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El gobierno regional no acepta el informe de la Intervención General del Estado que eleva el déficit de 2016 al 0,82%
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El gobierno regional no acepta el informe de la Intervención General del Estado que eleva el déficit de 2016 al 0,82%

jueves 05 de octubre de 2017, 00:06h

El gobierno de Castilla-La Mancha no reconoce el informe definitivo sobre las operaciones no financieras de 2016 que elevan el déficit de nuestra Comunidad Autónoma a 313 millones de euros, el 0,82 por ciento del PIB. Este informe, elaborado por los interventores del Estado, supone que la Junta de Comunidades habría incumplido el objetivo de déficit público el año pasado, lo que conllevaría la adopción de medidas correctoras en el presupuesto de este año. Esta actualización de datos sube el déficit del conjunto autonómico en 186 millones de euros, de los que 38 corresponden a Castilla-La Mancha. Otras Comunidades habrían rebajado las cifras contempladas inicialmente.

La rebeldía del ejecutivo ha llevado a su portavoz, Nacho Hernando a señalar que para el gobierno regional el informe válido es el provisional, que situaba el déficit en 275 millones y en el 0,72 por ciento del PIB. Las Comunidades Autónomas no podían rebasar el 0,7 por ciento del PIB. Ese informe provisional fue el que se remitió a Bruselas para escenificar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestarias y evitar una sanción y medidas correctoras de Bruselas. Tan sólo unos meses antes, el gobierno de España logró sortear una multa de más de 2.000 millones de euros por el incumplimiento del déficit en 2015. En ello fue determinante el compromiso de cumplimiento en 2016.

La Junta ve "una operación de Cospedal" en la actualización de los datos de todas las Comunidades

Para el gobierno regional, el informe definitivo de 2016, elaborado por los técnicos de la Intervención General del Estado, respondería a una operación política de María Dolores Cospedal que habría impulsado “que se cocinara” un informe para “poner la zancadilla a Castilla-La Mancha”. En este sentido y preguntado por clm21.es sobre si el gobierno acusaba a los técnicos de la Intervención del Estado de haber manipulado los datos dentro de una operación política, el portavoz ha señalado que el Gobierno se queda con el primer informe (del 30 de marzo) y con las palabras pronunciadas entonces por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que Castilla-La Mancha había cumplido.

El portavoz del ejecutivo no ha aclarado si el Gobierno regional va a adoptar una reserva de crédito o va a declarar la no disponibilidad de determinados fondos de 2017 para compensar la desviación registrada el año pasado.

El 27 de marzo clm21.es, citando fuentes políticas, anticipó que en la elaboración del informe provisional “el Estado estaría aplicando unos ajustes suaves en términos de contabilidad nacional sobre las cuentas no financieras de 2016 de las Administraciones Públicas a fin de determinar el déficit de cada grupo territorial de administraciones y del general del Estado Español. Esa laxitud permitiría a España presentar un déficit público ajustado a las exigencias europeas. El dato será dado a conocer el próximo viernes”.

La información señalaba que “ese proceder menos exigente por parte del gobierno central trasladado a Castilla-La Mancha supondría que nuestra Comunidad estaría en un escenario próximo al cumplimiento del objetivo del 0,7. Las mismas fuentes anticipan que podría existir una desviación que se movería entre una y tres centésimas, es decir que el déficit se situaría entre el 0,71 y el 0,73 por ciento”. Tres días después él Ministerio hizo público el informe y cifró el déficit provisional de Castilla-la Mancha en el 0,72%, el de las administraciones regionales en el 0,82 por ciento y el total del Estado (administración central, autonomías, corporaciones locales y seguridad Social) en el 4,33%. El límite fijado por Bruselas era del 4,6%.

El 27de septiembre la Intervención General del Estado publicaba los datos definitivos. La publicación se hizo dentro del calendario habitual de transparencia y ni se anticipó que se había procedido a la revisión ni hubo nota informativa destacando esta actualización de datos.

Clm21.es fue el único medio en dar cuenta de esa revisión. Lo hizo ese mismo día bajo el titular “La Intervención General del Estado eleva el déficit de CLM en 2016 al 0,82%, lo que marca el incumplimiento del gobierno del objetivo del 0,7”.

El pasado lunes 2 de octubre, uno de los mayores expertos en finanzas públicas nacionales y especialmente en las de las Autonomías, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación Española de Economía Aplicada, investigador del CSIC y miembro de la comisión de expertos sobre el modelo de financiación autonómica, llamaba la atención sobre el déficit oculto de las administraciones públicas, en especial las autonómicas.

De la Fuente señaló que el agujero presupuestario de las Comunidades Autónomas fue superior en 5.150 millones de euros al déficit oficial declarado inicialmente por los diferentes gobiernos regionales y luego hecho oficial por el propio Ministerio de Hacienda. En una información de J.A. Bravo en “Diario Sur” y “La Rioja” se hace referencia al informe de De la Fuente y dice que “el director de Fedea ha centrado sus ajustes en la forma en que se han contabilizado las facturas pendientes de pago de las autonomías. También ha considerado los saldos negativos aplazados de las liquidaciones del sistema de financiación territorial en el bienio 2008-2009 y, asimismo, las retenciones practicadas a las comunidades para ir pagando esas cantidades pendientes. Completados esos cálculos, ese desequilibrio contable hasta ahora desconocido alcanzó los 14.305 millones en 2016, frente al déficit presupuestario observado de 9.155 millones”.

De la Fuente se refiere a un déficit estructural subyacente. Parte del mismo sería el que habría aflorado en la actualización de septiembre de la Intervención del Estado, que cifra finalmente el déficit autonómico en términos de contabilidad nacional en los 9.341 millones de euros y el 0,84 por ciento del PIB, en lugar de 9.155 millones y el 0,82% recogidos en el informe provisional del 30 de marzo. La actualización afecta a varias regiones, algunas con resultados a peor y otras que habrían mejorado su saldo final.

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