Castilla-La Mancha y el resto de comunidades autónomas no podrán rebasar el 0,3 por ciento del déficit en 2018. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado ayer, volvió a ratificar el acuerdo adoptado en la sesión que este organismo celebró en diciembre y que permitió a las regiones incrementar el déficit en 2016 del 0,3 al 0,7 y en 2017 del 0,5 al 0,6.
En la reunión de ayer se produjo una votación por bloques. Las regiones gobernadas por el Partido Popular se mostraron a favor del acuerdo, mientras las gestionadas por el PSOE se opusieron. Los consejeros socialistas modificaron su voto respecto a diciembre, cuando se abstuvieron. Cantabria y Cataluña también se opusieron ayer, mientras que Canarias se abstuvo.
El acuerdo adoptado ayer supone que tanto la administración general del Estado como las Comunidades autónomas deberán rebajar en 2018 su objetivo del déficit en tres décimas respecto a 2017. En un comunicado emitido tras la reunión, El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado que “las comunidades autónomas pasarán de un objetivo de déficit en 2017 del 0,6 por ciento del PIB a uno del 0,3 por ciento en 2018, mientras que el Estado pasará de un objetivo del 1 por ciento del PIB a uno del 0,7 por ciento, una diferencia con la que no podemos estar de acuerdo”.
El debate de fondo reside en que las comunidades gobernadas por el PSOE desean trasladar en mayor medida el crecimiento económico a gasto público, mientras que en el Gobierno se plantea contener ese gasto en 2018 y, si se mantiene el crecimiento y se cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria, trasladar el crecimiento directamente al ciudadano a través de una rebaja de impuestos, con la idea de mejorar la demanda interna y el ahorro, lo que incide en un mayor crecimiento. En concreto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado esa posibilidad a partir de 2018.
Se ratifica el 0,3% para 2018, por lo que CLM podrá gastar 125 millones más de lo que ingrese
En definitiva, la medida acordada ayer supone que durante 2018 nuestra región sólo podrá gastar 125 millones aproximadamente por encima de sus ingresos y que esa cuantía se financiará con deuda pública. En 2016 nuestra región pudo gastar 275 millones a financiar con cargo a deuda, en 2017 serán 218 millones. No obstante, la mejora de la economía permite mayores ingresos fiscales que vienen a mejorar los estados de gasto anuales, que mantendrán su crecimiento durante los próximos años. De hecho, en 2017 el gobierno regional prevé gastar 500 millones de euros más que en 2016, en concreto 8.920 millones de euros frente a los 8.420 de 2016.
Cada décima de variación en el objetivo del déficit, a día de hoy supone a nuestra Comunidad la posibilidad de gastar 40 millones más al año. Los límites de déficit son obligados para los países europeos y sus diferentes niveles de administración territorial para cumplir con el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento.
Como el objetivo del déficit está referenciado al Producto Interior Bruto regional, en la medida que crezca la riqueza crece la posibilidad de gasto de la Junta de Comunidades. El gobierno de García-Page espera que en 2017 y 2018 el crecimiento del PIB regional no baje del 2,5 por ciento. En 2017, el PIB de Castilla-La Mancha que se emplea para el cálculo del déficit es de 39.626 millones de euros, frente a los 38.017 empleados como referencia en 2016. Ese crecimiento del PIB equivale a 2 millones de euros más de gasto disponible por cada décima del déficit.
Otra de las cuestiones de fondo la han apuntado tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como los principales analistas económicos del país. Las Comunidades Autónomas inflan los presupuestos por tributos propios año tras año para tratar de presentar la imagen de que aumentan el gasto en los servicios públicos. Finalmente y con la obligación de cumplir el déficit, las haciendas autonómicas se ven obligadas a recortar los gastos en servicios públicos para ajustarlo a la realidad de los ingresos. En el caso de Castilla-La Mancha la situación se vio agravada en 2016, porque la reforma fiscal aplicada por el gobierno de García-Page en lugar de obtener más ingresos provocó la fuga de domiciliación de empresas a otras regiones con menor presión fiscal, con lo que dejaron de tributar por sus actos en Castilla-La Mancha. Los errores del gobierno regional le llevaron a recortar 645 millones de euros en gastos en servicios públicos y a trasladar algunos gastos a 2017, como el resto de la paga pendiente a los funcionarios.
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