endeudamiento al 31,9 por ciento en 2017 y estabilizarlo en el 30,6 por ciento en 2018. Las variables para conseguir esos objetivos son: aumentar la riqueza regional, reducir el valor neto de la deuda o la combinación de ambas.
El endeudamiento de la Comunidad rebasa en más de 1.000 millones de euros el límite autorizado
El ejecutivo autonómico necesita de la autorización del Gobierno Central para realizar operaciones de crédito o emisiones de deuda. El Gobierno Central, ha flexibilizado los objetivos de estabilidad a las Comunidades Autónomas para el periodo 2016-2019. A cambio les ha exigido rigor en el cumplimiento de los mismos a fin de evitar las sanciones europeas y las consiguientes medidas coercitivas. Hay que tener en cuenta la estrecha vigilancia a la que están sometidas las cuentas españolas por parte de la Comisión Europea, que exige a nuestro país el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuyo “objetivo es lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo”. Unas exigencias que se han estrechado tras perdonar las sanciones a nuestro país por los incumplimientos de los objetivos de déficit de 2015.
El objetivo de deuda para el conjunto de las regiones españolas en 2016 es del 24,4 por ciento del PIB. A finales de septiembre se situaban en el 24,6. La deuda de las Comunidades Autónomas era de 271.980 millones de euros, de los que 137.970 millones eran a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que controla el Gobierno Central. A pesar de esa media autonómica del 24,4, Valencia tiene autorizado el 38,2 por ciento. La segunda región con mayor límite autorizado es la nuestra, con el 33 por ciento y nos sigue Cataluña, con el 31,4. Madrid en cambio tiene establecido el límite de endeudamiento en el 13 por ciento.
El endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas españolas no puede sobrepasar a fin de año el 99,4 por ciento del PIB nacional. A final del tercer trimestre el porcentaje era del 100,3. El año que viene el límite estará en el 99 por ciento; en 2018, en el 97,7 y en 2019 en el 95,4.
Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, de los 13.846 millones de euros, 9.177 eran de préstamos del Estado a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, 2.089 a bancos nacionales a largo plazo, 1.091 millones a bancos extranjeros también a largo plazo y 1.490 millones en deuda a largo plazo.
El año que viene, el ejecutivo tiene que reducir la deuda en 4 puntos del PIB, lo que a día de hoy equivaldría a aminorar el endeudamiento neto en 1.500 millones de euros
La deuda pública de la Comunidad Autónoma creció con fuerza en el periodo 2007-2011, durante el último gobierno socialista y primer periodo de la crisis económica, en el que pasó de 1.829 millones de euros en 2007 a 6.886 en 2011 (un crecimiento del 376,4 por ciento). En 2012, el gobierno del Partido Popular afloró 3.000 millones de facturas sin pagar de sus antecesores, lo que provocó que la deuda subiera hasta los 10.190 millones de euros (un 48 por ciento). Durante 2013, 2014 y primer semestre de 2015, la deuda llegó a 13.138 millones de euros. Con García-Page en la Presidencia, la deuda pública ha crecido en quince meses hasta los 13.846 millones de euros.
A pesar de que los datos del Banco de España indican el incumplimiento del objetivo de sostenibilidad financiera por parte nuestra Comunidad y ponen en peligro la financiación neta a crédito para el año que viene, el consejero ha buscado una estadística para el consuelo y ha señalado que “la deuda pública de Castilla-La Mancha baja una décima con respecto al trimestre anterior, quedando en el 35,9% del Producto Interior Bruto; y si se compara con la deuda que existía al inicio de la legislatura crece solo dos décimas, siete décimas menos que el incremento dado en ese mismo periodo en el conjunto de España con un aumento del 0,9%”.
Más allá de las palabras, el titular de Hacienda mantiene una posición dura dentro del colegio de consejeros para tratar de cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera (que el déficit no supere el 0,7 por ciento del PIB y que la deuda no sobrepase el 33 por ciento). En el presupuesto no hay suficientes fondos para cubrir los proyectos. No hay dinero para pagar todos los compromisos políticos y el consejero hace malabarismos para cumplir el objetivo de déficit. La reforma tributaria encaminada a aumentar la recaudación por impuestos propios con un incremento de la presión fiscal ha fracasado y los ingresos por este concepto se mantendrán en cuantías similares al año pasado, antes de la reforma.
Si (
No(
