Las Comunidades Autónomas tienen encomendados los principales servicios públicos de atención al ciudadano: sanidad, educación y asistencia social. Precisamente este hecho ha llevado a que todos los expertos en representación de todas y cada una de las regiones hayan planteado un reparto más equitativo de la tarta entre las diferentes administraciones, de tal forma que la administración general del Estado pierda peso en favor de las Comunidades Autónomas. Esta reivindicación ha sido recurrente en los últimos Consejos de Política Fiscal y Financiera que establecieron los diferentes porcentajes de déficit de las diferentes administraciones para 2018 y 2019. De hecho, el último Consejo subió una décima el límite permitido para las Regiones, pero lo hizo en detrimento de la Seguridad Social, no a costa del Gobierno central.
Aunque todavía no han trascendido los criterios que se proponen para el reparto en el nuevo modelo, si han trascendido determinadas medidas que afectan a los tributos transferidos a las regiones, como son la armonización de sucesiones y donaciones con la imposición de un mínimo común y una horquilla para el tipo a imponer, la posibilidad de un aumento colegiado del IVA, cuyo diferencial sería gestionado por cada región. También recomiendan la desaparición de los mecanismos extraordinarios de financiación, cuyo máximo exponente es el Fondo de Liquidez Autonómica, que permite a las regiones obtener recursos a crédito a través del Estado.
Sobre las propuestas del reparto de los fondos estatales (tributos no cedidos), no ha trascendido ni los sistemas ni los criterios de reparto. El actual modelo se aprobó en diciembre de 2009. Además de los tributos cedidos, las regiones se financiación con aportaciones del Estado que se canalizan a través del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, del Fondo de Suficiencia Global. A estas dos vías principales se añaden otros complementarios, de Convergencia, Competitividad y Cooperación y de Compensación Interterritorial.
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