A finales de 2016, el gobierno regional no alcanzó los objetivos de recaudación por ingresos propios previstos con su reforma tributaria por la que aumentó la presión fiscal y tuvo que recurrir a financiarse mediante deuda para poder atender los compromisos de gastos adquiridos. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del estado de ejecución del presupuesto de 2016, a 31 de diciembre. La falta de ingresos motivó un recorte de 645 millones en las políticas de gasto.
125 millones menos en inversiones o ayudas a la inversión, 190 millones menos en subvenciones y 92 millones menos en compra de bienes y servicios, principales recortes aplicados.
El gobierno regional mantiene oculto este documento al que ha tenido acceso clm21.es. La Consejería sostiene que hará público estos datos, que insistentemente le reclama la oposición, al mismo tiempo que la cuenta general del ejercicio 2016. Los datos de este estado de ejecución son los de la intervención de la Junta antes de ser sometidos a los ajustes en términos de contabilidad nacional por parte de la Intervención del Estado.
Efectivamente, el gobierno regional tuvo que sobrepasar el listón de endeudamiento en 146 millones de euros sobre las previsiones autorizadas por las Cortes al fracasar las previsiones de ingresos por tributos propios, calculadas en función de su reforma fiscal.
De los 107,62 millones que dijo que iba a ingresar en concepto de impuestos de sucesiones y donaciones, a final del año había recaudado 70,63 millones de euros, tan sólo el 65,63 por ciento. Tampoco tuvo un buen comportamiento la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El ejecutivo regional que sostuvo que había aplicado rigor en la presupuestación, ingresó 253,52millones de euros, de los 328,76 que afirmó que tenía previsto ingresar, lo que equivale al 77,35 por ciento.
De los 436,38 millones que el gobierno tenía previsto alcanzar tras el aumento de la presión fiscal en los tributos propios, sólo ingresó 324,15
En cuanto a los tributos no cedidos, el gobierno regional ingresó 32 millones menos por IVA y 10 millones menos en concepto de impuestos especiales (sobre el tabaco, el alcohol, los hidrocarburos, la electricidad o la cerveza). Esta caída de ingresos procedentes del Estado se vio compensada con una mayor aportación de la financiación a través del Fondo de Garantía de los Servicios, por el que Castilla-La Mancha ingresó 74 millones más de lo presupuestado. El Gobierno Central también superó su aportación por el Fondo de Convergencia en un millón de euros.
El retraso en la gestión de proyectos financiados con fondos finalistas por parte de las diversas consejerías hizo que la Hacienda Autonómica tampoco recaudara lo que había previsto para inversiones. Salvo el Fondo de Compensación Interterritorial, el conjunto de fondos finalistas aportó a las arcas autonómicas 87,85 millones de euros, cuando las previsiones eran de 300 millones.
Las mayores transferencias del gobierno central a Castilla-La Mancha por IVA y por el Fondo de Garantía de los Servicios permitieron compensar la caída de ingreso por tributos autonómicos
En conjunto, la Comunidad Autónoma dispuso en 2016 de 7.417,5 millones de euros sobre los 7.720 previstos. Si se atiende a los ingresos no financieros (es decir descontado los de endeudamiento), los que provienen de impuestos, tasas, ventas de bienes y transferencias de otras administraciones, Castilla-la Mancha sólo ingresó 5.543 millones de los 6.001 previstos. Esta caída de ingresos provocó el mayor recorte del gasto sobre las previsiones iniciales de la última década.
En concreto, sobre unas previsiones de gasto no financiero, el destinado a cubrir los servicios públicos, de 6.414 millones de euros, el gobierno sólo gastó 5.769 millones. Esa es la cuantía de las obligaciones que reconoció en el ejercicio, aunque el gobierno elevó el compromiso de gasto hasta los 5.999,88 millones de euros, 414 millones menos de los consignados como créditos totales.
Por capítulos, las mejores condiciones de endeudamiento conseguidas por el gobierno central permitieron a nuestra Comunidad reducir sus gastos en intereses financieros en 26 millones de euros. Los capítulos que más sufrieron los recortes fueron el de subvenciones, en el que se gastaron 190 millones menos de los presupuestado y el de compra de bienes corrientes y servicios, que se redujo en 92 millones. De los 165 millones para inversiones, el gobierno sólo gastó 129,36, el 78,4 por ciento. Las ayudas para financiar las inversiones de empresas y ayuntamientos se recortaron en la tercera parte al caer en 89 millones de euros.
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