Las necesidades de fondos llevaron al Gobierno regional a pedir al Estado durante el año pasado 1.945,57 millones de euros en créditos para poder atender sus compromisos presupuestarios. Además, acudió a créditos a corto plazo en el sector privado por 840 millones de euros y amplió la partida de factoring con unas líneas de descuento de 17,89 millones.
Con esos créditos del Estado y de entidades financieras por 2.780,57 millones de euros, el gobierno atendió a vencimientos de deuda por 2.169,94 millones y dio cobertura al déficit del ejercicio que se elevó a 275 millones (inicialmente tenía presupuestado 135,68 millones con un objetivo de déficit del 0,3 por ciento, que luego se amplió hasta el 0,7). Los otros 335,63 millones fueron para cubrir las desviaciones de ingresos y las necesidades de liquidez del ejecutivo.
El Gobierno de Castilla-la Mancha acude cada vez más al Gobierno central para realizar sus operaciones de crédito. De hecho si en 2015, la deuda de la Comunidad autónoma por esa vía ascendía a 8.531,01 millones de euros, a final de 2016 la deuda había subido a 9.764,63 millones de euros. Si en 2015, la cifra representaba el 63,54 de los 13.426,04 millones de deuda, en 2016 era el 69,48 de los 14.054,56 millones del total de deuda de la Comunidad.
En cambio, no llevó a cabo por cuenta propia nuevas emisiones de valores y redujo el capital pendiente con los bancos y entidades financieras. Así la deuda viva en valores se redujo en 200 millones y cerró 2016 con amortizaciones pendientes por importe de 1.289 millones. También redujo el capital pendiente de amortizar de los créditos con bancos nacionales en 254 millones de euros, en 27,16 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y en 111,87 millones con entidades financieras internacionales. A final de 2016, Castilla-La Mancha adeudaba a los bancos nacionales 1.881 millones, a los internacionales 1.007 y al BEI 77 millones.
Durante 2016 es que el ejecutivo regional tenía previsto cerrar el año con un endeudamiento de 13.890 millones de euros, de los cuales 9.582,75 serían con el gobierno central. Sin embargo cerró con 14.055 millones, de los que, como se ha señalado, 9.764,63 eran con el Estado.
A pesar de los recursos financieros, a final de 2016 la Junta tenía pendiente con sus proveedores 226,55 millones de euros, de los que 131,7 eran del sector sanitario.
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