La reforma tributaria por la que se subieron los impuestos de sucesiones y donaciones y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados dejó un agujero en las arcas de la Comunidad Autónoma autonómicas de 108 millones de euros durante 2016, año en el que el gobierno regional ingresó por esa vía 15,17 millones de euros menos que en 2015. Estos datos están extraídos de un informe oficial al que ha tenido acceso clm21.es
Este desfase, el aumento del objetivo del déficit del 0,3 por ciento del PIB al 0,7 y la caída de otros ingresos ligados en su mayoría a proyectos finalistas que el gobierno o dejó sin gestionar o los gestionó con excesivo retraso obligaron al ejecutivo a acudir a un mayor nivel de deuda.
El gobierno también acudió a dejar sin realizar algunos proyectos y pagos para compensar otras caídas de ingresos. La tijera se dejó notar principalmente en los proyectos de inversión propia de la Junta y en la subvencionada a empresas y corporaciones locales. En concreto, el informe constata que de los 436,82 millones para dinamizar la inversión con fondos públicos, el ejecutivo autonómico sólo se gastó 223,47 millones.
Este nuevo informe con datos del propio gobierno a los que ha tenido acceso clm21.es revela este fracaso del gobierno regional en la gestión de ingresos durante el pasado año, especialmente en los impuestos que se vieron afectados por su reforma tributaria mediante la que incrementó la presión fiscal a los castellano-manchegos.
El informe pone de relieve que, mientras que el Estado financió a Castilla-la Mancha con 24 millones de euros más de lo previsto inicialmente a través del sistema de financiación, el gobierno autonómico dejó de ingresar 470 millones por conceptos distintos a los contemplados en el sistema de entregas a cuenta y liquidación del Estado y cuya gestión era responsabilidad autonómica.
Por lo que respecta a los tributos propios, que fueron modificados para incrementar la presión fiscal a fin de recaudar más, los datos de la Junta de Comunidades desvelan que el ejecutivo regional recaudó 15,17 millones menos que en 2015 tanto en los tributos de sucesiones y donaciones como de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El Estado financió a Castilla-la Mancha con 24 millones más de lo previsto
En concreto, en 2015 el gobierno ingresó vía sucesiones y donaciones 82,38 millones de euros. Esa cifra le pareció insuficiente y en 2016 promovió una reforma con el apoyo de Podemos para lograr recaudar ese año 107,62. Sin embargo, a final del ejercicio no sólo no alcanzó su objetivo y el de su reforma fiscal, sino que ingresó 70,63 millones de euros, casi 12 millones menos que en 2015.
Otro tanto sucedió con el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados. Si en 2015 recaudó 256,94 millones de euros, para 2016 con la reforma fiscal estimó que iba a ingresar 328,76 millones de euros. Sin embargo ingresó 253,52 millones, cifra inferior en 3,42 millones a 2015.
Además, el retraso en la gestión de proyectos finalistas le llevaron a dejar de recaudar 60 millones de euros provenientes de diversos ministerios y 240 millones de otras instituciones, fundamentalmente de la Unión Europea.
En concreto, Castilla-la Mancha recibió del Estado 4.472,18 millones como financiación autonómica. La Comunidad obtuvo por ingresos propios y transferencias del exterior otros 1.070 millones de euros (de ellos 324 por tributos propios). En total, los ingresos no financieros de Castilla-la Mancha contabilizados por el gobierno regional fueron de 5.542 millones de euros, 448 menos de los presupuestados.
En el capítulo de gasto no financiero el gobierno, según sus propios datos, se comprometió a destinar a sanidad, educación, agricultura, empleo, economía y empresas, fomento y bienestar social 5.990 millones. La autorización de aumentar el objetivo de déficit permitió al ejecutivo elevar esta cifra hasta los 6.130 millones de euros. Sin embargo, a final de año, sólo se había gastado en su proyecto de recuperar los servicios públicos 5.543 millones. Ese recorte de 587 millones se eleva a 645 cuando se aplican los ajustes en términos de contabilidad nacional a las cuentas autonómicas.
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