Según fuentes políticas consultadas por clm21.es, el Estado estaría aplicando unos ajustes suaves en términos de contabilidad nacional sobre las cuentas no financieras de 2016 de las Administraciones Públicas a fin de determinar el déficit de cada grupo territorial de administraciones y del general del Estado Español. Esa laxitud permitiría a España presentar un déficit público ajustado a las exigencias europeas. El dato será dado a conocer el próximo viernes.
El gobierno regional mantiene oculta la ejecución presupuestaria de diciembre que refleja el déficit de la Comunidad antes de ser sometido a los ajustes contables
Ese proceder menos exigente por parte del gobierno central trasladado a Castilla-La Mancha supondría que nuestra Comunidad estaría en un escenario próximo al cumplimiento del objetivo del 0,7. Las mismas fuentes anticipan que podría existir una desviación que se movería entre una y tres centésimas. Las últimas estimaciones oficiales situaban el déficit de Castilla-La Mancha entre el 0,9 y el 1 por ciento.
El gobierno de Castilla-La Mancha no ha dado a conocer la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre, que permitiría conocer exactamente el saldo no financiero, es decir, el déficit entre ingresos y gastos antes de ser sometidos a los ajustes de contabilidad nacional.
A finales de noviembre el saldo no financiero de la Junta de Comunidades era de 201,24 millones de euros (0,52 por ciento del PIB). Sometidas las cuentas autonómicas a los ajustes por parte de la Intervención general del Estado, las necesidades de financiación de nuestra Región se elevaron en casi 50 millones de euros, hasta los 251 millones, lo que situaba el déficit de nuestra Comunidad en términos de su PIB en el 0,65 por ciento.
La ocultación de estos datos ha sido reiteradamente por la oposición parlamentaria. En concreto el lunes, 20 de marzo, el secretario regional del Partido Popular denunció este hecho y se preguntó públicamente las razones por las que el Gobierno regional había hecho públicas las ejecuciones presupuestarias de los meses de enero y febrero de 2017 y mantuviera oculta la de diciembre de 2016, “vulnerando la ley de transparencia”.
Los datos oficiales se darán a conocer el próximo viernes y reflejarán el cumplimiento del Estado con los objetivos marcados por Bruselas
Ese objetivo déficit del 0,7 por ciento para las Comunidades Autónomas que fue autorizado el 2 de diciembre, a tan sólo 29 días antes de terminar el año, será en todo caso más del doble que el empleado por el gobierno para la elaboración del presupuesto de 2016, aprobado en abril, y en su ejecución hasta finales de noviembre. No parece que si finalmente se produce la desviación de entre una y tres centésimas en el objetivo del déficit de nuestra Comunidad, vaya a existir un toque de atención por parte del Ministerio. Bastaría con el compromiso del gobierno del presidente García-Page de hacer una reserva de crédito de 11 millones de euros en el presupuesto de 2017 para compensar la desviación de 2016.
Si hace un mes el comisario europeo Pierre Moscovici anunciaba que las estimaciones provisionales del déficit español eran del 4,7, esta misma semana el ministro Montoro y el ministro de Guindos le daban la réplica y afirmaban que el conjunto de las administraciones públicas habrían cumplido con el objetivo marcado por Bruselas y estaría ligeramente por debajo del 4,6 por ciento (del 4,3 descontando el impacto en los presupuestos de las ayudas a la banca).
Falta por determinar si la Unión Europea será más rigurosa en el análisis de las cuentas o aceptará las que les remita Madrid. Hay que tener en cuenta que la desviación del déficit español a lo largo de 2016 llegó a superar el 5,1 lo que con la presión de Bruselas obligó al ejecutivo a cerrar la ejecución de determinados gastos en pleno verano y a adoptar medidas fiscales extraordinarias para incrementar los ingresos. También se aguarda la opinión de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF)
El pasado dos de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó unos objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas del 4,6 por 100 del PIB para 2016, del 3,1 por 100 del PIB en 2017, del 2,2 por 100 del PIB para 2018, y del 1,3 por 100 del PIB para 2019.
En el caso de las Comunidades Autónomas, los objetivos marcados de obligado cumplimiento pasaban en 2016 del 0,3 al 0,7 y en 2017 del 0,5 al 0,6. Para 2018 el déficit no podrá rebasar el 0,3 por ciento y en 2019 tendrá que existir equilibrio presupuestario.
Como quiera que estos porcentajes están referido al PIB, la Unión Europea, advirtió a España hace unas semanas que "el crecimiento sigue sorprendiendo pero surgen signos de deceleración", que se va a reducir el ritmo de crecimiento del PIB, lo que obligará a las administraciones públicas españolas, entre ellas a Castilla-La Mancha a contener la expansión del gasto y, en su caso, a adoptar medidas fiscales adicionales para lograr cumplir con el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento.
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